El jueves, el Indec publicó el nivel general del Índice de precios al consumidor. El mismo registró un alza mensual de 2,1% en mayo de 2026, y acumuló en el año una variación de 14,7%.
Mario Hernandez
A nivel de las categorías, los precios Estacionales (3,5%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento de las Verduras compensado por la caída en Frutas. Le siguen Regulados (2,4%) por el aumento en combustibles, electricidad y agua; y los precios del IPC Núcleo (1,9%) tuvieron subas vinculadas a Restaurantes, bares y casas de comidas y Productos farmacéuticos.
La división de mayor aumento en el mes fue Comunicación (3,4%) como consecuencia del aumento en servicios de telefonía. La segunda división con mayor incremento fue Educación (2,9%). Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,5%), se ubicó por encima del nivel general y fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en casi todas las regiones por aumentos en Pan y cereales y en Productos lácteos; mientras que en el Noreste del país , Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo la mayor incidencia por aumentos en Gas en garrafa y Alquileres de la vivienda.
Subió la inflación mayorista
La inflación mayorista pegó un salto en abril y volvió a mostrar una de las principales contradicciones del relato oficial. Mientras el Gobierno de Javier Milei celebra la desaceleración del índice de precios al consumidor, los costos de las empresas aumentaron 5,2 % en un solo mes, el doble de la inflación minorista, que fue de 2,6 %.
Según informó el Indec, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló así un alza de 11,6 % en el primer cuatrimestre y de 30,8 % en los últimos doce meses. La principal explicación estuvo en el aumento de los productos energéticos: el rubro “Petróleo crudo y gas” trepó 22,9 % y por sí solo explicó más de 2 puntos porcentuales del índice general.
También registraron fuertes subas los productos refinados del petróleo (13,6 %), los productos de caucho y plástico (7,4 %) y las sustancias químicas. Entre estos cuatro sectores aportaron 4,4 puntos de los 5,2 puntos de inflación mayorista total.
Luis Caputo intentó presentar este dato como una anomalía externa. Según el ministro, el 85 % de la suba se explicó por el impacto de la guerra en Medio Oriente y por el salto del precio internacional del barril de petróleo, que volvió a ubicarse por encima de los 100 dólares.
Es cierto que la guerra imperialista de Estados Unidos e Israel contra Irán repercute sobre los mercados energéticos globales. Pero lo que Caputo omite es que la política del Gobierno convierte esa suba internacional en una amenaza directa para los bolsillos populares.
¿Reducción de la pobreza?
La pobreza infantil en Argentina cayó al 42,3% durante 2025, según un informe elaborado por Unicef a partir de datos oficiales del INDEC. El dato representa una mejora respecto de los niveles registrados durante los momentos más críticos de la crisis económica reciente y fue presentado por el Gobierno nacional como una muestra de recuperación social. Sin embargo, la cifra abrió nuevamente el debate sobre cómo se mide la pobreza y hasta qué punto los indicadores estadísticos reflejan las condiciones de vida que experimentan diariamente millones de familias argentinas.
La discusión adquirió especial relevancia porque mientras los números oficiales muestran una reducción de la pobreza por ingresos, persiste una percepción social marcada por el aumento de los alquileres, los servicios, el transporte y otros gastos esenciales. El investigador del Conicet, Martín Maldonado, analizó las limitaciones de las mediciones tradicionales, explicó por qué pueden producir resultados contradictorios y sostuvo que la pobreza es un fenómeno mucho más complejo que un único porcentaje.
—Unicef difundió recientemente datos que muestran una caída de la pobreza infantil. Sin embargo, muchas personas sienten que la situación social sigue siendo muy complicada. ¿Cómo se explica esa aparente contradicción?
—Los datos que difundió Unicef fueron elaborados a partir de información producida por el INDEC. Lo que hizo el organismo fue calcular cuántos niños, niñas y adolescentes viven por debajo de la línea de pobreza utilizando una metodología muy específica. El problema es que esa medición muchas veces entra en conflicto con la percepción cotidiana de la sociedad. La mayoría de las personas siente que la situación económica sigue siendo difícil, que hay más vulnerabilidad, más problemas para llegar a fin de mes y más dificultades para sostener determinados niveles de consumo. Sin embargo, cuando aparecen los informes oficiales suele hablarse de una reducción de la pobreza. Esa diferencia tiene una explicación técnica que es importante entender.
—¿Cuál es esa explicación?
—La medición que habitualmente utilizan los gobiernos y los organismos estadísticos es la llamada pobreza monetaria o pobreza por ingresos. Básicamente, analiza si los ingresos de un hogar alcanzan para comprar una determinada canasta alimentaria. Lo importante es entender qué mide y qué no mide. No contempla gastos vinculados a alquileres, servicios públicos, educación, salud, transporte, combustibles o energía. Solamente observa la relación entre los ingresos y una canasta básica de alimentos. Por eso se trata de una medición limitada. Además, es una metodología que fue diseñada hace décadas y que nunca fue actualizada de manera integral para reflejar los cambios que experimentó la sociedad argentina.
—Cuando Milei afirma que bajó la pobreza y que millones de personas salieron de esa situación, ¿está utilizando esta medición?
—Sí. Pero para ser justos hay que decir que no es algo exclusivo de este gobierno. También lo hicieron administraciones anteriores. Todos los gobiernos suelen utilizar la medición de pobreza por ingresos porque es la que históricamente se empleó para construir series estadísticas. Ahora bien, existe un aspecto técnico que pocas veces se explica. Esta metodología funciona razonablemente cuando los precios son relativamente estables. Cuando hay cambios bruscos en la economía pierde capacidad para describir lo que efectivamente está ocurriendo.
—¿Por qué ocurre eso?
—Porque la pobreza por ingresos está muy influenciada por el comportamiento de los precios de los alimentos. Voy a decir algo que puede sonar provocador, pero creo que es importante entenderlo: ningún presidente puede sacar a millones de personas de la pobreza en apenas seis meses. Tampoco puede generar que millones de personas caigan en la pobreza en tan poco tiempo. La pobreza estructural es un fenómeno complejo, que involucra educación, empleo, vivienda, acceso a servicios, redes familiares y muchas otras variables. No cambia de manera tan abrupta. Lo que sí puede cambiar rápidamente es el resultado de una medición cuando se modifica el precio de los alimentos respecto de otros bienes.
—¿Cómo funciona concretamente?
—El encuestador llega a una casa y pregunta cuánto dinero ingresa al hogar. Luego compara ese ingreso con el valor de una canasta básica alimentaria integrada por poco más de cincuenta productos. Si el precio de esos alimentos sube mucho, la línea de pobreza también aumenta. Entonces aparecen millones de personas que pasan a ser consideradas pobres según esa metodología. Pero eso no necesariamente significa que su situación social haya cambiado de manera radical. Significa que los alimentos aumentaron más rápido que sus ingresos.
—¿Eso explica por qué hoy algunos indicadores muestran una baja de la pobreza?
—En buena medida sí. Actualmente estamos observando que los alimentos aumentan a un ritmo menor que otros gastos que tienen los hogares. No significa que bajen de precio, sino que crecen menos que los alquileres, los servicios, las expensas, los combustibles o el transporte. Entonces puede ocurrir que una familia siga sintiendo una enorme presión económica, pero que la medición por ingresos muestre una mejora porque la canasta alimentaria creció menos que otros componentes del gasto. Ahí aparece la diferencia entre lo que dicen los indicadores y lo que perciben las personas en su vida cotidiana.
—También señalaste que existen distintas formas de medir la pobreza y que eso suele generar confusión.
—Exactamente. Muchas veces se habla de “la pobreza” como si existiera una sola medición, y eso ya no es así. Hace décadas que la pobreza dejó de ser un concepto único. Hoy existen múltiples indicadores que observan dimensiones diferentes del fenómeno. Por eso siempre hago una pregunta: si tenemos cuatro mediciones de pobreza que arrojan resultados completamente distintos, ¿cuál es la correcta? La respuesta es que todas son correctas porque están midiendo cosas diferentes.
—¿Cuáles son esas mediciones?
—Una es la de necesidades básicas insatisfechas, que observa cuestiones vinculadas a vivienda, acceso al agua potable o alfabetización básica. Esa suele arrojar cifras cercanas al 7%. Otra es la pobreza por ingresos, que actualmente ronda el 28%. También existen indicadores que evalúan nivel socioeconómico, calidad de vivienda, acceso a bienes y nivel educativo. Allí aparecen porcentajes cercanos al 50%. Y finalmente está la pobreza multidimensional, que es utilizada por numerosos organismos internacionales y que suele mostrar valores cercanos al 67%.
—¿Qué tiene de diferente la pobreza multidimensional?
—Que incorpora muchas más variables. Analiza acceso a la salud, educación, transporte, empleo formal, cobertura previsional, calidad ambiental, servicios públicos, participación comunitaria, redes sociales de apoyo, calidad de vida y bienestar general.
Por ejemplo, pregunta cuándo fue la última vez que una persona fue al médico, si tiene obra social, si dispone de gas natural, si sus hijos concurren a la escuela y aprenden, si participa de organizaciones sociales o si cuenta con espacios de recreación. Mientras la pobreza por ingresos se basa prácticamente en una sola pregunta, la pobreza multidimensional incorpora cientos de variables.
—Entonces, ¿qué debería mirar la sociedad cuando se publican estos informes?
—Creo que lo más importante es evitar las simplificaciones. Los indicadores son herramientas útiles, pero cada uno mide algo distinto. Es un error convertir una única medición en una verdad absoluta sobre la realidad social. La pobreza es un fenómeno complejo y multidimensional. Si queremos entenderla de verdad tenemos que mirar muchas variables al mismo tiempo. Siempre utilizo la misma comparación: en medicina nadie diría que un termómetro es mejor que una radiografía, una tomografía o un análisis de sangre. Cada herramienta sirve para observar un aspecto diferente de la salud. Con la pobreza ocurre exactamente lo mismo. Ninguna medición por sí sola alcanza para explicar una realidad tan compleja como la que vive la sociedad argentina hoy.
El FMI cuestionó el índice de inflación y pidió una nueva ley para el INDEC
El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a poner el foco sobre las estadísticas oficiales argentinas y cuestionó la metodología con la que el INDEC mide la inflación. En su último informe técnico sobre la economía argentina, el organismo sostuvo que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se encuentra “desactualizado” y pidió avanzar en una nueva ley que garantice mayor independencia para el instituto estadístico.
La observación forma parte del documento elaborado por el staff técnico del Fondo en el marco del seguimiento del acuerdo vigente con el gobierno de Javier Milei. Allí se señala que la actual canasta utilizada para medir la inflación perdió representatividad frente a los cambios en los hábitos de consumo de los hogares argentinos ocurridos en las últimas dos décadas.
Actualmente, el IPC nacional todavía se basa en patrones de consumo relevados entre 2004 y 2005. El nuevo esquema elaborado por el INDEC utiliza datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018, que incorpora consumos hoy centrales como servicios digitales, plataformas de streaming e internet.
Según trascendió, el rediseño metodológico ya fue finalizado técnicamente por el organismo que conduce Pedro Lines, aunque su implementación continúa demorada por decisión política. El Gobierno evita introducir modificaciones en un año electoral debido al posible impacto que podría tener sobre la medición de la inflación y las negociaciones salariales.
El FMI también reclamó una reforma institucional para fortalecer la autonomía del INDEC y blindar la calidad de las estadísticas públicas. El pedido se suma a otras recomendaciones realizadas por el organismo en materia de transparencia económica y credibilidad de los datos oficiales.
Distintos análisis privados sostienen que el nuevo IPC podría arrojar niveles de inflación más altos que los actuales, especialmente por el mayor peso que tendrían los servicios dentro de la canasta. Algunas estimaciones mencionadas en informes económicos calculan diferencias de varios puntos porcentuales respecto de la medición vigente.
La discusión sobre el índice de inflación se produce en medio de la desaceleración de los precios que el Gobierno exhibe como uno de sus principales logros económicos. Sin embargo, el reclamo del FMI vuelve a abrir el debate sobre la calidad estadística y la necesidad de actualizar las herramientas con las que se mide el costo de vida en la Argentina.
En mayo, los patentamientos se derrumbaron 25% y sólo crecieron las marcas chinas
A principios del año pasado, el Gobierno festejó que el consumo de bienes durables repuntaba, como el de autos, entre la concreción de compras postergadas de un tiempo pasado en que faltaba oferta importada, la reaparición del crédito y una merma de la inflación que mejoraba el salario. Pero en la segunda mitad de 2025 le echó la culpa al llamado “riesgo kuka” de la suba de las tasas de interés de los préstamos y el alza de precios, y su consiguiente impacto en los sueldos. Pasadas las elecciones, y ante el aumento de la morosidad crediticia, el financiamiento sigue caro y las remuneraciones tampoco se recuperaron. ¿Consecuencias? Varias, pero una de ellas es el derrape ya no sólo de la producción nacional sino también de las ventas de automóviles y pickup ups, incluidas las extranjeras, en mayo y la consolidación de una baja en los primeros cinco meses de 2026.
La fabricación local ya venía cayendo con Milei, mientras crecían los importados, sobre todo los chinos como BYD, BAIC o Chery. Pero la novedad del mes pasado fue que se derrumbaron 25,6% interanual las ventas totales de vehículos, tanto nacionales como extranjeros, según la Asociación de Concesionarios (Acara). Ya no zafa nadie. Los patentamientos de autos retrocedieron 26%, pero también lo hicieron en la misma medida (-26,7%) los comerciales livianos, es decir, las pick ups y los utilitarios. Y eso que el campo, la minería, Vaca Muerta y el comercio electrónico, usuarios de las camionetas, están creciendo.
En una de las principales fabricantes de pick ups explican que la demanda de los sectores productivos continúa firme, pero lo que hizo caer la comercialización fue la menor compra en las ciudades. “Cayó la venta para uso particular”, detallan. Es decir, si las usás para hacer pinta, mejor esperá otro momento mejor. Ahora, no hay plata en el bolsillo ni crédito, todavía caro y escaso, pese a la baja reciente de tasas y por motivo de que las financieras y los bancos tienen el foco en sanear la cartera morosa, no en otorgar nuevos préstamos. Salarios bajos y créditos caros explican el fenómeno, según reconocen en concesionarias. Pero hasta los camiones pesados disminuyeron aunque menos que los otros segmentos, el 14,5%.
“El mercado se paró porque está pensando: hay incertidumbre de nuevos modelos, nuevas tecnologías, en la financiación, si bajan las tasas”, quiso ser más diplomático el presidente de Acara, Sebastián Beato. Su hipótesis es que la población está esperando a que vuelva en algún momento un crédito barato, pero también duda qué comprar en un mercado donde irrumpe un aluvión de autos importados que antes no se ofrecían y se desconocían, muchos de ellos con sistemas eléctrico o híbrido que tampoco estaban disponibles hasta que este gobierno abrió la economía.
“Junio va a levantar un poco, pero 2026 no va a ser como 2025, calculamos un 8% abajo”, pronostica Beato. En los primeros cinco meses de este año, el patentamientos de autos cae 8,7%; el de comerciales livianos, 13,9% y el de pesados, 4,5%. El total del mercado merma 9,7%. “2026 calculábamos que iba ser un año meseta. Si bajan las tasas, aumentará la financiación. El que tiene dólares, quizás espera a que suba para venderlos y comprar un auto. Tenemos un sobrestock de tres meses en las concesionarias y hay presión para bajar los precios (esa expectativa de abaratamiento también demora la decisión de compra). No quiero ser alarmista sobre la pérdida del poder adquisitivo”, prefirió evitar una definición sobre el impacto de los ingresos deteriorados en las ventas.
En mayo casi todas las marcas de coches y comerciales livianos despistaron, incluidas las líderes Toyota, Volkswagen y Fiat. Entre las pocas excepciones figuraron Mercedes-Benz, entre el lujo y el nuevo impulso al utilitario Sprinter que le dio el nuevo dueño de la fábrica local, Prestige Auto -propiedad de Pablo Peralta como accionista mayoritario, Daniel Herrero y Alfonso Prat-Gay como minoritarios-; los importados de las BYD, BAIC, Chery, Haval, Changan, Jetour y Foton, la surcoreana Hyundai, las japonesas Honda y Suzuki y las alemanas Audi y BMW. La alta gama sigue ganando en la Argentina, no sólo los autos asiáticos eléctricos e híbridos que entran sin arancel en la Argentina, mientras las fábricas locales apenas están invirtiendo en comenzar a fabricarlos.
Entre los camiones pesados también redujeron en mayo ventas casi todas las marcas, incluidas las que más venden, Mercedes-Benz, Iveco y Scania. Sólo mejoraron la sueca Volvo y Foton, entre otras. Es decir, tampoco anduvieron bien aquellos que le venden a las grandes industrias extractivas.
El derrape en ventas impacta en la producción: en una torta que se achica, la porción de lo nacional ya se venía empequeñeciendo. El mes pasado, la industria argentina produjo 21,5% que un año atrás y acumula una merma del 19,3% en lo que va de 2026. El retroceso se debe claramente al mercado interno porque la exportación apenas se achicó 4,2% en mayo y 2,1% en los primeros cinco meses del año. El 64% de lo enviado al exterior va a Brasil –donde los vehículos chinos avanzan–, seguido por América Central, con el 12,9%, y Perú, con el 7,8%. El mes pasado se exportaron 17.800 utilitarios y 7.300 autos. La Argentina se ha especializado con éxito en pick ups, apuntando a una Latinoamérica productora de materias primas, aunque no a todas las empresas les fue tan bien como a la japonesa Toyota con Hilux y a la estadounidense Ford con la Ranger.
Hay marcas que dejaron de producir en la Argentina este año: en Córdoba, la japonesa Nissan, que antes hacía una pick up, y en El Palomar la francesa Citroën, del grupo europeo Stellantis. Este conglomerado también fabrica Fiat en su planta cordobesa y Peugeot en esa localidad bonaerense, incluidos los primeros modelos híbridos argentinos, pero esta última fábrica está ahora paralizada por un mes por la menor demanda. En la provincia mediterránea elaborará dos nuevas camionetas, una Fiat y otra RAM, ambas con versiones híbridas pero con el modelo CKD (Completely Knocked Down, completamente desmontado), que consiste en que acá se ensamblan casi todos componentes importados, en este caso de China. Es decir, poco trabajo para las fábricas autopartistas locales.
Otras automotrices discontinuaron modelos mientras invierten para futuros lanzamientos: son los casos de la alemana Volkswagen, que dejó de armar la Taos en Pacheco, y la francesa Renault, que ya no hace la Sandero ni el Logan ni la camioneta Alaskan en Córdoba. Ambas planean empezar a producir pick ups. En el primer caso será un CKD chino. En el de Renault, en cambio, tendrá más partes locales e incluirá una versión híbrida.
La norteamericana General Motors (GM) sobrevive cerca de Rosario. Toyota y Ford planean versiones híbridas de sus pick ups en Zárate y Pacheco, respectivamente. Mercedes- Benz Buses y Camiones inauguró el mes pasado una planta en Zárate que había anunciado en el gobierno anterior, mientras Prestige Auto opera en La Matanza la fábrica que vendió la compañía alemana en 2025. Se espera que la argentina Corven, fabricante de motos, arme acá los primeros modelos chinos, los Chery y los Foton. Otras pymes locales llevan años elaborando sus eléctricos: Sero Electric en Castelar, Volt Motors en Córdoba y Tito (Coradir) en San Luis. Pero ahora enfrentan la dura competencia asiática. Las autopartistas también cierran: diez en la era Milei. Otras 52 habían bajado las persianas de 2010 a 2023.
La discontinuidad de fábricas, modelos y autopartes locales obedece siempre a motivos particulares de las estrategias de cada empresa, pero también existen factores argentinos para las tomas de decisiones que evidencian un retroceso de la industria automotriz local en general. Son decisiones que se tomaron años antes, es decir, a partir de la experiencia del gobierno anterior. Si bien el peronismo tenía un discurso pro industrial, era muy difícil producir porque estaban restringidas las importaciones, faltaban piezas para ensamblar, se incumplían compromisos de exportación, falta certidumbre de largo plazo y por eso se minimizaban inversiones. La japonesa Honda dejó en 2020 de producir autos en la Argentina y ahora sólo hace motos.
Con los libertarios hay más estabilidad macroeconómica, libre importación de partes pero también de productos terminados, bajan algunos impuestos, pero no hay política industrial como en Brasil, se bajan tanto los aranceles a la importación que al final de cuentas a las multinacionales les conviene destinar la capacidad ociosa de sus fábricas en otros países a vender importados en la Argentina, en lugar de producir acá. Juegan en contra los tributos que pesan sobre la producción, así como un tipo de cambio que si se sigue atrasando a largo plazo encarece cada vez más lo que se elabora localmente. Los cambios de reglas con cada gobierno que llega no ayudan a planificar. Así es el análisis de al menos dos fuentes productivas criollas.
El triple golpe: importadores, plataformas y contrabando
En los últimos seis meses, este industrial despidió a 35 personas. Su planta, que llegó a tener cien trabajadores, hoy funciona con 65. Y aún así, reconoce que no alcanza: “Los chicos me dicen que para la venta de hoy necesitamos cuarenta. Yo tendría que despedir 25 más”. Lo frena la conciencia, no el balance. “Lo que estamos haciendo nosotros lo está haciendo el 80% de toda la industria del país”, dice, y la frase suena más a diagnóstico que a consuelo.
La historia que cuenta este fabricante tiene tres capas, y cada una pesa sobre la anterior. La primera es la apertura de importaciones. Desde la llegada del gobierno de Javier Milei, el universo de quienes pueden traer mercadería del exterior se multiplicó. “Hoy hay cinco mil importadores que antes no había”, describe. “Ahora cualquiera agarra un avión para China con veinte mil dólares e importa”. La segunda capa son las plataformas de comercio electrónico globales. “Después vienen Temu, Shein y AliExpress, y te llegan a tu casa sin pagar un peso de impuesto ni de arancel”, dispara. El contrabando hormiga digitalizado, como lo llaman algunos economistas, opera en una zona gris que el Estado argentino no ha terminado de regular. Mientras tanto, los fabricantes locales siguen tributando en pesos, pagando salarios en pesos y cumpliendo con una normativa laboral que sus competidores informales desconocen por completo.
Pero es la tercera capa la que más lo indigna: el contrabando físico, el que entra por la frontera norte del país de manera masiva y cotidiana. “Todos los días pasan no sé, trescientos, cuatrocientos, quinientos micros que van de todo el país a la frontera. El contrabando hormiga existía antes. Lo que cambió es la escala. “Yo creo que hay cinco veces más contrabando que el que había con los K, que ya había mucho”, asegura.
El industrial tiene locales propios en el microcentro cordobés, y lo que narra sobre la peatonal es casi una crónica de declive en tiempo real. “La peatonal hoy estás viendo que se cierra un local y a la semana se alquila. ¿Quiénes son los que alquilan? Peruanos, bolivianos y chinos. No hay ningún cordobés comerciante que alquile”, describe.
Los alquileres, que antes operaban en determinado rango, se están renegociando a la baja de manera sistemática. Sus propios inquilinos llaman cada dos meses para pedir rebajas del veinte, treinta o cuarenta por ciento, bajo amenaza de irse. “Cuando uno que paga seis me quiere pagar tres, le digo: andate. Y se lo alquilo a un peruano por siete”. La ironía es que ese nuevo inquilino, en muchos casos, trabaja con mercadería ingresada de manera irregular, lo que retroalimenta el mismo problema que expulsa a los comerciantes locales.
“El centro se volvió una cueva para los importadores truchos”, sentencia. Y aunque la frase suena dura, no la dice con desprecio hacia las personas sino con frustración hacia un sistema que, a su entender, mira para otro lado. “¿Por qué dejan que entre ese contrabando? La verdad que no lo sé”, admite, dejando la pregunta suspendida en el aire.
Lo que este fabricante describe en primera persona encuentra correlato directo en la última encuesta de la Unión Industrial Argentina. El Monitor de Desempeño Industrial (MDI), que anticipa la evolución de la actividad fabril, se ubicó en 43,5 puntos en abril de 2026, por debajo del umbral de expansión que se sitúa en 50. Si bien mejoró 7 puntos porcentuales respecto al promedio del primer trimestre —en parte por la baja base de comparación de enero, mes afectado por paradas de planta y vacaciones—, en términos interanuales la situación empeoró: el MDI cayó 2,2 puntos frente a abril de 2025.
El informe de la UIA, elaborado por el Centro de Estudios de la entidad sobre la base de 748 empresas encuestadas, muestra que el 38% de las firmas registró caídas en su producción en abril. El 45,5% informó caídas en ventas internas. Y lo que más preocupa: el 22,4% redujo su dotación de personal, tercer valor más alto de toda la serie histórica. Entre quienes ya ajustaron empleo, el 35,1% también redujo turnos de trabajo y el 21,3% adelantó vacaciones.
La dificultad para competir con productos importados, que el fabricante cordobés describe de manera tan visceral, figura ya como la tercera preocupación más mencionada por los industriales argentinos, con el 15,6% de las menciones. Aunque bajó levemente respecto a enero, su nivel es significativamente mayor al de octubre de 2024, cuando prácticamente no aparecía en los radares empresariales. La apertura importadora, en pocas palabras, se instaló como un problema estructural en muy poco tiempo.
El principal desafío sigue siendo la caída de la demanda interna, mencionada por casi la mitad de las empresas encuestadas. Le sigue el aumento de costos, impulsado fundamentalmente por los costos laborales y los insumos nacionales. Ambos problemas se retroalimentan: cuando la demanda cae y los costos no acompañan, el margen de maniobra se estrecha hasta que el ajuste de personal se vuelve inevitable.
La pregunta que más pesa en el relato de este industrial no es la económica sino la social. Cuando repasa los 35 despidos que ya realizó y los 25 que todavía considera necesarios, no lo hace con frialdad. “Lo que estamos haciendo lo está haciendo la mayoría de los fabricantes nacionales. Y yo me pregunto: esa gente, ¿adónde va a ir a trabajar?”
La pregunta no tiene respuesta fácil. La encuesta de la UIA refleja que el 24% de las empresas prevé reducir su dotación en el próximo año, mientras que solo el 20% espera incorporar personal. Las expectativas generales muestran cierta moderación: el 46,2% de las firmas anticipa una mejora en su propia situación para los próximos doce meses, pero ese porcentaje cayó respecto al relevamiento anterior. Y a nivel país, el optimismo también se retrajo: mientras que en 2025 el 64,3% de los empresarios esperaba que 2026 fuera mejor, solo el 17,8% dice estar efectivamente mejor hoy.
Según privados, la actividad económica cayó en abril tras el repunte de marzo
La actividad económica habría caído en abril, de acuerdo con proyecciones privadas. En marzo, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC registró un incremento récord de 3,5% mensual , cortando una racha de dos caídas mensuales consecutivas. En la comparación interanual, marcó una suba de 5,5%.
Para abril, el Indicador General de Actividad de la consultora Orlando J. Ferreres proyecta una caída de 0,7% mensual desestacionalizada, así como una variación de 0,0% con respecto al mismo mes del año pasado. El primer cuatrimestre habría terminado con un descenso de 0,3% en comparación con los primeros cuatro meses de 2025.
Para Equilibra, el determinante de la caída mensual tiene que ver con la actividad agropecuaria, ya que proyecta mermas de 13% mensual y de 11% en el EMAE agro de abril, debido al retraso de la cosecha de soja en las últimas semanas del mes y que se cosechó más maíz en marzo (a diferencia del año anterior). A ello debe sumarse una caída de 12% en la faena de carne bovina.
La consultora LCG señala que más allá del rebote de marzo, “no esperamos un crecimiento elevado para este año. Mantenemos nuestra proyección de una expansión de la actividad por debajo del 3% anual promedio, traccionado por unos pocos sectores (petróleo, minería, agro e intermediación financiera)”.
“Para el resto no hay drivers claros que impulsen el crecimiento. La demanda interna no logra consolidar una recuperación, afectada por el bajo poder adquisitivo y la retracción del crédito. A su vez, parte del consumo se desplaza hacia bienes importados, en un entorno de mayor competencia asociada a la apertura comercial y a un tipo de cambio real relativamente apreciado”, agrega la consultor
En marzo se hundieron las ventas en supermercados y mayoristas
El Indec publicó tres informes que muestran el deterioro del consumo en distintos canales comerciales y el Banco Central confirmó un nuevo aumento de la morosidad en marzo.
Las ventas en supermercados mostraron un derrumbe interanual del 5,1% en marzo. Además, durante el primer trimestre de 2026 la baja acumulada alcanzó el 3,1% frente al mismo período del año pasado. En la medición desestacionalizada, el indicador registró una variación del 0% respecto de febrero.
Entre los rubros con mayores aumentos se destacaron “Carnes”, con 41,9%; “Panadería”, con 27,0%; “Alimentos preparados y rotisería”, con 25%; y “Almacén”, con 22,7%.
En cuanto a las formas de pago, las tarjetas de crédito concentraron el 44,9% de las operaciones y registraron un aumento interanual del 18,2%. Las compras con débito representaron el 24,8% del total, mientras que las realizadas en efectivo alcanzaron el 16,6%.
En tanto en los autoservicios mayoristas, las ventas descendieron 7,2% frente a marzo del año pasado, mientras que el acumulado de enero y marzo mostró una baja del 2,6%. Mientras tanto, contra febrero se registró una disminución mensual del 1,4%.
Por su parte, en los centros comerciales, las ventas a precios constantes se hundieron 13,3% en comparación con marzo del 2025. En el acumulado del primer trimestre, la baja fue del 5,7%. En términos desestacionalizados, el indicador aumentó 1,5% respecto a febrero.
Por otra parte, el Banco Central publicó el informe sobre Bancos, y mostró un nuevo aumento de la mora en las familias. El ratio de irregularidad vinculado al endeudamiento de las familias de marzo se ubicó en el 11,5% cuando hace un año era del 3%. En el rubro de tarjetas de crédito, la morosidad subió al 11,7%; y en préstamos personales escaló a 14,2%.
La situación es más alarmante para las billeteras virtuales. Según un informe de la consultora EcoGo, el 27,5% de las carteras de entidades no bancarias presenta irregularidades, mientras que el segmento de deudores considerados “irrecuperables” ya alcanzaría en el 11% del total.
La baja del consumo y el incremento de la mora es producto del deterioro del poder de compra de los salarios. Desde noviembre de 2023, los salarios de los trabajadores registrados acumulan una pérdida del 9%. Es necesario un aumento salarial de emergencia para recuperar todo lo perdido estos años. ATE Indec calculó una canasta de consumos mínimos en marzo de $2.347.463. También se requiere un incremento de las jubilaciones y los programas sociales.
Caída del salario
Los salarios registrados (sector público + sector privado) perdieron 8,9 puntos de poder adquisitivo entre noviembre 2023 y febrero 2026. Durante 2024 la caída del poder de compra de los ingresos resultó más pronunciada, producto de la devaluación de inicio de la gestión. En tanto, en el último año medido, feb-25 vs feb-26, la retracción real del salario registrado fue de 4,2 pp.
“La evolución del poder adquisitivo muestra una pronunciada retracción a inicios de la gestión, seguido de una recuperación producto del descenso de la nominalidad. Se verifica que los dos últimos meses para los que se cuenta con información reflejaron una nueva etapa de reducción del poder de compra de los ingresos”, destaca el informe.
Y agrega: “Se espera que los meses subsiguientes profundicen dicha caída, como consecuencia de una dinámica de inflación que aumenta mensualmente, y acumula ya diez meses de incremento”.
Pérdida de puestos de trabajo y cierre de empresas
Según el documento, durante la gestión del presidente Javier Milei solo en siete de los últimos 26 meses se generaron puestos de trabajo registrados y ya se perdieron más de 205.000 empleos privados formales, afectando directamente los ingresos y la estabilidad económica de miles de hogares.
Por otra parte, tras ocho meses de contracción en el empleo privado formal, en febrero de 2026 se crearon 965 puestos de trabajo. Sin embargo, en la dinámica interanual, se aceleró por séptimo mes consecutivo la magnitud de la retracción, evidenciándose una evolución persistente de caída en el empleo formal privado, que sólo fue interrumpida durante la gestión en el lapso abril-julio 2025.
En paralelo, el informe alertó sobre el cierre de más de 24.000 pymes desde el inicio de la actual gestión, profundizando el impacto sobre el empleo y la actividad económica.
“Una cosa son los números que muestra el presidente Javier Milei y otra muy distinta es la vida cotidiana de las familias argentinas. Este informe habla de esa realidad: más deudas, menos capacidad de pago y mayor fragilidad en los hogares”.
El IVFC es una iniciativa impulsada por los diputados nacionales Nicolás Trotta, Guillermo Snopek, José Glinski, Santiago Roberto, Jorge Chica y Cristian Andino, integrantes del espacio Primero la Patria. El índice se publica mensualmente y busca medir el nivel de fragilidad económica que enfrentan los hogares argentinos.
Junio tendrá más tarifazos
Los servicios básicos continúan aumentando por encima del promedio general de precios y absorben una porción cada vez mayor de los ingresos populares. El propio Indec mostró que en abril los rubros vinculados a servicios estuvieron entre los que más subieron: transporte aumentó 4,4 %, educación 4,2 %, comunicación 4,1 % y vivienda, electricidad, gas y agua 3,5 %, todos por encima del índice general. Se prevé que la situación se agrave en junio.
Con salarios de las grandes mayorías congelados y las tarifas en ascenso para garantizar negocios millonarios a las privatizadas, llegar a fin de mes se hace vez más difícil.
El Gobierno confirmó que en junio extenderá una bonificación extraordinaria para algunos sectores de menores ingresos en las tarifas de luz y gas. Sin embargo, lejos de representar un alivio real, estas medidas buscan apenas moderar el impacto social de aumentos que siguen siendo brutales.
Los datos son contundentes. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), entre abril y mayo la canasta de servicios públicos en el AMBA aumentó 17,5 %. En un año, el incremento acumulado fue del 50 %, muy por encima de la inflación.
El golpe más fuerte vino por el lado del gas. La factura promedio para usuarios sin subsidios pegó un salto mensual de 53,3 %, impulsada por el aumento de tarifas y el mayor consumo estacional con la llegada del frío. En electricidad, la suba mensual fue de 37,8 %.
Lejos de ser suficiente, de terminar de aprobar la modificación a la ley de “zonas frías” millones de hogares verán sus tarifas crecer de forma abrupta o incluso duplicarse. El conjunto de los usuarios sufrirá aumentos como consecuencia de que el petróleo y el gas tienen precios elevados a nivel internacional debido a la guerra imperialista de Estados e Israel contra Irán que impactan en el país por la liberalización de precios impulsada por Milei.
Todo esto ocurre mientras el Gobierno paralizó obras estratégicas de infraestructura energética y avanza con privatizaciones y negocios para grandes grupos empresarios. A pesar de que Argentina cuenta con una de las reservas de gas más importantes del mundo en Vaca Muerta, la política oficial obliga a importar gas licuado a precios internacionales mientras se beneficia a las empresas privadas del sector.
Al mismo tiempo, continúan los proyectos de privatización de empresas estratégicas. Ya se avanzó con la venta del control de Transener y el Gobierno prepara la licitación de AySA, profundizando un esquema donde servicios esenciales quedan subordinados exclusivamente a la rentabilidad empresaria.
Junio también llega con nuevos aumentos en colectivos, trenes y peajes. En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivo subirá 4,2 % y pasará a costar $788,41. Para las líneas nacionales del AMBA el aumento será del 2 % desde el 15 de junio. Para las que dependen de la provincia de Buenos Aires todavía no se confirmó el nuevo cuadro tarifario, pero si se replica el esquema de mayo el boleto mínimo podría superar los $1.000.
Los trenes metropolitanos también aumentarán fuerte: el boleto subirá 12,9 %, pasando de $310 a casi $350.
Los peajes porteños volverán a incrementarse 4,6 %, consolidando otro mecanismo de transferencia de ingresos hacia empresas concesionarias.
A eso se suma el deterioro cotidiano del servicio: menor frecuencia, unidades saturadas y viajes cada vez más largos y precarios. Mientras millones gastan más para viajar peor, el Gobierno sigue reduciendo subsidios y favoreciendo la rentabilidad empresaria.
Desde la asunción de Milei, el transporte público acumuló aumentos de entre 1.200 % y 1.668 %, según el tipo de servicio.
La presión inflacionaria de junio no se limita a las tarifas energéticas y al transporte. El 15 de junio YPF deberá definir si aplica nuevos aumentos en los combustibles. Aunque el Gobierno mantuvo parcialmente congelados los precios para intentar contener la inflación, la suba del petróleo y la política fiscal oficial mantienen abierta la posibilidad de nuevos incrementos. Cada aumento en combustibles impacta directamente sobre el precio de alimentos y mercaderías en general.
Las prepagas volverán a aumentar entre 2,6 % y 2,9 %, profundizando la expulsión de miles de afiliados hacia un sistema público desfinanciado por el propio Gobierno. También subirán las cuotas de colegios privados, con incrementos de entre 4 % y 5 % en Provincia y Ciudad de Buenos Aires.
A esto se agregan aumentos en telefonía, servicios de conectividad y alquileres, que continúan devorando los ingresos de trabajadores, jubilados y sectores populares.
Todo ocurre en un contexto donde los salarios vienen perdiendo sistemáticamente contra la inflación desde la gestión de Macri y sin dejar de descender durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El resultado es cada vez más visible: pluriempleo, endeudamiento, caída del consumo y trabajadores pobres incluso teniendo empleo formal.
Mientras el Gobierno exige sacrificios permanentes a las mayorías populares, los grandes grupos empresarios siguen acumulando ganancias extraordinarias mediante tarifazos, negocios financieros y privatizaciones. Las tarifas liberadas forman parte de una transferencia gigantesca de ingresos desde los trabajadores hacia las empresas privatizadas de energía, transporte y servicios. Un modelo que no busca garantizar derechos básicos, sino asegurar ganancias para un puñado de ricos.
Frente a esta situación, es necesario discutir una salida completamente opuesta al ajuste libertario. Los servicios públicos esenciales no pueden seguir funcionando en manos de empresarios que priorizan ganancias mientras millones no llegan a fin de mes. Es necesario nacionalizar bajo control de las y los trabajadores las empresas de energía, transporte y servicios públicos, para garantizar servicios de calidad, accesibles y organizados según las necesidades sociales y no en función de la especulación empresarial.
Al mismo tiempo, se impone una recomposición de emergencia de salarios y jubilaciones, con actualización automática según inflación, para recuperar todo lo perdido. Porque mientras el Gobierno garantiza negocios y subsidios para los grandes empresarios, son millones los que deben elegir entre pagar la tarifa o llenar la heladera.
Los pobres tributan más que los ricos
Por Silvana Melo – Agencia Pelota de Trapo
El 10 % más rico paga doce puntos menos de impuestos de sus ingresos que los pobres. El IVA es el 40 % de lo que se recauda. Los sectores populares abultan esa recaudación porque gastan lo que ganan en alimentos, remedios, consumos básicos. Un país gobernado por quienes legalizan la heroicidad de los que evaden y sienten repulsa por la pobreza.
La desigualdad y la impronta injusta de una aplanadora que no deja nada en pie se enseñorean por los pasillos de una sociedad agobiada. Una imposición arbitraria y despótica cuando es acompañada de un discurso de repulsa hacia la pobreza, determina que los ultra ricos paguen doce puntos menos de impuestos que los sectores más castigados. La Argentina desigual al palo. Profundizada con placer orgásmico por la cabeza de la caterva gobernante, que nombra la heroicidad de los que evaden y califica a la justicia social como aberración. Nunca el poder político había sido tan desnudamente sirviente y lacayo del poder económico. En estos días el Observatorio Tributario Internacional presentó en la UBA un estudio sobre la desigualdad tributaria en territorio latinoamericano. Y la Argentina dejó en la vidriera datos pavorosos.
Los ricos y los ultra ricos son tributarios (emocionales y con ecos en X) de la gobernancia actual, aunque en sus fueros más íntimos hasta se permitirían cierto pudor por tamaña sobreactuación pública del topo que destruye el Estado desde adentro. Pero la verdad -la realidad, que es la única- es que el país se anota entre los más desiguales: el 10% más rico paga el 25 % de sus ingresos en impuestos. La clase media, el 29%. Y la franja más pobre, un 37 %. El Tax Observatory (ITO, siglas en inglés del Observatorio Tributario Internacional), en palabras de su representante, plantea que ese sistema es claro y vehementemente injusto: “se cobra mucho impuesto cuando la gente consume: cuando compra comida, remedios, ropa o paga el transporte, paga el IVA”, comienza a explicar Vicente Silva a eldiarioar. Las clases populares tienen salarios esforzados que gastan generalmente en alimentos y en el consumo básico para la supervivencia. Todo eso gravado con el IVA. Los ricos pocas veces pagan por sus consumos. Es decir que el IVA los observa de lejos. El resto de los impuestos que pagan no alcanza a compensar la enorme diferencia con los más pobres.
Algunos, incluso, tienen empresas multimillonarias en el país. Pero viven en la tierra de enfrente, cruzando el Río de la Plata. Es decir, tributan en otro país. Con la generosidad y la empatía que caracteriza a la riqueza concentrada.
Durante la pandemia, con muchísimo trajín político e ideológico, logró aprobarse en el Congreso en 2021 un aporte extraordinario (por única vez) de las grandes fortunas. En 2020 “3800 millones de dólares se alcanzarían cobrándole solo a las 15.000 personas que concentran las mayores riquezas declaradas del país”. Los más ricos se rebelaron sotto voce. Ellos tienen cómo hacerle saber al poder político lo que no les gusta sin estridencias. Muchos no pagaron: pusieron en marcha la maquinaria legal con cautelares y amparos. Otros ya se habían mudado de país.
Desde la ITO revelan que el IVA es el 40% de lo recaudado y Bienes Personales, apenas el 1,3%. El porcentaje que pagan los más ricos quedó reducido por la abultada rebaja del impuesto que decidió el gobierno, ése que responde al poder concentrado. Y desprecia a los castigados por un sistema impiadoso.
“En la Argentina sólo seis personas, los milmillonarios, poseen más de US$20.000 millones e incrementan su fortuna a un ritmo que va alrededor del 8% anual y lo hacen gracias a las rutas, los puertos y el capital humano que se forma en las escuelas y las universidades públicas y que son pagadas con los impuestos de todo el resto”, dice Vicente Silva a Alejandro Rebossio.
Son Marcos Galperin (Mercado Libre), Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy), Eduardo Eurnekian (Corporación América), Eduardo Costantini (Consultatio), Delfín Carballo (Banco Macro) y Paolo Rocca (Techint).
Ante el famoso impuesto a las grandes fortunas, los ricos levantaron un teléfono y los jueces los eximieron de tributar. Ante el hambre y el derrumbe de la salud pública el reclamo de miles termina con palos y gases para llorar.
La Argentina desigual e injusta. Donde cayeron 24.437 empresas en 27 meses. El 4,8% de las existentes. Ni en la pandemia hubo un derrumbe semejante.
Un 40 % menos de presupuesto ejecutado en Salud que en 2023.
742.000 afiliados menos en obras sociales y prepagas.
398% fue el aumento de las prepagas en estos dos años.
35% de aumento de las internaciones en hospitales públicos. El 53 % con obras sociales y prepagas.
20 millones de personas afectadas en la provisión de medicamentos con la caída del Plan Remediar.
Apenas unos apuntes de la Argentina profundamente injusta que se trama día tras día con la aguja del derrumbe. De esta demolición que duele en la misma sangre y en la que habrá que reconstruir desde los mismos escombros.
El FMI pide suba del Monotributo y que más trabajadores paguen Ganancias
Por Julio Pérez
El combo del FMI incluye además beneficios a las exportadoras con baja de retenciones. Con la caída de la recaudación por la crisis económica y los enormes beneficios a las patronales, al Gobierno se le complica mantener el “superávit” (que el propio FMI ya desmintió). Mientras avanzan en medidas de exenciones impositivas para el gran capital como el Súper RIGI e inocencia fiscal, el organismo pide más ajuste y aumentar los impuestos a los trabajadores.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) exigió al Gobierno de Milei que aplique rápidamente una profunda reforma tributaria. El objetivo es obligar a que una mayor cantidad de asalariados vuelva a tributar el Impuesto a las Ganancias y aplicar nuevos aumentos en las cuotas mensuales que abonan los monotributistas.
Así surge del último staff report del FMI tras la segunda revisión. El informe titulado “Argentina: temas seleccionados”, se publicó apenas horas después de que el organismo girara 1.000 millones de dólares al país, monto que forma parte del nuevo pacto de endeudamiento por 20.000 millones contraído por el presidente y su ministro de Economía, Luis Caputo.
Con una recaudación en caída tras la baja de la actividad económica y los beneficios al gran capital como baja de bienes personales a los más ricos del país o la baja de retenciones a las exportadoras, el FMI pone en duda el “superávit” fiscal y pide una nueva reforma tributaria.
Mientras el Gobierno avanza con una nueva rebaja de retenciones al campo y a la industria, reduce las contribuciones patronales mediante la reforma laboral y regala soberanía con el “Super RIGI”, la receta para la clase trabajadora es un tarifazo impositivo brutal.
A continuación, los tres ejes del plan buitre del FMI:
Aumento del monotributo: castigo los precarizados
El FMI apuntó contra el Monotributo, exigiendo un “alineamiento” con el régimen general que, en la práctica, significa un aumento drástico de la carga tributaria para el sector.
El organismo considera que este régimen genera “fragmentación empresarial”, cuando en realidad mayormente esconde relaciones laborales de dependencia, un fraude laboral que quita derechos como vacaciones o aguinaldo a millones. Mientras que se desplomaron la cantidad de trabajadores “en blanco” con Milei, la figura del Monotributo fue lo que más creció.
Según trascendió recientemente, el equipo de Caputo ya evalúa eliminar el régimen simplificado para empujar a los contribuyentes al asfixiante régimen de autónomos.
Esta medida golpearía a los más de 2,2 millones de adherentes puros (que llegan a 4,7 millones si se suman empleados, jubilados y directores que facturan servicios). El objetivo fiscal según cálculos del Fondo, es que el Estado podría ahorrar un 1% del PBI.
Robo al salario: más de 2 millones de trabajadores pagarán Ganancias
La iniciativa del FMI exige retrotraer el Impuesto a las Ganancias al esquema de 2019, bajando el piso a partir del cual se empieza a tributar. Esto en un escenario de profunda caída de los salarios: casi un 20% de pérdida de poder adquisitivo con respecto a 2019, lo cuál la presión es aún mayor.
El plan busca revertir las modificaciones de 2023 y 2024 para ampliar masivamente la cantidad de asalariados inscriptos en el gravamen. Para el establishment, el salario es una ganancia que debe ser confiscada.
La meta: El FMI exige que al menos el 20% de los trabajadores formales vuelvan a tributar.
Los afectados: Esto implicaría pasar del millón de trabajadores que pagan hoy a 2,3 millones de personas.
La recaudación: Con este masivo robo al salario, pretenden extraer unos US$ 3.000 millones anuales (0,4% del PBI).
IVA a la comida: encarecer la canasta básica en medio del hambre
El pilar más cruel de la reforma recae sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA), un impuesto regresivo que alcanza a toda la población. En un país afectado por la inflación y la pobreza, el FMI propone unificar las tasas impositivas al 21%, eliminando las alícuotas reducidas y las exenciones.
Golpe a los alimentos: Hoy en día, muchos alimentos y productos de primera necesidad de la canasta básica pagan una tasa reducida del 10,5% o están exentos. El plan del Fondo es llevarlos a la tasa general, encareciendo automáticamente la comida de millones de familias.
La falsa compensación: El organismo propone paliar este encarecimiento con “transferencias directas” a los sectores vulnerables, un mecanismo clásico de focalización de la miseria que nunca logra compensar el daño real en el poder adquisitivo. Con esto, buscan garantizarse otro 0,4% del PBI.
El plan Hood Robin de Milei y el FMI
La reforma tributaria que exige el FMI y que Milei y compañía preparan para ejecutar es una declaración de guerra contra las mayorías populares. La lógica del modelo es innegable: se le exige un esfuerzo histórico a los asalariados, se exprime a los monotributistas precarizados y se encarece la comida básica, todo con el fin de juntar los dólares necesarios para pagar la deuda externa y financiar la fiesta de exenciones fiscales del gran empresariado. Un nuevo saqueo en curso que es urgente enfrentar.
En 2025, Argentina quedó última en el ranking de inversión extranjera directa regional
Argentina fue el país que menos inversión extranjera directa (IED) recibió en 2025 entre las principales economías de América Latina. El dato, que se desprende de un informe elaborado por Misión Productiva en base a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), refleja las dificultades persistentes para consolidar un clima de negocios atractivo para el ingreso de capitales de largo plazo, incluso en un contexto donde el Gobierno impulsó incentivos específicos para grandes proyectos de inversión.
De acuerdo con el relevamiento de la OCDE, Brasil lideró ampliamente la recepción de inversión extranjera directa en la región con US$ 76.877 millones durante 2025. En segundo lugar se ubicó México, con US$ 40.871 millones, seguido por Chile con US$ 13.152 millones y Colombia con US$ 11.462 millones.
Más atrás apareció Costa Rica, con US$ 5.733 millones, mientras que Argentina quedó en el último lugar del ranking con US$ 3.134 millones de IED neta.
El informe destaca que incluso economías considerablemente más pequeñas lograron captar mayores flujos de capitales externos, lo que evidencia las dificultades estructurales que enfrenta la economía argentina para atraer inversiones productivas sostenidas.
“El contraste refleja las dificultades persistentes de la Argentina para consolidarse como destino de capital productivo de largo plazo, aún en sectores donde el país posee ventajas competitivas y fuertes incentivos regulatorios”, sostuvo el reporte.
Uno de los puntos centrales del análisis es que el bajo desempeño se produjo pese a la implementación del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), una de las principales apuestas del Gobierno para atraer capitales externos, especialmente en sectores vinculados a energía, minería y recursos naturales.
Sin embargo, desde Misión Productiva advirtieron que los proyectos asociados al RIGI no alcanzan para generar un proceso amplio de inversiones sobre el conjunto de la economía.
“El dato resulta especialmente significativo porque ocurre en un contexto donde el Gobierno impulsó un fuerte esquema de incentivos a grandes inversiones mediante el RIGI. Sin embargo, los números muestran que esas inversiones vinculadas principalmente a recursos naturales y energía no alcanzan para generar un proceso amplio de atracción de capitales”, indicó el documento.
En ese sentido, el informe remarcó que la capacidad de atraer inversiones no depende únicamente de beneficios regulatorios o fiscales, sino también de factores vinculados al funcionamiento general de la economía, como el nivel de actividad, el acceso al crédito, la estabilidad macroeconómica y las perspectivas de crecimiento.
¿Por qué no crece la inversión extranjera?
Entre los principales factores que explican el mal desempeño argentino en materia de inversión extranjera, Misión Productiva enumeró la fuerte caída del consumo y de la demanda interna, la paralización de la obra pública, la escasez de crédito productivo, la apreciación cambiaria y el deterioro de la competitividad de sectores transables.
También mencionó la elevada incertidumbre sobre la sostenibilidad futura del esquema macroeconómico y la debilidad del entramado PyME, junto con la caída de sectores intensivos en empleo.
“La inversión extranjera difícilmente pueda expandirse de manera sostenida en un contexto de mercado interno deprimido, utilización ociosa de capacidad instalada y ausencia de financiamiento de largo plazo”, señalaron.
Por último, el informe sostuvo que los países que lograron procesos sostenidos de desarrollo económico mantuvieron históricamente tasas de inversión mucho más elevadas que las actuales en Argentina y advirtió que el desafío hacia adelante será reconstruir condiciones para una expansión más amplia de la inversión productiva.
“De otra manera, la actual estrategia de estabilización y el rumbo productivo del Gobierno seguirán teniendo impactos negativos en el largo plazo”, concluyó el reporte.
¿Cómo le fue al último trimestre de 2025?
De acuerdo con el último informe trimestral del balance de Inversión Extranjera Directa (IED) que elabora el Banco Central, durante el cuarto trimestre de 2025 se registraron egresos netos de IED por US$ 4.687 millones, principalmente como consecuencia de la cancelación de deuda comercial entre empresas vinculadas.
Según el reporte oficial, la renta de capital de la IED alcanzó los US$ 1.436 millones en el período analizado. Más de la mitad de esa cifra fue explicada por los sectores de “Industria manufacturera” y “Explotación de minas y canteras”, que concentraron el 26% y 25% del total, respectivamente. A su vez, la distribución de utilidades y dividendos fue de US$ 1.194 millones, lo que dejó una reinversión de utilidades de apenas US$ 241 millones.
En cuanto a los aportes de capital, el informe detalló ingresos netos por US$ 1.111 millones en el cuarto trimestre de 2025, de los cuales el 93% correspondió a aportes en efectivo. Los sectores que más capital recibieron fueron “Otros intermediarios financieros”, con US$ 436 millones, e “Industria manufacturera”, con US$ 321 millones.
Sin embargo, el principal factor detrás de la salida neta de capitales fue el fuerte desendeudamiento comercial. Las transacciones de deuda con empresas vinculadas mostraron egresos netos por US$ 5.363 millones, impulsados por una reducción de deuda comercial de US$ 5.657 millones.
Pese a estos movimientos, el stock total de inversión extranjera directa en Argentina alcanzó los US$ 181.037 millones al cierre de 2025. De ese total, US$ 126.618 millones correspondieron a participaciones de capital y US$ 54.419 millones a instrumentos de deuda.
La industria manufacturera continuó siendo el principal destino de la IED, con una posición de US$ 61.235 millones, seguida por explotación de minas y canteras, con US$ 50.921 millones. Entre ambos sectores, junto al comercio mayorista y minorista, concentraron el 71% del stock total de inversión extranjera en el país.
Por países, Estados Unidos se mantuvo como el principal origen de la IED en Argentina, con un stock de US$ 32.060 millones, equivalente al 18% del total. Lo siguieron España, con US$ 25.715 millones, y Países Bajos, con US$ 21.580 millones.
Industria yerbatera
El precio alcanza los $250 por kilo, mientras que algunos casos excepcionales alcanzan los $300, aunque con plazos de pago de hasta 120 días. Frente a ese escenario, el precio debería estar en $600 el kilo de hoja verde, según los productores.
Además, existen extensos plazos de cobro y limitaciones de los programas provinciales destinados a aliviar la situación financiera de los productores. “La gran mayoría no están pudiendo entrar a este beneficio porque están cobrando por debajo de los $300”, explicó un productor.
El entrevistado también alertó sobre el deterioro de los yerbales debido a la imposibilidad de realizar inversiones básicas. “Fertilizantes ni averiguamos los precios porque es imposible comprar”, afirmó.
Según detalló, desde 2024 los productores dejaron de aplicar fertilizantes y de realizar tareas esenciales de mantenimiento. “El productor no puede comprar más una bolsa de fertilizantes. Está imposibilitado”, aseguró.
Pirelli reducirá su producción de neumáticos en Argentina
La fabricante de neumáticos Pirelli suspenderá parte de su producción durante los próximos días en medio de la caída de ventas de autos 0 kilómetro, la baja en las exportaciones a Brasil y el retroceso de la actividad automotriz local. La decisión fue acordada con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y afectará el funcionamiento de los tres turnos de la planta y sus 650 trabajadores.
Las máquinas dejarán de operar el domingo y las tareas recién se retomarán el martes. La medida responde principalmente al recorte en la producción de la automotriz Stellantis en su planta de El Palomar desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio.
El escenario impacta de manera directa sobre Pirelli, proveedora del sector automotor y ya afectada por una fuerte baja en la producción en los últimos años.
Hoy, Pirelli produce entre 3.500 y 4.000 neumáticos por día, muy por debajo de las 18.000 unidades diarias que fabricaba en 2013 y de las cerca de 9.000 registradas durante la pandemia. Además, el 75% de los neumáticos que se venden en el mercado local provienen del exterior.
La empresa no quiso hacer comentarios sobre la situación actual de la empresa y el plan que se llevará adelante con respecto a los empleados.
Por su parte, Stellantis comunicó oficialmente una nueva parada productiva en su planta de El Palomar en medio del proceso de ajuste que atraviesa la industria automotriz. Según informó la empresa el miércoles 20 de mayo, las instalaciones permanecerán sin actividad desde el 25 de mayo hasta el 5 de junio inclusive, retomando las tareas el lunes 8 de junio, según se señaló en el comunicado difundido a los trabajadores.
Además, la compañía indicó que durante ese período las tareas deberán realizarse bajo modalidad home office y que solo podrán ingresar a planta quienes desarrollen actividades esenciales previamente autorizadas.
La histórica fábrica de neumáticos Fate anunció en febrero el cierre definitivo de su planta industrial en Virreyes, San Fernando, dejando a más de 900 empleados sin trabajo. La empresa atribuyó la decisión a la caída del consumo, la pérdida de rentabilidad y la apertura de importaciones
Desde el inicio de la presidencia de Javier Milei, en diciembre de 2023, se registró la pérdida de 24.437 empresas, lo que representa una caída del 4,8% del total país.
Según el último Monitor mensual de empresas elaborado por el centro de investigación Fundar, se trata de “la peor dinámica de los primeros 27 meses de un gobierno”.
Libertad para que las petroleras cobren lo que quieran
La llamada Ley Bases profundizó la entrega del sector energético al modificar el marco regulatorio hidrocarburífero. Entre otros cambios, eliminó la obligación de priorizar el abastecimiento interno y habilitó a las empresas a exportar, importar y fijar precios con total libertad.
En otras palabras, si una petrolera puede vender el barril a precio internacional, no tiene ningún incentivo para comercializarlo más barato en el mercado local. El objetivo es maximizar las ganancias privadas, aunque eso signifique encarecer el combustible, el gas y la electricidad para millones de hogares.
La diferencia entre el 5,2 % del IPIM y el 2,6 % del IPC no implica automáticamente que los precios al consumidor vayan a duplicarse. Ambos índices miden canastas distintas. La inflación mayorista releva bienes transables y productos que se comercializan entre empresas. La inflación minorista incorpora además servicios y consumos finales de los hogares.
Sin embargo, cuando el aumento se concentra en energía y combustibles, el impacto sobre el resto de los precios puede terminar trasladándose, ya que se trata de insumos básicos para el transporte, la industria y la producción de alimentos.
El golpe de los precios internacionales se combina con otra política central del Gobierno: la reducción de subsidios para sostener el superávit fiscal. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), en mayo una familia tipo del AMBA necesitó $ 249.834 para cubrir luz, gas, agua y transporte, un aumento mensual de 17,5 %. En un año, esa canasta subió 50 % y ya representa el 14,1 % del salario promedio registrado.
Baja de retenciones al trigo en pleno ajuste sobre las mayorías
Javier Milei anunció una nueva rebaja de retenciones para el agro y distintos sectores industriales, en una medida que vuelve a mostrar con claridad quiénes son los verdaderos beneficiarios del modelo libertario. Mientras el Ejecutivo profundiza el ajuste sobre universidades, hospitales, discapacidad, jubilaciones y programas sociales, el Presidente decidió reducir impuestos a uno de los sectores más concentrados y ricos de la economía argentina.
Durante un acto en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Milei confirmó que las retenciones al trigo y la cebada bajarán de 7,5 % a 5,5 % desde junio de 2026 y prometió una reducción gradual para la soja a partir de enero de 2027. “Vamos a seguir bajando retenciones, vamos a seguir achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde”, afirmó el mandatario frente a empresarios y dirigentes de las patronales rurales.
La frase resume el sentido de su política económica, el “achicamiento del gasto público” significa menos presupuesto para salud, educación y asistencia social. Mientras docentes universitarios cobran salarios de pobreza y hospitales públicos denuncian que no pueden garantizar su funcionamiento por falta de partidas, Milei decide resignar recursos fiscales para beneficiar a las grandes patronales agrarias.
El propio Milei reconoció que “el campo proyecta uno de sus mejores años en la historia, con cosechas y exportaciones récord”. Las proyecciones de la Bolsa de Cereales anticipan una producción de trigo de 21,3 millones de toneladas para la campaña 2025/2026, una de las tres mayores de la historia argentina. Es decir, las patronales agroexportadoras atraviesan un momento extraordinario y aun así reciben nuevos beneficios fiscales.
La medida también tendrá impacto sobre los precios internos de los alimentos. La baja de retenciones incrementa el precio que los exportadores pueden obtener por vender trigo y otros granos al exterior. Como consecuencia, aumenta el incentivo a exportar y sube el precio interno de materias primas fundamentales para productos básicos como pan, harinas y fideos. En otras palabras, mientras Milei promete combatir la inflación, toma medidas que presionan al alza sobre alimentos esenciales para millones de familias trabajadoras.
La política oficial profundiza además un modelo económico cada vez más dependiente de la exportación de materias primas de bajo valor agregado. El Gobierno apuesta a consolidar una economía centrada en el agronegocio, la minería y los hidrocarburos, sectores altamente concentrados, controlados por grandes corporaciones y que generan relativamente poco empleo.
El mismo esquema aparece detrás del RIGI, de la apertura comercial indiscriminada y de los acuerdos de libre comercio que Milei celebró en su discurso. El objetivo es convertir al país en una plataforma exportadora de recursos naturales y productos primarios, subordinada a las necesidades del mercado mundial y de las grandes multinacionales. Mientras tanto, da vía libre a las importaciones y la industria nacional se destruye.
La contracara de ese modelo extractivista es la reprimarización de la economía y una creciente dependencia externa. Los dólares que ingresan por exportaciones agrícolas, mineras y energéticas no se utilizan para desarrollar infraestructura, diversificar la producción ni mejorar las condiciones de vida de las mayorías populares. Se destinan al pago de la deuda externa, la fuga de capitales y la especulación financiera.
Los propios datos oficiales muestran que durante el gobierno de Milei ingresaron miles de millones de dólares por exportaciones y préstamos internacionales, pero las reservas siguen siendo frágiles porque las divisas se fugan por distintas vías: pagos de deuda, remisión de utilidades de multinacionales, turismo exterior y dolarización de grandes empresas y sectores acomodados.
En paralelo, el ajuste golpea cada vez más fuerte sobre trabajadores y jubilados. Los salarios siguen perdiendo contra la inflación, el empleo industrial se derrumba y los presupuestos de universidades y hospitales públicos sufren recortes históricos. El Gobierno habla de “equilibrio fiscal”, pero ese equilibrio se construye transfiriendo recursos desde las mayorías populares hacia las grandes patronales del agro, las energéticas y el capital financiero.
Otros US$ 1.000 millones del FMI para pagar una deuda fraudulenta
El Gobierno de Javier Milei volvió a profundizar la subordinación de la Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de la aprobación de un nuevo desembolso por US$ 1.000 millones. El directorio del organismo avaló la segunda revisión del acuerdo firmado por Luis Caputo y celebró el rumbo económico basado en ajuste fiscal, reforma laboral, desregulación y mayor apertura al capital extranjero. Detrás de los elogios de Kristalina Georgieva se esconde una realidad muy distinta para las grandes mayorías: salarios pulverizados, jubilaciones de miseria, destrucción del empleo y una deuda externa cada vez más impagable.
La directora del FMI afirmó que el Gobierno “ha seguido avanzando con paso firme en la estabilización y la creación de una economía más orientada al mercado” y elogió las reformas fiscales, laborales y comerciales impulsadas por Milei. También celebró la reducción de subsidios, el recorte del gasto público y pidió profundizar las reformas previsionales y tributarias. Es decir, el Fondo volvió a exigir más ajuste contra trabajadores, jubilados y sectores populares para garantizar el cobro de una deuda fraudulenta.
Georgieva incluso habló de una “impresionante reducción de la pobreza”, una afirmación que contrasta brutalmente con la situación social del país. La supuesta estabilización económica se sostiene sobre una caída histórica del poder adquisitivo, tarifazos permanentes, aumento de la precarización laboral y un deterioro cada vez mayor de la salud y la educación públicas. Mientras el FMI aplaude el “superávit fiscal”, las universidades siguen desfinanciadas, los hospitales colapsan y millones de familias recurren al endeudamiento para llegar a fin de mes.
El nuevo desembolso tampoco representa una ayuda para la población. Como ocurrió con los fondos ya girados en el marco del acuerdo actual, los dólares no se utilizarán para mejorar salarios, jubilaciones ni infraestructura social. Serán destinados a sostener el pago de la deuda, garantizar la bicicleta financiera y alimentar la fuga de capitales. El propio FMI lo dejó claro al reclamar “un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales” para refinanciar los vencimientos y reducir gradualmente la exposición con el organismo.
La lógica es la misma que domina desde hace décadas, más deuda para pagar deuda. La Argentina continúa atrapada en un círculo vicioso donde cada nuevo préstamo sirve para cancelar vencimientos anteriores mientras se multiplican las exigencias de ajuste. Bajo el gobierno de Milei, la deuda pública ya trepó a casi US$ 500.000 millones y aumentó más de US$ 71.000 millones desde noviembre de 2023.
Al mismo tiempo, el Gobierno ya pagó alrededor de US$ 20.000 millones solamente en intereses de deuda externa durante estos dos años. Una cifra escandalosa que equivale a más de ocho veces lo necesario para financiar plenamente las universidades nacionales.
El relato oficial sobre el “orden fiscal” también se sostiene mediante verdaderas trampas contables. Gran parte de los intereses de la deuda en pesos son capitalizados y no figuran como gasto corriente, permitiendo mostrar un supuesto superávit financiero que en realidad es ficticio. El esquema económico de Caputo y Milei depende completamente del endeudamiento permanente, de tasas de interés elevadas y de un ajuste brutal sobre el salario y el gasto social.
El propio FMI reconoció que persisten “vulnerabilidades” en la economía argentina y volvió a reclamar una mayor acumulación de reservas. En otras palabras, exige seguir utilizando los dólares generados por el trabajo y las exportaciones del país para garantizar futuros pagos de deuda. Pero los próximos años presentan vencimientos imposibles de afrontar sin profundizar todavía más el ajuste y la entrega.
La deuda contraída originalmente por Mauricio Macri en 2018 fue ilegal e ilegítima. Violó incluso las normas internas del propio FMI y tuvo como objetivo financiar la fuga de capitales y sostener artificialmente una campaña electoral. Lejos de investigar esa estafa, el gobierno del Frente de Todos decidió reconocerla y refinanciarla, consolidando la tutela del Fondo sobre la economía argentina. Milei y Caputo ahora profundizan ese camino de sometimiento.
Cada nueva revisión del acuerdo y cada desembolso refuerzan la dependencia del país respecto al capital financiero internacional. El FMI no actúa como un organismo de ayuda sino como garante de un programa económico al servicio de los acreedores y las grandes corporaciones, imponiendo reformas regresivas y condicionando toda la política económica nacional.
Frente a esta sangría permanente, es necesario levantar una salida de fondo. La ruptura con el FMI y el desconocimiento soberano de la deuda externa fraudulenta e ilegítima son condiciones indispensables para terminar con décadas de saqueo y subordinación. Los recursos que hoy se destinan al pago de intereses y vencimientos deberían ponerse al servicio de mejorar la calidad de vida de las grandes mayorías y un plan económico que permita sacar al país de la dependencia y el atraso.
Ley Hojarasca
Con 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones obtuvo media sanción la “Ley Hojarasca” impulsada por el ministro Federico Sturzenegger que deroga 60 normas. El término “hojarasca” refiere a “algo inútil”, en alusión a las hojas secas que caen de los árboles.
Es que el discurso libertariano se centró en hablar de derogar “la pena de azotes” o el “carnet de mochilero” obligatorio para circular, intentando ocultar una serie de derogaciones que buscan desregular sectores de la economía a favor de capitales concentrados. Fue el tono de la fundamentación de diputados del oficialismo como Nicolás Mayoraz de La Libertad Avanza que defendió la ley porque suprime “normas que están superadas por normas posteriores o que por lo obsoleta son ridículas”.
Detrás de ese discurso hay poderosos intereses económicos.
Uno de ellos, el de los grandes laboratorios extranjeros que están buscando hace rato copar el mercado local y monopolizar con precios más altos. Bajo el gobierno de Javier Milei, todo el sector de la salud pública está siendo atacado, sumando a medicamentos cada vez más caros, hasta prepagas con cuotas impagables. Con Hojarasca se deroga la Ley 26.688 que declaraba de interés nacional la producción pública de medicamentos, vacunas e insumos médicos, que funciona como una protección frente a los laboratorios extranjeros. Esta iniciativa va a tono con el lobby norteamericano para aprobar el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).
Fue una de las denuncias que hizo la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman que sentenció: “Esto no es hojarasca, es una nueva entrega de soberanía y para ponerse de rodillas frente a EE UU”. Dedicó unas palabras al artífice de la norma: “Sturzenegger fue procesado por el megacanje, solo por muchos favores de la justicia Comodoro Py pudo volver a ser funcionario. Debería estar preso y no redactando leyes”.
Por su parte, Romina del Plá apuntó a la desregulación que ataca a las y los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y denunció que fueron reprimidos. Hojarasca elimina artículos de la ley 22.461 sobre transferencia de tecnología extranjera, suprimiendo mecanismos de control estatal. Los artículos que deroga apuntan todos al INTI, para quitarle funciones y allanar el camino a su vaciamiento. Del Plá denunció que “es una desregulación absoluta a favor de los capitalistas, de profundización del saqueo colonial y una mayor explotación sobre la clase obrera”.
Las petroleras también van a ser beneficiadas por las desregulaciones de la Ley Hojarasca. Se deroga la Ley 23.678 que fija el piso para el cálculo de las regalías petroleras, abriendo el camino a restarle valor a los recursos estratégicos del país. También deroga la Ley 21.778, que regula los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Además la Ley 23.419, que permitirá que empresas como YPF S.A. puedan hacer exploraciones sin informar a ningún organismo. Recordemos que YPF tiene acuerdos secretos con multinacionales como Chevron.
Desde Unión por la Patria, Germán Martínez recordó que es una ley que complementa la Ley Bases que ya mostraba el interés del gobierno de Milei en privatizar empresas públicas de recursos estratégicos como Yacimientos Carboníferos. También habló del ataque que incluye la derogación de la Ley 25.750 de Preservación de bienes y patrimonios culturales, incluyendo límites a la extranjerización de medios de comunicación.
Myriam Bregman agregó otra advertencia sobre el ataque a la cultura, y suscribió al lema de sus trabajadores “el teatro no es hojarasca”. La Ley 14.800 que protege a la actividad teatral y preservación de sus edificios también es derogada, y ya no será una obligación que la destrucción de un teatro deba ser reemplazado por la construcción de otro.
La soberanía de las Islas Malvinas también estuvo presente en la discusión. Néstor Pitrola del Frente de Izquierda alertó por la gravedad de la derogación de la Ley 22.963 “de la Carta”. Allí se establece que el Instituto Geográfico Nacional debe intervenir para la aprobación de cartografía que muestre el territorio nacional. Pitrola advirtió que en actos oficiales de La Libertad Avanza se omiten las islas Malvinas como territorio nacional argentino.
Entre los 138 votos afirmativos estuvieron los diputados y diputadas de La Libertad Avanza, del PRO, la UCR, MID Innovación Federal de los gobernadores de Salta y Misiones, los 3 catamarqueños y los 3 tucumanos ex Unión por la Patria de los gobernadores Jalil y Jaldo, y un sector de Provincias Unidas (los santafesinos Scaglia y Núñez, Torres de Córdoba, Arrieta de Mendoza, Ávila de Chubut). También Garrido de Santa Cruz (Vidal) y los sanjuaninos de Orrego.
Optaron por la abstención el resto de los cordobeses de Llaryora, los radicales Martín Lousteau y Mariela Coletta, Zigarán del gobernador jujeño Sadir, Nicolás Massot, el socialista santafesino Farías y Ferraro de la Coalición Cívica.
Rechazaron de plano la ley hojarasca Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Brugge y Paulón de Provincias Unidas, y la cordobesa Natalia de la Sota.
Fuentes: La Izquierda Diario, Perfil, Resumen Latinoamericano