La Comunidad Indígena Tilquiza del Pueblo Ocloya, denuncia que este 30 de junio, Ariel Aramanto, empleado del empresario maderero Daniel Versizni, ingresó con disparos de arma de fuego al camino dentro del territorio para amenazar al comunero Ramon Jerez mientras realizaban trabajo comunitario en el camino de uso tradicional hacia la vivienda de Justo Gaspar, integrante de 83 años de la Comunidad que pose problemas de salud.
Por Johana Arce para ANRed.
Ante estos hechos, presentaron denuncia en la Comisaria Seccional Tercera en Salvador de Jujuy donde expresaron la urgente detención y secuestro de arma de fuego a Ariel Amaranto ante las reiterados ataques e incumplimiento de la orden judicial del 2022 firmada por la jueza Maria del Huergo Sapag que ordena liberar todo obstáculo sobre el camino ancestral hacia la Comunidad Tilquiza ubicada a 17 km de San Salvador de Jujuy por ruta provincial 35.
“Se solicita intervención de Organismos garantes de los derechos de los Pueblos Indígenas a quienes ya se puso en conocimiento; dejando bajo la responsabilidad de la Comisaría Seccional Tercera, Ayudante Fiscal y Fiscal interviniente Diego Cussell por cualquier hecho de violencia que pudiese sucitar contra la integridad física del Sub Comunero y todos los integrantes de la mencionada Comunidad.” expresó a través de un comunicado la comunidad.
Los ataques y amenazas transcurren hace varios años atrás y a pesar de las denuncias continúan violentando a la comunidad como en el 2010, 2017 y en el 2019 en el que el 12 de febrero el comunero Néstor Jerez fue también amenazado con un arma de fuego. A raíz de esto, el Juez de Control Nº 2, Dr. Jorge Rodolfo Zurueta, ordenó liberar el paso por la senda ancestral para hacer uso de libre de tránsito con lo que se logró la apertura de portones con cadena y candados que obstruían el paso por el sendero.
Luego en septiembre de 2022, sin orden de desalojo, las fuerzas de seguridad reprimieron a la comunidad y se llevaron detenidos a 10 personas por defender la libre circulación por su territorio, violando los derechos comunitarios avalados por la Ley 26160 que fue denunciando ante la cámara civil y comercial. A través del apoyo social, de otras comunidades y la intervención de la Secretaria de DDHH, INAI, INADI, Secretaria de Agricultura Familiar, Andhes, entre otras, liberaron a los detenidos. Además, la jueza María del Huerto, expidió una medida cautelar de no innovar en que se informa a Enrique Verzini que “deberá liberar todo tipo de obstáculo que impida la libre circulación por el camino ancestral de uso tradicional” advirtiendo y ratificando la resolución del 2019.