El Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial de Morón, a cargo de Laura Pinto, hizo lugar a una acción de habeas corpus colectivo impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y ordenó la clausura inmediata del pabellón 4 de la Unidad Nº 60 de Merlo perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense. La medida judicial se dicta tras constatarse condiciones de detención gravemente inhumanas, con niveles críticos de hacinamiento, falta de acceso a derechos básicos y deterioro edilicio estructural, pese a ser una cárcel inaugurada hace apenas dos años. El pabellón registraba una sobrepoblación del 400% y un régimen de aislamiento de 18 horas de encierro en celdas que son para 2 personas y en las cuales se alojan 10 ó 12 personas.
La presentación fue realizada por la CPM en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, luego de una inspección en la que se verificaron graves violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas. Al momento de la inspección, el pabellón 4 albergaba a 165 personas privadas de libertad cuando la capacidad, establecida por el Servicio Penitenciario Bonaerense, era para 62. Al menos 25 dormían en el piso por falta de colchones.
El cupo penitenciario de 62 personas, no obstante, contradice los estándares establecidos por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. En las 16 celdas del pabellón, cada una con capacidad para alojar a 2 personas, se construyeron dos camas cuchetas habilitándose para 4 aunque, en los hechos, se terminaron alojando 10 o 12. En función de esto, la sobrepoblación del pabellón asciende al 400%. El espacio se torna nulo e intransitable para las personas que ni siquiera pueden moverse de un lugar a otro durante gran parte del día.
El informe presentado por la CPM también denunciaba la existencia de un régimen de encierro de al menos 18 horas diarias y condiciones edilicias deplorables: cloacas que se tapan con frecuencia, presencia de cucarachas y roedores, filtraciones de agua desde los baños hacia las celdas, falta de calefacción, celdas sin vidrios, cortes muy recurrentes de agua y termotanques que no funcionan. También se documentó la ausencia de separación física en los sectores de duchas, lo que obliga a las personas detenidas a improvisar cortinas con bolsas de nylon para preservar su intimidad.
A ello se suman serias deficiencias en el acceso a la alimentación, las personas declararon que la comida que llegaba era insuficiente, “extremadamente grasosa, muchas veces mal cocida”.
El habeas presentado por la CPM también denunciaba la falta de acceso a la salud, con escasa o nula atención médica, falta de medicamentos y sin asistencia psicológica. Entre las medidas de prueba, la jueza de garantías Laura Pinto solicitó a la Dirección de Salud Penitenciaria un informe sobre el personal médico designado para cumplir funciones en la Unidad Penitenciaria; ese oficio judicial ni siquiera fue respondido.
En la resolución, la magistrada remarcó que “los gravísimos problemas aquí planteados son de larga data y públicamente conocidos por todos los operadores del sistema, sin que a la fecha se haya intentado seriamente una solución cabal”. Y recordó que ella misma, en octubre pasado, había formado un legajo de actuaciones por las condiciones de alojamiento en esa unidad sin que se modifique hasta ahora el grave estado edilicio del penal.
Con la constatación de cada uno de los puntos denunciados por la CPM en el habeas corpus, la titular del Juzgado de Garantías N° 1 de Morón ordenó la clausura del pabellón y reubicar en otro sector del establecimiento a las personas allí alojadas. La decisión también fue notificada a la Suprema Corte de Justicia bonaerense y al Comité Permanente de Seguimiento de Personas Privadas de Libertad.