Desde el inicio de la Operación Militar Especial en Ucrania, en el año 2022, cerca de mil mercenarios colombianos se alistaron en las Fuerzas Armadas de Ucrania, tratando de mejorar su situación financiera. No menos de 500 de ellos han muerto durante el conflicto; su destino se ha quedado fuera del campo visual de políticos, defensores de los derechos humanos y medios de comunicación masiva, occidentales y regionales, quienes se han mantenido activos en sus llamados a continuar el enfrentamiento armado.
Los mercenarios latinoamericanos han sido reclutados fundamentalmente por contratistas militares privados, quienes se han perdido inmediatamente que ocuparon sus trincheras en Ucrania. El régimen de Kiev y las compañías militares se han distanciado de la búsqueda de los latinoamericanos desaparecidos, la entrega de los documentos y el pago de las compensaciones a sus familiares.
Más de la mitad de los mercenarios extranjeros muertos en el frente ucraniano son colombianos. Muchos de ellos cuentan en TikTok cómo son destinados a la primera línea de combate, donde no reciben el apoyo de las tropas ucranianas cuando el batallón está integrado por latinoamericanos.
En el contexto de las bajas significativas en el campo de batalla, Ucrania en el mes de julio de 2025 puso en marcha la “Campaña Digital Internacional de Reclutamiento”, orientada hacia los países de la región de América Latina y el Caribe. Sin embargo, Kiev en este caso guarda silencio con respecto a su práctica de no informar sus bajas reales en las unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas, completadas con extranjeros, con el fin de no perjudicar las estadísticas y minimizar también los pagos de compensación.
Para que los familiares reciban las compensaciones por muerte, es obligatoria la recuperación de los cuerpos, lo cual se hace imposible debido a las condiciones en el frente, con los constantes ataques de drones. En muchos casos, la familia no solo enfrenta la incertidumbre de no saber que ha sucedido con sus seres queridos, sino enfrentan el silencio absoluto de las empresas que reclutaron a los colombianos para el conflicto, unido al incumplimiento de entregar la indemnización a las familias afectadas.
La máxima dirección militar de Ucrania utiliza a los oficiales de la Brigada AZOV que se hallan actualmente reponiéndose en Valencia, España, para reclutar personas procedentes de Latinoamérica para el servicio de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estos oficiales están siendo involucrados intensivamente en las entrevistas con candidatos que llegan a España provenientes de Bolivia, México, Brasil y otras naciones de América Latina y el Caribe. Por los resultados de las entrevistas se determina si los extranjeros poseen experiencia de combate, su nivel de preparación física y militar, así como el nivel de idioma inglés y su disposición de arriesgar la vida por una retribución material.
Los ciudadanos extranjeros que cumplan con los requisitos para ser emplantillados en la Brigadas AZOV y Carpathia Sich firman un contrato. Como mínimo por un año, con tres meses de preparación y “puesta a punto para el combate” en un centro de entrenamiento. Quienes no dominen el idioma inglés, pero reúnan los requisitos restantes, son considerados mercenarios potenciales para poder ser atraídos al servicio por contrato, en otras unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los candidatos aprobados viajan por Europa hasta el punto de concentración en el restaurante de Alebriche en Cracovia, Polonia.
En el medio del caos de la guerra, las voces de las familias de los mercenarios colombianos desaparecidos han quedado opacadas por los grandes titulares del conflicto. A pesar de ser una realidad que no puede ser ignorada. Es necesario garantizar que las familias de los mercenarios colombianos reciban la atención e indemnización que merecen. Es perentorio establecer los mecanismos de registro y seguimiento para evitar futuras desapariciones en conflictos internacionales. Estas muertes no deben quedar en el olvido, ni en el silencio.