El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura publicó el informe “La privación de la libertad en el ámbito policial”, donde detalla la información sistematizada de todos los establecimientos policiales del país. Entre sus principales conclusiones, el relevamiento arroja que, entre 2016 y 2022, el encierro penitenciario creció un 37% y la cantidad de personas privadas de su libertad en establecimientos policiales en un 144% (casi cuadruplicando el aumento penitenciario). También, que la tasa nacional es de 28,8 personas detenidas en establecimientos policiales cada 100 mil habitantes, mientras que Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y Jujuy presentan tasas muy por encima de la media nacional, que oscilan entre 75 y 98 personas privadas de la libertad en ese tipo de espacios. Además, nueve de las 24 provincias presentan niveles generales y oficiales de sobrepoblación al interior de sus establecimientos policiales. En tanto, ocho de cada 10 personas alojadas no tienen condena, mientras que las condenadas alcanzan sólo al 11,8% de la población carcelaria.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura publicó el informe “La privación de la libertad en el ámbito policial: alcance y dimensiones del fenómeno” (cuyo resumen ejecutivo puede leerse aquí), donde detalla la información sistematizada de todos los establecimientos policiales del país, con datos sobre cantidad de personas alojadas, niveles de sobrepoblación, tiempos de permanencia y los motivos de las detenciones, entre otros ejes.
Entre sus principales resultados y emergentes identificados, el relevamiento arroja algunas conclusiones generales. Compartimos las más salientes:
De acuerdo con la información recopilada, el informe señala que “el aumento de la población encerrada en el ámbito policial del país ha mostrado una tendencia ascendente, en términos generales, similar a lo que se observa respecto del encarcelamiento en unidades penitenciarias, aunque con algunas particularidades”. En esa línea, agrega: “la información disponible permite comparar lo ocurrido entre 2016 y 2022: mientras el encierro penitenciario creció un 37%, el alojamiento policial lo hizo en un 144%, casi cuadruplicando el aumento penitenciario”.
Con respecto a las tasas de privación de libertad policial (cantidad cada 100 mil habitantes) el informe sostiene que “los datos permiten afirmar que existen significativas variaciones en el uso y la intensidad con que cada jurisdicción utiliza este tipo de encierro”. En ese sentido, “mientras que la tasa nacional es de 28,8 personas detenidas en establecimientos policiales cada 100 mil habitantes, se destaca la situación de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y Jujuy,que presentan tasas muy por encima de la media nacional, ya que oscilan entre 75 y 98personas privadas de la libertad en ese tipo de espacios”. Asimismo, el informe agrega que “son algunas de estas mismas jurisdicciones las que cuantitativamente presentan cifras similares de alojamiento policial y penitenciario. De esta manera Chaco, Santiago del Estero y Tucumán tienen cantidades similares de personas alojadas en cárceles que en comisarías y otros destacamentos policiales, lo que probablemente se vincule con la falta de cupos y recursos en el ámbito penitenciario, y el uso habitual de la privación de libertad como medida cautelar”.
En cuanto a la sobrepoblación en establecimientos policiales, el comité resalta: “el colapso del encierro penal no es cualidad exclusiva de las prisiones. Por el contrario, nueve de las veinticuatro jurisdicciones presentan niveles generales y oficiales de sobrepoblación al interior de sus establecimientos policiales. Esta es la situación reportada por las policías provinciales de Jujuy, Buenos Aires, CABA, Tucumán, Chaco, Santa Fe, Salta, Neuquén y La Pampa. Se destaca que algunas jurisdicciones informaron que funcionaban a 2022 con más de 200% de sobrepoblación”.
En tanto, sobre las características sociodemográficas, procesales y delictivas de la población detenida en el ámbito policial, en informe concluye: “inclusive considerando los problemas evidenciados por las policías locales a la hora de registrar el género de las personas detenidas, es posible afirmar que se trata de un conjunto principalmente masculino: nueve de cada diez personas detenidas en este tipo de establecimientos fueron reportadas como varones, tal como se verifica al interior de las unidades 13 penitenciarias. Otro rasgo que comparte el grupo privado de libertad es su juventud. En el caso de las policías jurisdiccionales, un tercio de las personas alojadas bajo su órbita tienen entre 21 y 29 años. Se destacan ocho adolescentes de 16 y 17 años que fueron reportados como detenidos por las agencias policiales de Santa Fe, San Juan y Santiago del Estero. La presencia de personas extranjeras es muy minoritaria, incluso en las provincias que limitan con países limítrofes”.
En tanto, con respecto a su situación procesal, el informe señala: “ocho de cada diez personas alojadas no tienen condena y se informaron como procesadas o como imputadas, aprehendidas o detenidas, según la jurisdicción. Las personas condenadas alcanzan al 11,8% de la población alojada en espacios policiales. Las provincias con mayor presencia relativa de detenidos/as condenados/as son Tucumán, Chaco y La Pampa, dato esperable para esta última debido a que no cuenta con servicio ni área penitenciaria propios. Estas jurisdicciones, además, son las que presentan las cifras más altas de población encerrada en lugares policiales y los tiempos de permanencia más prolongados. En cuanto a los delitos por los cuales estas personas están detenidas, los más frecuentes son contra la propiedad (27%), seguidos de los delitos contra la integridad sexual (21,5%) y contra las personas (18,1%). Dada la especificidad del alojamiento policial, se incluyeron 62 detenidos/as por infracciones contravencionales, alojados principalmente en destacamentos policiales de San Juan, Mendoza y Formosa, y en menor medida en La Rioja, Córdoba, Chaco y Catamarca”.
Con respecto a los encierros prolongados en establecimientos policiales, el relevamiento señala: “en una parte muy importante de las provincias del país, las personas permanecen allí encerradas por largos períodos. El promedio nacional de alojamiento es de 184 días, es decir, aproximadamente 6 meses de permanencia. Pese a que se trata de una cifra preocupante, son 11 provincias las que presentan estadías policiales promedio que superan este plazo. Se trata del caso de Chaco, La Pampa, Santa Cruz,Corrientes, Tucumán, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero, Chubut, Salta y Neuquén”.
Leer el informe completo:
La Privacion De La Libertad En El Ambito Policial Informe Tematico