En 2016 Argentina tenía 6.400 personas en comisarías en todo el país. Hoy, son más del doble. Es decir que a menos de 10 años, la cifra subió a 13.250 detenidos.
Escuchar el reporte desde Radio Futura de La Plata, Buenos Aires.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura asegura que vienen en aumento tanto la cantidad de personas detenidas en espacios policiales, como pueden ser comisarías, como también las personas que cumplen penas cortas en esos establecimientos.
“La privación de la libertad en el ámbito policial” y “La evolución histórica del encarcelamiento de personas con condenas cortas en Argentina (2002-2022)” son dos informes elaborados por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Ambos trabajos exponen la tendencia ascendente de detenciones en espacios policiales y el aumento de las penas menores.
“Argentina siempre tuvo problemas relativos a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, de la atención médica, de la salud y hace muchos años tenemos superpoblación, pero todavía hoy no tenemos la situación de cárceles en otros lugares de Latinoamérica donde literalmente el Estado no puede siquiera controlar o administrar las cárceles”, señaló Kevin Nielsen, Comisionado del CNPT.
“El Estado encarcela más, hay una tendencia que no venía pasando, ahí es donde viene la importancia del segundo informe que es el de penas cortas, no es que queremos que sean más largas sino que antes se resolvía de otras maneras. Los delitos leves, de baja lesividad, hurtos sin violencia, cuestiones que tienen que ver muy con una problemática social, antes se resolvían con una alternativa, una suspensión de juicio a prueba y hoy en día esas penas son de cumplimiento efectivo”, remarcó en diálogo con Radio Futura.
En 2016 Argentina tenía 6.400 personas en comisarías en todo el país. Hoy, son más del doble. Es decir que a menos de 10 años, la cifra subió a 13.250 detenidos.
Las penas cortas “son de cumplimiento efectivo en comisarías, porque las unidades penales al no tener cupo priorizan darle lugar a las personas que tienen penas más largas, con las que van a poder trabajar, tener un plano para hacer un tratamiento, un seguimiento y va a ir pasando las etapas de la libertad”, agregó Nielsen.
“La situación es alarmante pero aún estamos a tiempo de modificar la tendencia”, subrayó.
La exposición de los informes se hizo en la Facultad de Derecho de la UBA, participaron de la jornada muchos especialistas de la temática, jueces, fiscales, miembros de superiores tribunales y criminólogos.