En una decisión velocísima, la Corte Suprema de la Nación ratificó el fallo de la Cámara Federal de Casación que condena a la ex presidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión y la inhabilita a ejercer cargos públicos.
Los tres cortesanos -Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti- decidieron convalidar de esta manera los innumerables vicios y arbitrariedades de la causa conocida como “Vialidad” en los que se fundamenta la dirigenta peronista para explicar que se trata de una persecución política.
El fallo, absolutamente exprés para los tiempos de la Corte, sale tras una fuerte presión de sectores del poder económico, político y mediático -entre los que destacan el grupo Clarín y el ex presidente Mauricio Macri- para proscribir a CFK tras el reciente anuncio de su candidatura.
La ex mandataria esperó este martes la noticia en la sede nacional del Partido Justicialista junto a dirigentes políticos y sindicales, y una multitud que fue copando las calles adyacentes.
Tras conocerse el fallo de la proscripción, pasadas las 17 horas, CFK salió a la puerta y se dirigió a las y los presentes.
“La verdad es que esta Argentina que gobierna Milei no deja de sorprendernos, porque al cepo del salario le agregaron el cepo al voto popular”, declaró la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tras conocerse el fallo exprés de la Corte Suprema que deja firme la condena e inhabilitación en su contra.
“Este triunvirato de monigotes responde a mandos naturales muy por arriba de ellos: el poder económico concentrado de la Argentina”, dijo ante una multitud en la sede del PJ Nacional.
Y agregó: “ese poder a los pocos días del intento de asesinarme, tituló: “La bala que no salió, el fallo que sí saldrá”.
Una causa viciada
Para cumplir con la velocidad que se les demandaba, los cortesanos decidieron aplicar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Se trata de una herramienta que autoriza a la Corte a desestimar planteos “según su sana discreción” cuando no advierta “agravio federal suficiente ni trascendencia institucional”.
De esta manera convalidaron el escandaloso fallo del caso “Vialidad”, una causa plagada de irregularidades que se enmarca en el denominado lawfare con el que también se persiguió a otros dirigentes del arco progresista latinoamericano, como Lula da Silva y Rafael Correa.
Aunque están detalladas en diversas fuentes, decidimos tomar la explicación realizada con detalle por los periodistas Irina Hauser y Raúl Kollmann en la edición del lunes de Página/12, que la patronal de Víctor Santa María decidió colocar detrás de un muro de pago (pero que aún se puede leer completa en este posteo de Facebook):
La parcialidad de los jueces y fiscales. “Si los magistrados carecen de una absoluta neutralidad y equidistancia frente a los hechos, el juicio pierde toda legitimidad”. Se recuerda que jueces y fiscales jugaban al fútbol en la quinta de Macri y que dos jueces de Casación, que intervinieron varias veces en el expediente, fueron a jugar al tenis a la quinta de Olivos o visitaron a Macri en Casa Rosada.
Este es el verdadero recorrido de la injusticia… pic.twitter.com/nRzG4LnryQ
— Cora Gamarnik (@coragamarnik) June 10, 2025
CFK no tenía atribuciones respecto de las obras que fueron votadas en el Presupuesto Nacional por el Congreso. El financiamiento estuvo a cargo de Vialidad Nacional, un ente autárquico, y las obras fueron licitadas, adjudicadas y controladas por Santa Cruz, que tiene autonomía. “No se le puede asignar a CFK el quebrantamiento de deberes que le eran ajenos”, dice el texto. El origen es un dictamen de Rodolfo Barra, exintegrante de la Corte e ideológicamente opuesto a CFK, quien señaló que se trató de un delito imposible.
Se violó el principio de culpabilidad porque “todos los testigos, incluyendo los propuestos por los fiscales, afirmaron en el juicio que CFK jamás impartió directivas a fin de beneficiar a ningún contratista”.
Se condena a Cristina porque Lázaro Báez ganó las licitaciones en 51 de los 81 tramos de ruta que se construyeron en Santa Cruz. Y, además, se la imputó por sobreprecios. La defensa sostiene que no se hicieron pericias sobre esas 51 obras, sólo sobre tres (con conclusiones contradictorias), pero no se compararon esas obras y esos precios con los de otros contratistas y con lo que se construyó en el resto del país. La lógica -se vio en el juicio, declarado por los propios empresarios, rivales de Báez- es que en las distintas provincias suelen ganar la mayoría de las licitaciones las empresas locales, porque pueden ofrecer mejores precios, dado que tienen allí el personal y la maquinaria.
Los jueces del Tribunal Oral y Casación incorporaron en la sentencia el dictado del decreto 54/2009, “al que los magistrados le asignaron supuestas irregularidades nunca debatidas en el juicio”. Ese decreto habilitaba a que se pagaran las obras de todo el país con un fideicomiso constituido en base a una tasa sobre la venta del gasoil. O sea, no fue una medida para beneficiar a Lázaro Báez, y la prueba es que ese decreto sigue vigente hasta hoy: lo usaron y siguen usando todos los gobiernos que siguieron al de CFK. Desde el punto de vista jurídico, lo asombroso es que los fiscales nunca lo plantearon en la acusación, no se trató en el juicio y los jueces igual lo metieron en su sentencia.
Cuando las audiencias del juicio ya habían terminado, los fiscales usaron en su alegato los chats de otro juicio, el de los bolsos que José López tiró en el convento de General Rodríguez. La pericia del celular de López no se hizo ni se verificó en la causa Vialidad y los fiscales sostuvieron que, al final del gobierno de Cristina, se produjo la operación “limpiar todo”, que consistió en una reunión entre Báez y Cristina para que se le hiciera un enorme pago al constructor y se borraran rastros de los ilícitos. Los chats nunca se trataron en el juicio, a CFK nunca la indagaron por “limpiar todo” y cuando ella quiso contestar, los jueces se lo impidieron. Se probó también que no existió tal reunión y que no hubo pago alguno a Báez.