El conflicto entre el Gobierno y los trabajadores de Intercargo escaló a nuevas alturas luego de que 15 empleados fueran despedidos por participar en una medida de fuerza para exigir la reincorporación de un compañero, según denuncia la Asociación del Personal Aeronáutico (APA).
La protesta, que causó demoras y cancelaciones en Aeroparque y Ezeiza, afectó a vuelos de Flybondi, Jetsmart, Latam y Gol.
El despido masivo de trabajadores fue acompañado por fuertes declaraciones oficiales, con el secretario de Transporte, Franco Mogetta, calificando la asamblea como un acto de “tortura” hacia los pasajeros. “El derecho a huelga no puede ser la excusa para torturar gente”, afirmó Mogetta, justificando los despidos de 12 choferes, 2 supervisores y 1 coordinador de micros, acusados de “privación ilegítima de la libertad de los pasajeros” al impedir el descenso de más de 10 vuelos.
La intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria añadió una dimensión militar al operativo, con el despliegue de un cuerpo de Infantería y un escuadrón “antipiquetes” en Aeroparque. El vocero presidencial, Manuel Adorni, respaldó esta medida al señalar que se autorizará a las fuerzas de seguridad a tomar control de los servicios de rampa “de manera temporal y excepcional” si se considera necesario, para garantizar el funcionamiento aeroportuario.
Además, el Gobierno anunció un proyecto de “desregulación” del servicio de rampas, con el objetivo de poner fin al “monopolio” de Intercargo. “En la Argentina que estamos construyendo, no vamos a permitir estos mecanismos de extorsión”, expresó el interventor de la empresa, Eduardo Caputo, en sus redes sociales. Esta propuesta plantea la posibilidad de que otras empresas operen los servicios de carga y descarga de equipajes, actualmente exclusivos de Intercargo.
Desde el sindicato, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), denunciaron la situación como un intento de criminalizar la protesta sindical. “No podemos permitir que se catalogue de ‘terrorista sindical’ a quien reclama sus derechos laborales”, subrayó un representante del gremio, calificando los despidos y el despliegue de fuerzas de seguridad como una “provocación directa” contra los trabajadores.