En los últimos días, y en el marco de una nueva oleada de despidos en el sector público nacional, se conoció el dato de 27 trabajadores de sitios de memoria cuyos contratos no fueron renovados, profundizando así las dificultades y trabas que vienen acumulándose en la gestión y preservación de esos espacios. En diálogo con ANDAR, la arqueóloga Laura Duguine -coordinadora del Espacio para la Memoria y Promoción de los DDHH Club Atlético, un exCCD situado en Capital Federal por el que habrían pasado más de 1300 víctimas- afirmó que “acá no hay una cuestión presupuestaria sino que buscan frenar y obturar la búsqueda de la verdad sobre algo que evidentemente les duele: la construcción de la memoria en torno a los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura”.
En lo que va de julio alrededor de 5000 trabajadores de distintos ministerios y organismos nacionales fueron despedidos principalmente a través de la no renovación de sus contratos, aunque existen diversas formas de relación laboral que también están siendo revisadas o dadas de baja.
Más allá del argumento oficial sobre la no obligatoriedad para la renovación de contratos vencidos, lo cierto es que la enorme mayoría de los afectados son personas que trabajan desde hace mucho tiempo -algunos con más de 20 años ininterrumpidos- con contratos que se renovaban anualmente y que desde la asunción del nuevo gobierno se revisan cada tres meses. En definitiva, se trata de relaciones de dependencia encubiertas en distintas formas de precarización laboral.
Entre los sectores de la administración pública nacional más afectados por estas desvinculaciones se destaca el de la gestión y preservación de los sitios de memoria así como otras áreas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
En efecto, hubo despidos en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, el Consejo Federal de Dirección Nacional de Formación, el Centro Cultural Haroldo Conti, la Dirección de Leyes Reparatorias, el Archivo Nacional de la Memoria y la Dirección de Sitios y Espacios de Memoria.
Tal como lo definieron los trabajadores el lunes durante una jornada de visibilización en la Legislatura porteña, se trata de un intento por abandonar las tareas de desenterrar verdades, de proteger el acervo documental con sus marcas del terrorismo de estado y de promover la construcción de la memoria histórica.
En este sentido, la coordinadora del sitio de memoria exCCD Club Atlético, Laura Duguine, afirmó a ANDAR que “nos despiden, no por no trabajar, sino por el tipo de tarea que realizamos”. De un total de catorce, ella es una de las seis trabajadoras o trabajadores de aquel exCCD que acaban de recibir la noticia de la no renovación de sus contratos.
Además de coordinar el sitio en general, Laura es una de las dos arqueólogas cuya tarea resultaba fundamental para descubrir, desenterrar y dar sentido a los objetos, marcas y huellas que, como piezas de un rompecabezas, se articulan en una historia que aún falta completar. Ahora no habrá nadie para “hurgar en esa materialidad” que se ha mantenido oculta por más de cuatro décadas.
Graduada de la carrera de Arqueología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y con una maestría sobre Patrimonio Histórico en el País Vasco, Duguine comenzó a trabajar en el exCCD Club Atlético en 2009, siete años después del comienzo de las tareas arqueológicas en abril de 2002.
Cabe recordar que el Club Atlético fue un centro clandestino de detención que funcionó desde principios hasta finales del año 1977 en el sótano del edificio del Servicio de Aprovisionamiento y Talleres de la División Administrativa de la Policía Federal Argentina, ubicado en la avenida Paseo Colón entre Cochabamba y San Juan, en plena ciudad de Buenos Aires. Por allí habrían pasado entre 1300 y 1500 víctimas.
“El Atlético es un sitio arqueológico con miles y miles de objetos por recuperar, y esas marcas y huellas del terrorismo de estado muchas veces se terminan convirtiendo en una herramienta reparadora, sanadora. Hay un caso muy interesante que tiene que ver con el hallazgo de una pelotita de ping pong”, describió la investigadora.
“Fue hallada junto al hueco del ascensor y es un objeto relevante porque los sobrevivientes mencionan recurrentemente el juego del ping pong por parte de los represores que administraban ese centro clandestino. Fue un sonido que permaneció muy presente en el recuerdo de las víctimas”, amplió.
En 2010 uno de los sobrevivientes del Atlético visitó el predio de excavación arqueológica y se reunió con los investigadores. Hasta ese momento no conocía el profundo trabajo de arqueología que se llevaba adelante desde 2002 porque vivía en Israel desde su exilio en el período final de la dictadura.
Fue aquel encuentro en que le mostraron la pelotita de ping pong y le contaron su historia lo que provocó una profunda y súbita emoción en la víctima más allá del paso de las décadas: desde su cautiverio ese sonido nunca había dejado de repiquetear en su cabeza, a pesar de que siempre había imaginado que se trataba de la proyección de un audio como herramienta de tortura y sometimiento.
Según recuerda Duguine, el hombre pudo llevar su testimonio a la justicia y narrar su experiencia con ese atronador sonido que lo martirizó durante 40 años y que no lo dejaba dormir si no era con la luz de la habitación encendida. De hecho, en Israel llegó a realizar distintas terapias pero todas sin éxito, hasta que por fin se enfrentó con el objeto (la pelotita) y con su historia (la diversión o pasatiempo de sus verdugos), y pudo volver a dormir sin padecer terror y angustia.
“De allí el valor de los objetos desenterrados no solo como prueba judicial sino especialmente como parte de un proceso de sanación y reparación en las víctimas”, señaló a ANDAR la arqueóloga -ahora desvinculada- del Club Atlético.
Otro ejemplo del valor de las marcas y huellas en los sitios del terrorismo de estado: un objeto con la inscripción del nombre “Manuel Guerra” y la adscripción política “PCR” permitió ubicar a la familia de una de las víctimas que habría permanecido secuestrada en el centro clandestino, y luego entregarla al Juzgado Federal 3 con asiento en la Capital Federal como prueba en la megacausa ABO (que ventiló los delitos cometidos en tres centros clandestinos: Atlético, Banco y Olimpo).
Eso también permitió a los familiares de Manuel Guerra ser querellantes en la causa y aportar coordenadas geográficas sobre uno de los lugares de cautiverio.
A pesar de todos los avances y descubrimientos, aún falta acceder al sector de celdas donde se encontraban alojadas las víctimas del Club Atlético, tarea que comenzó incipientemente el año pasado pero que desde la asunción del nuevo gobierno nacional se frenó abruptamente por varios frentes de un mismo desmantelamiento.
En efecto, se quitaron los baños químicos que utilizaban los y las trabajadores en el predio; también un container que hacía las veces de pequeña oficina; se canceló una obra que ya había sido comenzada y que consistía en una gran cubierta para poder trabajar los días lluviosos (además de proteger el sitio de la erosión y las inclemencias); se dieron de baja los ingresos económicos de varios trabajadores enmarcados en el Potenciar Trabajo, y ahora se desvinculó a las dos arqueólogas.
De forma casual o no, aquel Estado que secuestró, encerró, torturó y desapareció a las víctimas del Club Atlético hoy interpone su voluntad arbitraria e impide “excavar la verdad” de aquellos pasillos, celdas, tabiques y rejas en las que obligó a vivir y a padecer a sus propias víctimas.
Aún así, entre tanto dolor e incredulidad, Laura Duguine enfatiza: “Todo este trabajo de décadas es un enorme capital de políticas públicas en materia de memoria, verdad y justicia que podrá robar ni eliminar nadie. Todas esas piezas que aún deben ser halladas nadie las quitará y vamos a seguir dando la pelea para continuar la labor en cada uno de los sitios. Sin dudas, hoy somos despedidos pero por un motivo muy claro: por el probado compromiso, por haber puesto tripas y corazón los sábados, domingos y feriados… y por el sobreesfuerzo con esta política y con la historia que ha dado tantos resultados”.
El escenario de devastación se repite en el resto de los sitios de memoria que en distintos puntos del país dependen del financiamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Tal es el caso, por ejemplo, del espacio de la memoria y promoción de los derechos humanos de la Escuelita de Famaillá, el único en todo el norte argentino.
Su coordinadora, María Coronel, señaló que allí trabajan 60 personas y que desde el viernes pasado sólo se renovaron 15 contratos. Además de este último grupo nadie puede tener garantías de continuidad, ya que los contratos se renuevan cada tres meses, por lo que temen que a comienzos de agosto se produzca una nueva nómina de trabajadores despedidos.
La CPM ya ha manifestado su enérgico rechazo a la ola de despidos de trabajadoras y trabajadores dependientes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y de diferentes dependencias de la administración pública nacional. “Estas medidas conducen al desguace del Estado y el cercenamiento de derechos del conjunto de la sociedad, puesto que no sólo implica dejar sin empleo y sin salario a miles de personas sino que debilitan áreas sensibles e imprescindibles para la atención de la agenda de demandas y necesidades de las mayorías”, declaró en los últimos días el organismo.
“Los sitios de memoria son parte de estas políticas que buscan la garantía de no repetición de hechos atroces. Son prueba material de lo ocurrido, una reparación simbólica a las víctimas y lugares de reflexión y formación de una ciudadanía consciente del valor de los derechos humanos y la democracia”, agregó.
Y concluyó: “Es indispensable que los distintos sectores políticos y sociales, legisladores y jueces pongan freno a estas políticas antidemocráticas, se reviertan los despidos y se garantice la continuidad y estabilidad de todas y todos los trabajadores y trabajadoras”.