La comunidad indígena Ayllu Cacan Armacuna (Pueblo Diaguita Cacano), hace directamente responsable al Juez de Control y Garantías de la ciudad de Frías, provincia de Santiago del Estero, Guillermo Paradelo, por las graves consecuencias que podría tener el intento de usurpar el territorio comunitario indígena por parte de quienes quieren apropiarse del mismo. Ante la inacción judicial y, luego de cuatro meses de los actos turbatorios de la posesión comunitaria, el Ayllu Armacuna desalojó pacíficamente a los intrusos, sin embargo, en el día de hoy, el Juez Paradelo autoriza a los usurpadores a reinstalarse en territorio comunitario indígena. Esta grave situación generada por Paradelo podría agravar el conflicto y las consecuencias del mismo ya que la comunidad no aceptará un nuevo acto de usurpación.
El día 29 de mayo del corriente año, un grupo de 8 personas ingresaron al territorio comunitario, a la altura del km 28 de la ruta provincial N° 3, localidad de El Puestito, departamento Guasayán, rompiendo el alambrado de Vialidad Provincial. Entre ellos pudo ser identificado Napoleón Zavalia (alias Napo). En esa oportunidad los intrusos armaron un campamento que incluía una casilla rodante, carretón, tractor, postes y varillas para alambrar y, otros bienes varios (pantallas solares, etc.).
Cuando la comunidad se hizo presente en el lugar para ordenarles que se retiren manifestaron que estaban en el lugar contratados por Hugo Marcelo Tarchini Roman, quien sería titular de una empresa que se denominaría “Minerales del Guasayán S.A.”. Ante la negativa al reclamo comunitario se radico denuncia, el mismo día, por el delito de usurpación en la Subcomisaría N° 7, Santa Catalina, Dpto. Guasayán. Es de destacar que cuando los representantes de la comunidad llegaron a la sede policial en la misma se encontraba Zavalía, quien permaneció en el lugar luego de que la comunidad se retirara.
El día 7 de junio, la comunidad informó formalmente al Comité de Emergencia, creado para situaciones de conflicto de tierra, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia, solicitando la intervención del citado Comité.
El 24 de junio representantes de la comunidad asisten a una audiencia en el Ministerio Público Fiscal de Frías; en representación de Tarchini se presentó el abogado Abel Mauas. En esa ocasión, se firmó de común acuerdo un Acta de Compromiso; en la misma Mauas manifiesta que “… su Cliente el Sr. Tarchini Román Hugo Marcelo reconoce la Posesión que ejerce la Comunidad Indígena Ayllu Cacan Armacuna a tal punto que pone a disposición …. el plano de levantamiento que tiene sobre su propiedad para ser cotejado con el relevamiento técnico jurídico catastral sobre lo que respeta a la superficie de terreno que estaría en conflicto, como también se compromete a retirar la casilla que estaría en el territorio comunitario. El Comité de Emergencias …. se compromete a cotejar los planos y a proporcionar el Informe Técnico…”.
A partir de esa fecha la comunidad respetó lo firmado en el Acta de Compromiso aportando al Comité de Emergencia el mapa del territorio comunitario de ocupación actual, tradicional y pública relevado en virtud de la ley nacional 26.160 y el convenio firmado entre el Gobierno de la Provincia y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a fin de ser cotejado con el plano de Tarchini Roman. Por su parte el Comité cotejó ambos planos confirmándose la superposición de los mismos y la ubicación de la casilla dentro del territorio comunitario.
Mientras tanto, el 7 de agosto se notifica a miembros de la comunidad indígena de la existencia de una Medida Cautelar de No Innovar, por un Interdicto de Retener la Posesión presentado por Tarchini contra Yanicelli (oriundo de la provincia de Tucumán) y otros, en el Juzgado Civil de Frías. Lo curioso de este hecho es que la comunidad no solo no forma parte de este juicio sino que nunca tuvo conocimiento del mismo. Por otro lado, ni Tarchini, ni Yanicelli nunca tuvieron ninguna posesión en el territorio comunitario que justifique su pedido de “retener”.
Sin respetar la Medida de No Innovar que ellos mismos impulsaron, el 14 de agosto los usurpadores instalaron en el campamento un portón, un cartel que decía “Propiedad Privada No Pasar” e intentaron abrir un deslinde, esto último no pudieron lograrlo por el rápido accionar de la comunidad en defensa de su territorio.
El 3 de septiembre se asiste a una nueva audiencia en el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Frías, donde el abogado Mauas se niega a cumplir con el acuerdo firmado en la anterior audiencia. La comunidad aportó la documentación que prueba sus legítimos derechos sobre su territorio y, además, se presentó como tercero interesado en el juicio civil “Tarchini contra Yanicelli”.
Finalmente, el pasado domingo 29 de septiembre, cuatro meses después del acto delictivo de usurpación, la comunidad Ayllu Cacan Armacuna, en legítima defensa de sus derechos y ante el incumplimiento de los acuerdos por parte de Tarchini, recupera el lugar que había sido usurpado desalojando pacíficamente a los intrusos, ubicándose los mismos en la banquina de la ruta provincial n° 3.
En el día de hoy, 2 de agosto, en una nueva audiencia, el Juez de Control y Garantías Guillermo Paradelo, autoriza a Tarchini para que nuevamente se instale en el lugar del que fuera expulsado por la comunidad.
UNION SOLIDARIA DE COMUNIDADES
USC
PUEBLO DIAGUITA CACANO