Boletín de informaciones educativas actualizado al 2.12.2024
Las universidades salen otra vez a las calles
Mario Hernandez
El Frente Sindical de Universidades Nacionales realizará el lunes 2 una concentración frente al Palacio Pizzurno en un nuevo reclamo de recomposición salarial. Y el jueves 5 participará de la movilización a Plaza de Mayo convocada contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei por parte de las dos vertientes de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA). “Queremos una navidad sin salarios por debajo del índice de pobreza”, dijo la secretaria general de Conadu Histórica, Francisca Staiti.
Por su parte, Staiti denunció que el Gobierno quiere imponer para el conjunto de los trabajadores docentes y no docentes la misma pauta salarial que acordó con la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN). “Dos por ciento para noviembre, que no tuvimos paritaria, y uno por ciento para diciembre”, graficó la secretaria general de Conadu Histórica quien cuestionó la actitud de la gestión libertaria. “El Gobierno ha tenido todo el año, y aparentemente lo va a cerrar de la misma manera, la decisión de cancelar todo tipo de diálogo con los sindicatos y no reconocer la especificidad de los convenios colectivos de trabajo tanto del sector docente como no docente”, dijo.
Staiti brindó cifras contundentes sobre la caída en los ingresos sufrida por la comunidad universitaria desde el inicio del gobierno de La Libertad Avanza. “La pérdida de poder adquisitivo oscila entre un 30 y un 50 %, dependiendo los meses y los cargos correspondientes”, afirmó y puso el foco en el desfasaje entre los aumentos y la inflación acumulada. “De diciembre del año pasado a noviembre de este año tuvimos un aumento de poco más del 90 %, pero dentro de ese porcentaje está incluido lo que habíamos acordado con la gestión anterior, que correspondía a la paritaria 2023, no a la 2024. Teníamos firmado un 6 % para diciembre y un 10 % para enero con cláusula de revisión en enero. Con eso completábamos la paritaria, que se realiza de marzo a febrero. Pero si nosotros descontamos ese 10 %, que no es de la paritaria actual, el porcentaje obviamente es menor”, explicó Staiti.
“La Noche de las Universidades”
Por Celeste del Bianco
Se realizó en todo el país “La Noche de las universidades”, en lo que fue la vigilia del 75º aniversario de la implementación de la gratuidad universitaria. Una medida adoptada por Juan Domingo Perón el 22 de noviembre de 1949, que democratizó el acceso a la educación superior y generó un cambio histórico. A modo de celebración hubo suelta de libros, charlas, mesas de consulta y otras actividades, que funcionaron también como una forma de visibilizar la grave crisis que atraviesa el sistema universitario con el ajuste que impuso el gobierno de Javier Milei.
“La gratuidad es una bandera que hay que defender a toda costa porque nosotros somos un ejemplo como sistema en el mundo. Ojalá lleguemos a tiempo y que no terminen de destrozar todo, porque va a ser otra vez como en los 90, llegar y empezar de cero”, dijo Gabriela Vázquez, egresada de la carrera de Ciencias de la Educación que se acercó al Centro Cultural Universitario Paco Urondo, una de las sedes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el microcentro porteño. Miraba un telar de más de cuatro metros, bordado con pequeños muñecos coloridos hechos por mujeres chilenas exiliadas en Canadá en homenaje a las y los desaparecidos durante la dictadura militar.
En esa misma sede dieron una charla las escritoras Dolores Reyes y Sol Fantín, denunciadas por una fundación de ultraderecha por el supuesto “contenido sexual explícito” que sus libros esparcen en las escuelas bonaerenses. Alrededor de cien personas participaron del encuentro. Una de ellas fue Renata Vismara, integrante de la Red de docentes por el derecho al aborto. “Estamos acá en repudio a este intento de prohibir esta literatura que para nosotras es clave. Estos libros, muchas veces, son la puerta de entrada para que pibes y pibas puedan contar lo que les está pasando. Porque no lo conocen, porque no se dan cuenta que lo que viven es violencia o porque les habilita hablar”, contó.
Vismara es la primera generación universitaria en su familia, su mamá, jefa de hogar, es empleada pública y, ahora, ella tiene un título en Ciencias de la Educación. “Estamos ante un permanente ataque hacia lo público, hacia lo colectivo. En mi caso, con la universidad fue contundente el cambio en mi vida y en la de toda mi familia”, agrega.
El 22 de noviembre de 1949 Perón firmó el decreto N° 29337, que suspendió el cobro de los aranceles universitarios y reconoció el derecho universal a la educación superior gratuita que democratizó el acceso y dio espacio a sectores populares, obreros y de menores recursos. “La gratuidad fue premonitoria o inauguró un modo de pensar que hasta entonces había referido a la educación universitaria solamente como un privilegio para las élites. Por eso, defender a la gratuidad como valor también es defender un proyecto universitario en sintonía con el desarrollo nacional, en sintonía con la soberanía científica y, por supuesto, con la independencia económica y la justicia social”, dijo la vicedecana de la Facultad de Filosofía, Graciela Morgade, que también participó de la charla.
Los rectores y rectoras de todo el país que integran el CIN ya anticiparon que, si el Presupuesto 2025 no se modifica, las universidades no podrán funcionar. Necesitan 7.1 billones de pesos para gastos de funcionamiento y salarios, pero el gobierno de La Libertad Avanza solo propone 3.8 en un presupuesto que ni siquiera se sabe si será aprobado. En ese contexto de incertidumbre es que las universidades abrieron sus puertas a la medianoche.
La calle Corrientes también se convirtió en uno de los escenarios de “La Noche de las Universidades”, alumnos y docentes hicieron una suelta de libros. Llegaron desde la sede de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) de la calle Bartolomé Mitre al 1800 hasta la peatonal y repartieron libros que consiguieron en una colecta, la idea surgió en Plaza Congreso mientras participaban del plan de lucha para conseguir un presupuesto adecuado. Juntaron alrededor de 500 y cada uno de ellos llevó una dedicatoria. “Quizás desde la parada del 98, ves a este edificio oscuro y aburrido, pero por adentro está lleno de color. Acá hay gente que imagina y crea mundos”, escribió en uno de esos libros Oscar Ojea, alumno de la Licenciatura en Artes. Firmó la dedicatoria para alguien que no conoce, pero al que quiere que le llegue su mensaje: su universidad es una cocina de arte y de creatividad maravillosa.
La decisión de abrir las universidades no es solo para celebrar la fecha histórica, sino también para seguir visibilizando el conflicto universitario, que ya lleva diez meses y que en el medio tuvo dos marchas masivas, tomas generalizadas, clases públicas y miles de actividades en todo el país. “Nosotros también tratamos de ir cambiando un poco las acciones porque repetirnos es hacer el juego a la estrategia de cansancio y de agotamiento, entonces como universo de arte tratar de crear y saltear los discursos de odio”, contó Sergio Ramos, decano de Crítica de Artes. Y agregó: “Escribimos dedicatorias para que vayan esos libros con un poco de historia de la universidad. Pero también es traer al libro como instrumento de liberación, de creatividad, de imaginación, de empatía. Como cierto acto de generosidad y de convocar a otros modos de construir comunidad y de relacionarnos como sociedad”.
Indignación de la rectora de la Universidad de las Madres
La rectora de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa), Cristina Caamaño, le respondió al Gobierno después del intento de instalar a nivel mediático una fake news que señalaba que habría un boliche dentro de la institución educativa.
“Ese edificio es del ministerio de Justicia. Nunca fue de la universidad. Incluso, donde se daba clase, era en el segundo piso y el boliche estaba en el tercero. Nunca tuvo nada que ver el boliche con la universidad. Es una fake news”, comenzó aclarando Caamaño.
Asimismo, la jueza federal de San Martín, Martina Forns, dictó una medida cautelar que suspendió la resolución 45/24 del ministerio de Capital Humano, de febrero último, por la cual el gobierno ordenó revisar el proceso de creación y funcionamiento de la UNMa, artilugio administrativo que complementó la decisión de dejar de pagar sueldos, de solventar gastos de mantenimiento, y luego de nombrar a un interventor.
La respuesta del gobierno ante el traspié en el Poder Judicial se conoció de boca del vocero Adorni, quien en su conferencia matinal lanzó: “la Policía Federal allanó un boliche clandestino ubicado en un piso cedido a la Universidad Madres de Plaza de Mayo”. “Esto representa una grave desviación a los fines para los cuales la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) consiguió el espacio y, por sobre todas las cosas, una falta de respeto a todos los pagadores de impuestos”, agregó.
El ministro de Justicia, Cúneo Libarona, desde las redes sociales, machacó con la idea de “boliche clandestino y búnker político”, que ilustró con imágenes de una bailanta. Hubo medios que reprodujeron el armado, sin chequeo ni consulta alguna a las fuentes.
“Esto es una operación a partir de que hemos ganado una cautelar en el juzgado civil y comercial de San Martín, que dice que durante seis meses soy la rectora, que tienen que mandarnos el dinero que se adeuda a los docentes y trabajadores no docentes, y que cesen las hostilidades hacia la Universidad. Este es un vuelto, con una mentira que ni siquiera figura en el traspaso que hicimos el año pasado cuando se creó la Universidad”, explicó Caamaño.
Las claves del fallo que suspende la intervención de la Universidad de las Madres
Por Luciana Bertoia
La justicia federal de San Martín suspendió la intervención que decretó el gobierno sobre la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa) y ordenó que provea los fondos para que las clases puedan dictarse con normalidad. Además, después del episodio en el que la Policía Federal Argentina (PFA) impidió el ingreso o el egreso de personas de la institución, llamó a cesar con las vías de hecho. Desde la Asociación Madres de Plaza de Mayo celebraron la resolución. “Ahora sí, exigimos el inmediato cumplimiento y el cese de la intromisión del gobierno nacional”, dijeron en un comunicado.
En los últimos once meses, la UNMa no recibió partidas por parte del gobierno nacional. No se pagaron salarios ni se pudieron solventar los gastos de mantenimiento de las sedes. Su rectora Cristina Caamaño contó que les cortaron internet por falta de pago.
De parte del gobierno no hubo solo vaciamiento. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, buscó meterse dentro de la UNMa. El 26 de febrero, dictó la resolución 45/24 a través de la cual se ordenó revisar el proceso de creación y de funcionamiento de la UNMa. Además, dejó sin efecto la resolución del ex Ministerio de Educación que había designado a Caamaño como rectora organizadora. El 24 de julio pasado, el Ministerio de Capital Humano designó a otro rector organizador, Eduardo Maurizzio. Con esa decisión, la cartera que conduce Pettovello dejó en claro que desconocía el proceso normalizador que se había llevado adelante el año pasado y a sus autoridades.
En San Martín, la Asociación Madres de Plaza de Mayo –con Carmen Arias a la cabeza– pidió que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución 45 del Ministerio de Capital Humano. La presentación fue impulsada también por un grupo de estudiantes internos del Complejo Penitenciario II de Marcos Paz, que se vieron impedidos de estudiar por las disposiciones de la administración de Javier Milei.
La jueza federal de San Martín Martina Forns entendió que había riesgo y dictó una medida cautelar que suspende los efectos de la resolución 45 –la que desconocía el proceso de creación de la UNMa y con la que después se designó al interventor del gobierno. La magistrada ordenó, además, reabrir la sede de la UNMa para que las personas privadas de su libertad en la cárcel de Marcos Paz puedan asistir a clase. Para ello, dijo que deben disponerse de los fondos presupuestarios que legalmente corresponden.
La jueza advirtió que ya había dictado una medida interina en ese sentido, pero que no fue cumplida por el gobierno de Milei, ya que no se reanudaron las clases en Marcos Paz ni se les pagó a los docentes y no-docentes de la UNMa.
En la resolución, Forns ordenó el cese inmediato de las vías de hecho, de toda acción tendiente a desconocer el Consejo Superior de la UNMa y de la clausura del establecimiento. Prohibió la presencia de la PFA dentro de la universidad y sostuvo que la cautelar estará vigente por un plazo de seis meses.
La jueza todavía no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, que es la validez de la resolución 45 del Ministerio de Capital Humano. La repartición que comanda Pettovello había dicho que los planteos de la Asociación Madres de Plaza de Mayo carecían de fundamentos y que el interventor había pedido el pago de lo adeudado.
“No se observa la afectación del interés público ni los efectos jurídicos irreversibles que pueda generar el otorgamiento de la medida (artículo 15, inciso 1 de la ley 26.854), habida cuenta que del informe brindado por la accionada no surge de manera clara ni contundente la afectación del interés público alegado, y por lo tanto no afectaría prima facie el interés público fundado en la ley 24.521 que invoca la demandada, ni tampoco el menoscabo del ejercicio de funciones que sostiene son propias al Poder Ejecutivo Nacional”, contestó la jueza Forns.
En un comunicado, la Asociación Madres de Plaza de Mayo festejó la medida cautelar otorgada por la justicia federal de San Martín. Recordaron que el próximo 6 de abril cumplirá 25 años el proyecto educativo impulsado por Hebe de Bonafini y que continuarán reclamando plena autonomía, respeto a la institucionalidad construida y el debido financiamiento.
Abogados latinoamericanos también llevaron el tema del asedio que viene sufriendo la UNMa del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que les informó que estaba monitoreando la situación. En el escrito presentado ante el organismo regional explicaron que la comunidad académica está integrada por 2200 estudiantes, 252 docentes y 91 no-docentes. Además, denunciaron que el Estado argentino está violando los mandatos de verdad, justicia y memoria, así como los de libertad académica y autonomía universitaria desde que Milei y Victoria Villarruel llegaron al gobierno el 10 de diciembre del año pasado.
Denuncian el vaciamiento del Conicet y exigen el ingreso de 850 investigadores
El desfinanciamiento que sufre el sistema nacional de Ciencia y Tecnología, en línea con el desinterés explícito del gobierno de Javier Milei por el desarrollo científico, agrava día a día la situación de los investigadores argentinos, que ven pulverizarse sus ingresos y peligrar sus carreras de la mano de la gestión libertaria. En el Día de la Soberanía Nacional (20/11), el colectivo de ingresantes a la carrera de investigador científico del CONICET denunció el vaciamiento de ese organismo en lo que va de 2024 y exigió el alta de 850 concursos que están congelados desde hace más de un año.
“Nuestros trámites de alta quedaron parados como medida del vaciamiento sistemático que viene sucediendo en el CONICET y en distintos organismos de Ciencia y Técnica, bajo el gobierno de Javier Milei. Estamos en diferentes grados de vulnerabilidad laboral. Hacemos ciencia por y para el pueblo argentino y creemos que la ciencia se defiende colectivamente”, expresaron desde el Colectivo, integrado por personas de 23 jurisdicciones (22 provincias y la Ciudad autónoma de Buenos Aires).
El freno de los ingresos al CONICET por disposición del Poder Ejecutivo Nacional tendrá como consecuencia que por primera vez en más de 20 años disminuya la planta de investigadores, constituyendo una manifestación dramática del contexto regresivo que atraviesa el complejo nacional de ciencia y tecnología, que verá comprometido su desarrollo por falta de renovación de recursos humanos y por la pérdida de líneas de investigación actualmente en marcha o pendientes de ser iniciadas, advierte el Colectivo.
Desde el cambio de gestión, el 10 de diciembre de 2023, destacan que no hubo ningún ingreso de personal al CONICET. Ni siquiera ingresaron las 34 personas de convocatorias anteriores (2020 y 2021) cuyos cargos ya habían sido efectivizados con inicio al 1° de enero de 2024, pues sus trámites fueron retrocedidos. “Esto deja en claro que la carrera del investigador en CONICET está cerrada de hecho”, enfatizan.
A esta situación se suma que el 27 de diciembre el directorio de CONICET decidió no otorgar más becas postdoctorales extraordinarias, solución paliativa para esperar el alta de cargo para aquellos seleccionados que no poseen relación de dependencia con CONICET. De esta forma, muchos de los ingresantes 2021 y 2022 llevan un año o más sin ningún tipo de sustento, afrontando situaciones de extrema vulnerabilidad.
En ese marco, el 6 de noviembre último, en el Polo Científico Tecnológico porteño –donde funciona la sede central del CONICET– se presentó una carta exigiendo el urgente otorgamiento de becas posdoctorales extraordinarias o becas de estadía de corta duración al conjunto de ingresantes que, habiendo quedado seleccionados para el cargo de investigador científico, están sin remuneración desde hace un año, en una situación desesperante e insostenible.
La carta fue avalada por la Sociedad Argentina de Biofísica, la Sociedad Argentina de Botánica, la Sociedad Argentina de Inmunología, la Asociación Parasitológica Argentina, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el Programa Ciencia e Identidad (CCT CONICET CENPAT), la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT), la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, la agrupación Jóvenes Científicos Precarizados Buenos Aires y las juntas internas de ATE CONICET Capital, ATE CONICET La Plata, ATE CNEA Buenos Aires y ATE INTI.
Por otro lado, el Colectivo de Ingresantes exige que se garanticen las prórrogas de becas para las personas que tienen actualmente becas posdoctorales, que culminan en marzo de 2025, ya que no hay certeza sobre su continuidad hasta tanto se materialicen las designaciones.
Por último, sostienen que la ausencia de inversión frenará líneas de investigación reconocidas mundialmente y el desarrollo de tecnologías claves no sólo para el crecimiento del país, sino fuente de ingresos de divisas para la economía nacional. Exigen la inmediata incorporación a la carrera de investigador y que se detenga este ataque directo al sistema científico en todos sus ámbitos.
Militantes de Milei agredieron a un equipo de geólogos del Conicet
La asamblea de trabajadoras y trabajadores del Centro de Investigaciones Geológicas dependiente del Conicet y la Universidad Nacional de La Plata denunció que un equipo de estudiantes y docentes que realizaba un trabajo de campo en Potrerillos, Mendoza, recibió “amenazas, insultos y hostigamiento por parte de los propietarios de un local comercial afiliado a La Libertad Avanza”. Por el nivel de agresión tuvo que intervenir la Policía y se denunció el caso ante la Fiscalía de Luján de Cuyo.
Las personas que increparon al equipo de investigación difundieron su actuación como una gesta que sigue la línea del gobierno de Javier Milei. “Estuvieron los zurdos del Conicet y la UNLP en Potrerillos, atando cintitas de la Facultad de Geología (…) La Policía los apoyó diciendo que no se puede molestar a la gente así, que somos agresivos. Agresivos son ellos cuando le roban al Estado, a nosotros. Eso es lo que tenemos para decir: que se vayan a bañar, como dice el presidente”, expresaron un hombre y una mujer, a través de un video que difundieron en redes sociales y donde se identifican como militantes de LLA.
“Luego de radicada la denuncia ante la Fiscalía de Luján de Cuyo por parte de las autoridades de la Facultad solicitamos a las autoridades competentes que investiguen los hechos y garanticen un entorno seguro para que el personal académico de cualquier institución pueda realizar sus tareas sin temor a agresiones o amenazas”, plantearon los denunciantes.
En línea con el discurso del Gobierno contra las universidades públicas y la investigación científica solventada desde el Estado, las personas agresoras relataron en su video –donde se presentaron como militantes de Milei desde hace años y saludaron a Donald Trump por su victoria- que “vinieron varios profesores, docentes, con dos micros y una camioneta del Conicet que pagamos todos. Hicieron fiestas, giras, quilombo. Se les dijo que se dejen auditar y se enojaron. Todas esas fiestas que hicieron las terminamos pagando nosotros como hace 40 años. Se terminaron ofendiendo, cuando la gente les dijo ‘déjense auditar, vayan a trabajar’, llamaron a la policía para escudarse”.
“Como docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo UNLP y del Conicet expresamos nuestro enérgico repudio ante los hechos de violencia e intimidación sufridos durante la escuela de campo 3 de la carrera de Geología en Potrerillos. Durante la campaña fuimos objeto de amenazas, insultos y hostigamiento por parte de los propietarios de un local comercial afiliado a LLA. Donde a pesar de nuestros esfuerzos por minimizar el conflicto, la agresión se intensificó hasta requerir la intervención policial”, difundió la asamblea del CIG. Y agregó: “Como individuos comprometidos con el desarrollo científico y educativo, lamentamos que en el ejercicio de nuestra labor debamos enfrentar agresiones que no solo ponen en riesgo nuestra integridad, sino que también representan un atentado a la enseñanza y al derecho de lxs estudiantes a formarse en un ambiente seguro”.
Un mes atrás eran noticia otras agresiones a estudiantes universitarios, cuando un grupo de libertarios arrojó gas pimienta durante una asamblea en la Universidad Nacional de Quilmes, en el marco del proceso de tomas contra el desfinanciamiento a la educación superior.
“Como estudiante participante del viaje me sumo al repudio, toda mi solidaridad con los profesores que hacen que nuestra formación tenga la mejor calidad posible”, expresó una alumna de Geología. En tanto, una graduada contó que este tipo de viajes “son un requisito para el título, hay que cumplir con una cantidad de días (de trabajo de campo) para recibirse”.
Y planteó, en medio de las críticas del Gobierno al uso que hacen las universidades públicas de los recursos: “Que auditen cómo los viajes se han tenido que acortar, o directamente no hacer, porque el presupuesto no cubre ni la nafta”. Remarcó además que durante años se luchó por más presupuesto para este tipo de viajes al territorio, donde quienes se forman en Geología hacen sus prácticas, y nunca se lograba el suficiente, por lo que se organizaban rifas y otras actividades entre la comunidad educativa para recaudar fondos.
Docentes municipales de La Plata
En el marco general de ajuste a la educación pública por parte del gobierno nacional y también provincial, las docentes municipales de la capital bonaerense buscan visibilizar sus condiciones de trabajo. “Nuestros salarios son aún peores que los de las y los docentes que dependen de la Provincia, cobramos $ 500.000 por mes, arrancamos nuestro trabajo el 1° de febrero de cada año, quieren “respetar” el calendario maternal de provincia, pero el sueldo es mucho menor”.
Denuncian además que en el caso de las municipales que trabajan en la cocina y en limpieza de los jardines, el salario es aún menor. Alrededor de $ 180.000.
“Nos otorgaron las plantas permanentes en diciembre del año 2023, nos cambiaron el número de legajo y nos hicieron ir a hacernos análisis de sangre y todo para el legajo nuevo y en enero no solo no nos depositaron el sueldo en tiempo y forma, sino que nos sacaron las plantas y nos volvieron a dar el legajo anterior de personal transitorio diciendo q vamos a tener que concursar el pase a planta”, expresan.
Las trabajadoras están en un estado de mucha incertidumbre ya que desde el Municipio no les aseguran la continuidad de sus contratos para el año próximo. Esta situación es generalizada en todos los jardines maternales municipales.
En muchos casos, las docentes tienen varios años de antigüedad en el cargo, entre 10 y 18 años, y aun así siguen con contratos totalmente precarios.
En la municipalidad de La Plata los trabajadores de la educación no cuentan con un estatuto que establezca sus derechos y obligaciones elementales. Su actividad se rige por la ley 14.656 que da marco al empleo municipal en todo el territorio provincial.
Los trabajadores que realizan suplencias están en una situación mucho peor, ni siquiera tienen derecho a enfermarse y si una trabajadora queda embarazada pierde su puesto de trabajo. A su vez, las suplencias menores a cinco días no son cubiertas y se obliga al personal disponible a cubrir esta tarea.
Asimismo, las trabajadoras de los jardines municipales denuncian que las clases en las instituciones de la municipalidad jamás se suspenden. Todos los que estudian y trabajan en ellas se ven expuestos a realizar estas actividades muchas veces sin agua, con pérdidas de gas, con paredes electrificadas e incluso con escuelas que se inundan.
Las conducciones sindicales le dan la espalda a este reclamo, manteniendo invisibilizadas las condiciones laborales en las que trabajan las docentes.
Sadir ajusta salarios docentes en Jujuy
Los carteles en las marchas de antorchas convocada por la docencia del CEDEMS daban cuenta de posibles cierres de divisiones, afectación al transporte, resoluciones anti derechos para la no renovación de cargos y titularización. Una realidad que se vive a diario y que el Gobierno provincial intenta naturalizar.
Docentes rurales de primaria cuentan que desde el ministerio de Educación intentan cerrar escuelas y grados con el argumento mercantil de la baja matrícula. Para la ministra Serrano la educación no es un derecho a garantizar, incluso en territorios lejanos, sino que el mismo estará supeditado a la cantidad de alumnos y también de los recursos presupuestarios, que cada vez son menos, producto de los recortes deliberados. Claro está que, si cierran escuelas rurales, si no hay centros de salud y el transporte es precario, seguramente vendrá el despojo. Festejan las mineras y los que hacen negocios inmobiliarios.
Así cuentan madres de la Escuela de la Comunidad indígena de Coranzulí, cerca de Chile y donde se saquea el litio. Mientras avanzaba el paro de profesores de la secundaria ellas llevaban adelante un cartelazo. ¿El motivo? La escuela cuenta con una sola trabajadora de servicios generales para sostener toda la escuela incluso limpieza y comida. “Los puestos de trabajo de quienes se jubilaron no fueron sustituidos, tampoco de quienes toman licencias. La escuela albergue que cobijaba a estudiantes de otras comunidades se cerró”, afirma una madre.
Un profesor de los valles jujeños, al sur de la provincia, comenta que se cerraron cursos del Anexo Nº 43, donde estudian jóvenes adultos a la noche, en el barrio Alto Comedero. ¿El motivo? La falta de matrícula. La crisis económica y social afecta a jóvenes de los lugares más empobrecidos como las barriadas populares y sectores rurales. Están obligados a trabajar y dejar la escuela temporalmente. La solución o “eficiencia” para el ministerio de Educación vendría por reutilizar esos recursos que son “ineficientes” si hay pocos alumnos. Lejos de abordar y dar respuestas a las problemáticas sociales y económicas que afectan gravemente a la juventud y sus familias, el Estado refuerza la brecha, incluso haciendo más difícil el acceso a derechos esenciales.
La comunidad educativa del Colegio Secundario Nº 34 de Alto Comedero se sumó a la lucha docente con el reclamo contra el cierre de divisiones. La única con especialización en informática y comunicación en el barrio que cobija más de 100.000 personas. Cierran divisiones, no por la falta de matrícula, con cursos de más de 40 estudiantes, sino que hay una política deliberada en la provincia de cerrar determinadas formaciones, por ejemplo, informática. A partir del reclamo y acciones públicas lograron que no se cierre una división.
En las escuelas primarias los docentes con formación en informática ni siquiera pudieron titularizar durante estos años. Este año muchos quedaron sin poder contar con el cargo ya que lo cerraron en escuelas con baja matrícula, como sucedió en escuelas rurales de Humahuaca. “Este año se redujeron los cargos ofrecidos en informática en varias escuelas, muchas docentes, madres, nos quedamos sin trabajo, sin meses por cobrar, ya que nos renuevan año tras año. Mientras nos dejan sin trabajo, el ministerio sobrecarga a las docentes de primaria para dictar la materia”, sostiene una docente afectada.
Esta política se cristalizó recientemente con las Resoluciones 675/24, 2914/24 para el nivel inicial y primario donde se establece la exclusión de cargos, disponibilidad y traslados docentes donde una de las variables consideradas es la matrícula.
La cobertura de transporte, el abono, para docentes de nivel medio es limitada. Sólo cubre hasta 60 km del lugar de residencia, algo que afecta a los “docentes taxi” que trabajan en varias escuelas de distintos lugares ante la dificultad de contar con las horas necesarias para poder vivir en un sólo lugar. “Yo vivo en San Salvador, tengo horas en Rodeíto pero el ministerio sólo me reconoce el abono hasta San Pedro. Todos los días tengo que poner de mi bolsillo para el transporte…”, afirma un docente, y comenta que desde el ministerio plantean que “uno tiene que vivir en el lugar, pero ¿cómo hacemos? No tenemos plata para alquilar de lunes a viernes, necesitamos de nuestro tiempo para tomar horas en otras escuelas”.
Las camionetas/trafics que transportan a docentes y estudiantes que van a pueblos como Ronque, Rodeo y Coctaca en Humahuaca van repletas. Un video reciente muestra a las docentes caminando a la par de la tráfic porque la misma no sube una cuesta. “El transporte es limitado y no está en condiciones. Vivimos situaciones donde se rompen frenos, también se caen niños por lo llena que va la misma. Solo dependemos de un sólo móvil”, afirma una docente. También agrega “llevamos años pidiendo transporte especial para docentes de materias especiales, ellos dictan clases entre las 11:00 y 12:00 del mediodía, pero tienen que viajar de madrugada en el único transporte. Parece que su tiempo no importa”.
Casi que se naturaliza que cada tanto un transporte escolar con docentes vuelca por las condiciones de rutas que van a los pueblos, como sucedió este año camino a Ocloyas. Otros transportes superan su capacidad y se arriesgan, porque empresarios no garantizan más unidades acordes a la cantidad de personas. ¿Quién no ha visto algún video de docentes cruzando ríos, haciendo dedo…? Realidad de muchas y muchos si se trata de enseñar en zonas rurales y que el Gobierno hasta los pinta de “héroes” por su “compromiso”.
Mientras el conflicto docente del CEDEMS llegaba a las puertas de la Legislatura, adentro las denuncias hechas por las bancas del FIT, tomando las demandas de los sectores en lucha hizo que desde las bancadas oficialistas respondieran para justificar lo injustificable. Negando el superávit, cuyos datos lo había aportado el ministro de Hacienda en un informe presentado a la Legislatura, el diputado Adriano Morone manifestó que “el 2% es la mejor oferta salarial acorde a las finanzas públicas de la provincia”.
El vicegobernador, Alberto Bernis, no pudo sostener la mentira y ante la consulta sobre el informe fiscal presentado por las bancas del PTS–FIT respondió que “cree en la honestidad intelectual” para después justificarse sosteniendo que el gobierno local se hace cargo de muchos gastos que antes cubría el gobierno nacional y que se “hace lo que se puede”, resaltando que en Jujuy “no hubo despidos”; como si fuese un consuelo el aumento salarial propuesto de miseria que se suma a un salario de pobreza, mientras hay plata en las arcas del Estado local.
Por otro lado, la diputada María Teresa Ferrín, presidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura, sostuvo que la izquierda dice “muchas gansadas” y que las denuncias de las docentes son mentiras.
Sadir ajusta como Milei y agrandan la herencia recibida de sus gobernantes anteriores, en el caso de Jujuy para que sea una provincia rica con trabajadores y sectores populares viviendo en la pobreza, el país para seguir atado a las cuerdas del FMI y los capitales financieros.
La docencia de CEDEMS suspendió los once días de paros para ser recibidos por funcionarios del gobierno. Se hace urgente multiplicar la solidaridad y el apoyo que vienen demostrando, por ejemplo, los docentes de base de ADEP, organizados en El Hormiguero, que estuvieron presentes en cada marcha, y exigen a su dirección sindical, con la presentación de más de mil firmas, asamblea y un plan de lucha unificado. Se suma a ello, el paro de brazos caídos llevados adelante por trabajadores del ministerio de Educación del área de liquidación y otras, que a pesar de que sus direcciones sindicales de ATE y UPCN aceptaron las migajas del gobierno, llevan adelante medidas de lucha y trabajadores de otras reparticiones que vienen expresando su malestar como los del Instituto de Vivienda o de la Legislatura de Jujuy. Apoyo en las calles hay, por eso cada marcha recibe sus aplausos.
Fuentes: Página/12, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino