Integrante de la Asociación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) y miembro de la CPM, la destacada militante por los derechos humanos Laura Ginsberg analiza el rol de los servicios de inteligencia, especialmente de la exSIDE, en democracia y cómo sus prácticas ilegales moldearon una parte de la institucionalidad reconstruida luego de la última dictadura. “Hace 30 años se realizaba también la Asamblea Constituyente en Santa Fe pero los esbirros del genocidio continuaban operando y fueron determinantes en las tareas de inteligencia en el país”, afirma Ginsberg, quien anunció que este jueves desde las 18 realizarán, en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, una jornada conmemorativa y de difusión de trabajos de investigación sobre el atentado.
Este 18 de julio se cumplen 30 años del ataque con coche bomba a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que provocó la muerte de 85 personas y dejó a más de 300 con graves heridas. Este aniversario llega, como los anteriores, con la vigencia del pacto de impunidad y contra la verdad histórica, y con una reciente condena de la Corte Interamericana al Estado argentino por su rol en el encubrimiento y el entorpecimiento a la investigación judicial.
En diálogo con ANDAR, una de las referentes de la Asociación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) y miembro de la CPM, Laura Ginsberg, afirmó que “durante muchos años el Estado ha violado el derecho de los familiares de las víctimas y de los propios sobrevivientes a acceder a la verdad y ha sido responsable de la criminalidad y del encubrimiento del más grande atentado padecido en democracia en el país”.
“Nuestro largo reclamo de justicia estuvo atravesado por una serie de fraudes judiciales, políticos, de comunicación y de construcción de una historia oficial al margen de la prueba, que sí existe y que sólo hay que ir a buscarla en los archivos de la exSIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado). Esos documentos secretos nunca se trabajaron, no se analizaron ni consideraron. Por eso es que después de 30 años estamos convencidos de que sí se puede conocer la verdad”, enfatizó.
Cabe aclarar que a mediados de junio y con una sentencia histórica, la Corte Interamericana señaló que, a casi 30 años del atentado, continúa sin conocerse la verdad y aún no se ha producido sanción para los responsables: “Ha sido la propia actuación estatal la que ha impedido a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad de los hechos a través de la investigación y el proceso penal”.
En este sentido, la Corte condenó al Estado por su responsabilidad en la violación del derecho a la vida por la falta de prevención del atentado; por no investigar debidamente ni el atentado ni el encubrimiento; por violar el derecho a la verdad histórica y el derecho a la información; y por sus responsabilidades en el encubrimiento.
“Pensamos que el ataque a la AMIA fue una bisagra que determinó qué tipo de democracia íbamos a tener. Si nos posicionamos en el tiempo 30 años hacia atrás, tenemos el recuerdo de que estábamos transitando una democracia joven que aún debatía su propia fundación. En el marco del atentado se llevaba a cabo la asamblea constituyente en Santa Fe, algo significativo porque eran años muy cercanos al fin de la dictadura militar, que obviamente no se había terminado en diciembre del 83. Por todo esto decimos que el atentado fue una operación de inteligencia que se cometió en democracia”, destacó Ginsberg.
No obstante, la reconocida militante por los derechos humanos se mostró cautelosa respecto al futuro inmediato de la investigación penal en virtud de la postura del nuevo gobierno nacional respecto al acceso a la información de los servicios de inteligencia.
“Hace algunas semanas el juez que está a cargo de la causa, Ariel Lijo, pidió a la ahora exAFI que pusiera a disposición de la fiscalía interviniente su propia base de datos. No tardó el gobierno ni 24 horas en negar el pedido del juez. Apelamos esa respuesta. Lijo nos acaba de dar la razón pero la inmediata negativa de los servicios de inteligencia y del gobierno muestra a las claras que no hay ninguna intención de cumplir con la condena que impuso la Corte Interamericana”.