Los concejos deliberantes de Pehuajó y 9 de Julio aprobaron en la última semana ordenanzas en torno al uso de agroquímicos para fumigación. Vecinos y vecinas, organizaciones y profesionales denuncian el peligro de reducir cada vez más la distancia de aplicación de este tipo de sustancias de los poblados, escuelas y comunidades e intentan organizarse para protegerse frente a este avance.
Durante la última semana dos localidades bonaerenses legislaron en torno al uso de agroquímicos para fumigación. En Pehuajó y 9 de Julio los y las vecinas denuncian la regresión de derechos y la prevalencia de los intereses agroindustriales en desmedro de la salud de la población. En Pehuajó se autorizaron las fumigaciones terrestres a 150 metros de la planta urbana, pueblos y escuelas rurales, y en 9 de Julio la distancia es de 200 metros cuando la información científica avalada por fallos judiciales indica que debe ser de 1000 metros, siempre hablando de una función paliativa.
Cintia vive con su niña en Francisco Madero, una localidad el partido de Pehuajó, en la parte de quintas del pueblo frente a un campo. “Siempre nos fumigan desde que vivo acá, ya nos cansamos de denunciar a la policía, a la Municipalidad, a medio ambiente, y nunca pasaba nada. En septiembre del año pasado fumigan una madrugada de viento, intenté hablar con el dueño del campo, con la persona que fumigaba y sin respuestas hice una denuncia penal”, cuenta la mujer que inició una pelea que llevó a una primera herramienta para cambiar la situación. Su denuncia derivó en una medida cautelar que exhortaba al municipio a elaborar una ordenanza. Mientras tanto esa medida cautelar estaría vigente e indicaba la medida de 300 metros libres de agroquímicos, 300 metros con banda verde y azul y después libre. También obligaba la evaluación de un ingeniero agrónomo, obligaba a tener receta de aplicación y que se notificara 48 horas antes a la población y autoridades.
“En el medio nosotros nos sumamos a la red de encuentro de pueblos fumigados nos empezamos a asesorar, llevamos al municipio una carta pidiendo que nos convocaran a la hora de dictar una ordenanza. Nunca lo hicieron, sólo se reunieron con los productores que obviamente hicieron su lobby y dijeron un montón de mentiras salieron en los medios hablando de cosas que no son ciertas, embarrando la cancha. Empezaron a debatir el proyecto de ordenanza, en los primeros intentos no dieron quórum, hicieron un arreglo entre ellos y el 22 de mayo aprobaron una ordenanza con 150 metros sin haber escuchado nunca a los vecinos, ni siquiera a nosotros que éramos el caso cero supuestamente, así nos llamaban ellos”, señala Cintia.
Días después el Concejo deliberante de 9 de Julio también definió una nueva ordenanza en la materia. “En 2009 la ciudad fue pionera en la Provincia en reglamentar una ordenanza que protegía a la ciudad de las fumigaciones terrestres con 200 metros de exclusión. Las escuelas rurales se incluyeron más tarde, en 2019. Después de lograr esa protección en las escuelas rurales la sociedad rural estuvo en contra e hizo una presentación y reuniones con concejales y el intendente y tuvimos que volver a discutir sobre los daños que ocasionan los agrotóxicos. A final de ese año el municipio convocó a una mesa de trabajo a todas las partes, y ahí se trabajó muchísimo”, cuenta Adriana Contarini integrante de la organización Con-ciencia agroecológica y de cátedras libes de soberanía alimentaria en 9 de Julio y en la UBA.
Durante más de dos años en esa mesa quienes buscaban una ampliación de los metros protegidos presentaron evidencia científica, llevaron especialistas sobre la materia y para proponer modelos alternativos, “porque la disputa es que los metros que no se pueden fumigar no se pueden producir y es una pérdida económica para el partido y eso no es cierto –explica Adriana-. Demostramos que la cantidad de metros de exclusión representaban unas 60 en todo el partido, que no es tanto, y que no es que no se podía producir, mostramos alternativas rentables, fue toda una lucha. El ejecutivo entonces propuso un proyecto que no conformaba a ninguna de las partes, que es lo que se otorgó ahora”. Se amplió el alcance de ese límite de 200 metros a todo el partido, ya que fuera de la ciudad con una receta ergonómica se podía fumigar a 0 metros, pero las organizaciones buscaban extenderlos.
“Venimos batallando para concientizar a la población sobre lo que pasa en las fumigaciones con el ambiente, la salud, nuestros cuerpos”, agrega Adriana. “Yo esto lo viví como una traición a la sociedad que está reclamando por un ambiente sano”, concluye Cintia.
Desde la Red de Pueblos Fumigados de la Provincia de Buenos Aires mediante un comunicado expresaron su rechazo a estas medidas que priorizan “los bolsillos de un sector negociando como si fueran una moneda de cambio la salud de la población y los derechos de las generaciones futuras” y subrayaron que este problema debe entenderse como “un asunto de violación de derechos humanos”.
Fuente: https://www.andaragencia.org/uso-de-agrotoxicos-un-asunto-de-derechos-humanos/