Deshabitadas

ZEHAR ERREFUXIATUEKIN

21/06/2023

Nos pronunciamos contra las políticas que impiden la vida de las personas en sus países de origen y devastan el planeta. Es hora de asumir responsabilidades en las causas que provocan su expulsión y de habilitar mecanismos que les permitan alcanzar un lugar seguro y recibir protección internacional .

Estamos insertas en un modelo económico, político y social en el que la devastación de territorios y hábitats imprescindibles para la vida está legitimada y legalizada, y el desplazamiento de las personas que huyen a consecuencia de estas prácticas, deslegitimado y criminalizado. Quienes denuncian estas situaciones sufren, además, violencia.

La palabra necropolítica se ha empleado para englobar las políticas y dinámicas que imposibilitan la continuidad de la vida humana, bien porque se dificultan enormemente o se exterminan modos de vida de personas y comunidades en muchos lugares del mundo; bien porque se reprime la posibilidad de personas migrantes y refugiadas de alcanzar un lugar seguro, abocando a muchas de ellas a morir en el tránsito.

La devastación medioambiental y, como parte de ella, el cambio climático, es fruto de decisiones que han sido tomadas por Estados, organismos multilaterales y grandes multinacionales al servicio de la acumulación de capital. Entre 1880 y 2010, las emisiones rastreadas de los 90 mayores productores industriales de carbono han sido responsables del 57 por ciento del aumento de CO2 en la atmósfera; del 42 por ciento del aumento de la temperatura media global, y del 26 por ciento de la subida del nivel del mar. Algunas de ellas pretenden liderar ahora una supuesta transición energética para la que no existen materias primas suficientes, enmascarando las consecuencias de sus actividades.

Esta devastación se debe a decisiones individuales y colectivas que atañen a personas y entidades, tanto públicas como privadas. Nuestros hábitos de acumulación y consumo son el último eslabón de la cadena que convierte bienes naturales en mercancías y las desplaza de un lugar a otro del planeta. El colonialismo clásico ha dado paso, en un mundo globalizado, a un entramado de relaciones de poder racistas, clasistas y machistas que ponen las vidas de muchas personas al servicio de otras.

Nuestro modelo alimentario globalizado juega también un rol importante en la degradación ambiental: el 30 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero son producidas por el llamado agronegocio. Respetar la soberanía alimentaria de los pueblos no solo contribuye a que su población pueda permanecer en los territorios, sino también a mejorar la absorción del carbono en el suelo, enfriando así el planeta.

Desde el año 2000, Land Matrix ha registrado 36 millones de hectáreas adquiridas por inversores para los mercados internacionales. Tierras de pequeña producción, comunitarias, relevantes para la alimentación local y los ecosistemas, se transfieren para su uso comercial. Al menos la mitad no está en uso y la otra mitad se explota para la producción agrícola, la extracción forestal, el comercio de carbono, la industria y las energías renovables, entre otros fines. La demanda hídrica, la desforestación, la pérdida de biodiversidad y el desplazamiento de comunidades se señalan entre sus impactos.

Somos parte de un sistema que genera zonas de acumulación y zonas de sacrificio. La implementación de grandes proyectos de producción energética (extracciones petroleras y mineras, megapolígonos eólicos, represas), así como la ganadería y la agricultura intensivas ­­-expresión en los territorios de un sistema alimentario globalizado- desplazan a personas y comunidades para expandirse y buscar permanentemente nuevos nichos de negocio.

En los lugares más diversos del planeta se repiten patrones similares de privatización y acaparamiento de bienes comunes, pér­dida de soberanía alimentaria y de biodiversidad, contaminación y degradación ambiental, que hacen que las personas y comunidades sufran la precarización y desaparición de sus modos de vida, y se vean obligadas a desplazarse.

Estos desplazamientos forzados son una consecuencia, pero también una estrategia para acaparar bienes y territorios: personas y comunidades enfrentan consultas manipuladas, desinformación, negociaciones desventajosas, hostigamiento, coacciones y violencias que pasan desapercibidas en contextos hostiles de conflicto armado, militarización o paramilitarización de muchos territorios.

Quienes organizan, lideran y resisten enfrentan, en países distintos, las mismas violencias. Activistas, líderes indígenas y comunitarios, periodistas y defensoras de derechos humanos están siendo amenazadas, criminalizadas, desplazadas y, en algunos casos, asesinadas. Se trata de persecuciones ejemplarizantes para crear miedo y acallar a organizaciones y comunidades. Se emplean, además, mecanismos de violencia profundamente patriarcales.

La implementación del modelo tiene un fuerte sesgo de género y afecta en particular a las mujeres. Las corporaciones se benefician de relaciones de poder patriarcales preexistentes que se agudizan con su llegada: la mayoría de las mujeres no tiene la titularidad de la tierra, aunque les pertenezca legítimamente y la trabajen; los espacios de negociación y las estrategias y alianzas que se establecen con los poderes locales quedan en muchas ocasiones restringidos a los hombres; se agudiza la dependencia de la economía asalariada masculinizada y se incrementa la pérdida de bienes comunes y de soberanía alimentaria que ellas suplen con su tiempo y trabajo; se militarizan y sobre-masculinizan los territorios; y se emplea la violencia sobre los cuerpos feminizados para el control del territorio.

El metabolismo del capitalismo, sea del sector que sea, necesita obtener bienes que provocan desplazamientos. Las corporaciones cuentan con un poder desproporcionado e influyen de forma contundente en cuestiones esenciales para la sostenibilidad de la vida. A ello contribuye su opacidad, la desregularización de su actividad internacional y la falta de normativas extraterritoriales vinculantes. El cumplimiento de estándares ambientales y de derechos humanos queda supeditado a un principio de voluntariedad. Tampoco se han desarrollado instrumentos vinculantes para abordar estos desplazamientos, que han sido excluidos de las agendas internacionales y nacionales que rigen las metas de ‘cambio climático’, ‘desarrollo sostenible’ y ‘migración ordenada’, pese a las resoluciones del Parlamento Europeo y de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para impulsar su protección internacional.

En el camino contrario, frente a las dinámicas económicas que generan despojo, se implementan medidas contra la vida de quienes migran o huyen. Desde 2014, se han registrado más de 4.000 muertes al año en las rutas migratorias de todo el mundo. 48.432 personas han perdido la vida, la mitad de ellas en el Mediterráneo, intentando alcanzar Europa. Estas cifras son solo las muertes que han sido contabilizadas.
Las políticas de fronteras de los países enriquecidos siguen patrones de externalización, militarización y empleo de la violencia en las que se ven involucrados actores estatales y no estatales -incluidos grupos paramilitares- con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de los Estados.

En la UE se han recrudecido y legitimado los acuerdos y dinámicas que impiden la salida, la continuación del viaje y el desembarco, por un lado; y que favorecen las devoluciones sumarias y colectivas, por otro. Más de 82.000 personas refugiadas y migrantes han sido interceptadas en el mar y devueltas a Libia en los últimos cinco años, desde que se alcanzaron los acuerdos de 2017. En este tiempo, los barcos y la tripulación de las ONG que participan en labores de búsqueda y salvamento han sido objeto de 50 procedimientos penales o administrativos iniciados por Alemania, España, Grecia, Italia, Malta y los Países Bajos.

La UE cuenta además con cerca de 90 centros de internamiento y ordena la expulsión de 500.000 personas cada año, aunque solo el 29 por ciento de las devoluciones son ejecutadas. En España han sido devueltas o expulsadas al menos 77.500 personas entre 2013 y 2019 mediante acuerdos de readmisión con países de origen y tránsito. El Gobierno español defiende el uso desproporcionado de la violencia en las fronteras y las devoluciones ilegales, y avala de nuevo la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la Masacre de Melilla.

La información sesgada, la desinformación, los falsos rumores, los discursos racistas y de odio, juegan un rol esencial en la viabilidad y legitimación de un marco, legal, jurídico y policial que imposibilita la huida, legaliza el encierro y legitima la criminalización y la violencia contra personas racializadas. Las políticas de externalización y militarización de las fronteras solo pueden legitimarse quitando valor a otras vidas.

No solo vivimos una disputa sobre el control de los bienes sino también sobre el control del relato, sobre la interpretación de las causas que fuerzan a las personas a abandonar sus lugares de origen. En ámbitos políticos, académicos y sociales se debate sobre las migraciones climáticas y las causas que subyacen, vinculándolas a las catástrofes naturales, la degradación del medio ambiente y, en ocasiones, el impacto de los megaproyectos extractivos. Pero se está perdiendo de vista la mirada sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) que están siendo gravemente conculcados, y sobre las responsabilidades en su garantía y protección.

Cuando las personas huyen de sus lugares de origen a causa de una violación grave o sistemática o sostenida de sus derechos humanos, estamos ante un DESPLAZAMIENTO FORZADO. Es hora de poner freno a las causas que originan estos desplazamientos y asumir nuestras responsabilidades en la acogida, el respeto, la protección internacional y el fomento de la convivencia con quienes llegan a Europa, al Estado español y a Euskadi.

Y por todo ello, reivindicamos

En relación con la degradación ambiental y la violación de los DESCA en los países de origen:

• Asistimos a una ofensiva política e informativa que nos atemoriza sobre la seguridad del suministro energético sin cuestionar el modelo de acumulación capitalista. La transición energética no puede sustentarse en la violencia, el despojo, y la sobre-explotación de bienes imprescindibles para la vida humana que están en disputa; y no puede provocar ni beneficiarse de la persecución a las y los defensores del territorio.

  Urge reimpulsar la elaboración de un instrumento internacional legalmente vinculante para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos (resolución 26/9 adoptada en junio de 2014 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas). Debe garantizar la superioridad jerárquica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre los tratados de comercio e inversiones, establecer obligaciones jurídicas directas para las ETN a lo largo de la cadena de suministro, e incluir una Corte Internacional y otras instituciones de cumplimiento.

• Aprobar la puesta en marcha del Centro Vasco de Empresas y Derechos Humanos impulsado por la Plataforma Euskal Herriak Kapitalari Planto! que permita impulsar las normas vinculantes frente a los acuerdos voluntarios, avanzar en la exigibilidad, justiciabilidad y transparencia, mejorar las vías de acceso a la justicia y la reparación, favorecer la participación de todos los actores sociales en la creación, aplicación y seguimiento de la regulación e incorporar mecanismos externos de evaluación.

• Garantizar, a través de un marco legislativo que contemple mecanismos de control y rendición de cuentas, el principio de coherencia de políticas para el desarrollo asumido por el propio Gobierno vasco y las diputaciones, para avanzar en el respeto y la garantía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en el cuidado del medio ambiente, tanto en lo relativo a la acción de gobierno en el exterior como en el interior de Euskadi, ambas intrínsicamente conectadas. En atención a este marco:

  ◦ Garantizar que la política de internacionalización empresarial establezca compromisos sociales, laborales y ecológicos de obligado cumplimiento, de cara a ajustar sus actuaciones al marco internacional de los DDHH.

  ◦ Garantizar que la política de contratación pública excluya a toda empresa o entidad que conculque el marco internacional de los DDHH, a la vez que introduzca cláusulas sociales, laborales y ecológicas de obligado cumplimiento.

  ◦ Garantizar que los fondos oficiales de ayuda al desarrollo no se distribuyan entre empresas con ánimo de lucro, cuyo objetivo es la acumulación de bienes y capital orientada exclusivamente al beneficio económico.

  ◦ Impedir el desarrollo de megaproyectos en nuestro territorio que, insertos en estrategias continentales más amplias (hidrógeno, interconexiones, etc.), se sostengan sobre la proliferación de nuevos megaproyectos en países del Sur Global, aprovechando sus marcos políticos más laxos y generando graves impactos económicos, sociales, culturales y ambientales.

• Apoyar y reforzar alianzas con organizaciones y colectivos que monitorizan y protegen la labor de las defensoras de derechos humanos en origen; impulsando y fortaleciendo sistemas de alerta y supervisión de los procesos de criminalización que ponen en riesgo la continuidad de sus luchas.

  • Promover el desarrollo de compromisos, acciones concretas e indicadores de implementación de la Agenda 2030 específicos sobre las situaciones que están generando desplazamientos forzados y los mecanismos de acogida y protección internacional para quienes los sufren.

En relación con el acceso a un país seguro y la muerte de miles de personas en los tránsitos hacia Europa:

• El nuevo Pacto de Asilo y Migración de la UE está centrado en el refuerzo de la externalización de las fronteras y de los mecanismos de retorno. Va a poner la vida de muchas personas en mayor riesgo, si no se logra:

  ◦ La adopción de un acuerdo de desembarco seguro que incluya cuotas de reubicación obligatorias.

  ◦ La regulación de la figura de los visados humanitarios para incluir la posibilidad de argumentar motivos vinculados a la violación de los DESCA.

  ◦ La garantía en el acceso al procedimiento, el estudio individualizado de cada solicitud sin aplicación de criterios de nacionalidad y el cumplimiento de las garantías debidas y del principio de no devolución.

• Eliminar la exigencia del visado de tránsito para las personas originarias de países en conflicto.

• Promover la creación e implementación de un proceso de visa especial y acelerado para las personas defensoras de derechos humanos en riesgo, garantizando su entrada y protección en la UE.

• Poner freno urgente a la externalización de fronteras: la disuasión de las personas en origen, la contención en el tránsito y la devolución de las personas desde la UE están causando la muerte de muchísimas personas e impidiendo de facto su posibilidad de alcanzar un país seguro.

En relación con el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de quienes acceden al Estado español y Euskadi:

• Mantener la Directiva de Protección Temporal que pretende ser sustituida por un mecanismo de ‘protección inmediata’. Esta Directiva que en España se aplica a través del Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, permite proteger a las personas que “hayan estado o estén en peligro grave de verse expuestas a violación sistemática o generalizada de los derechos humanos”. Hasta ahora sólo se ha empleado en una ocasión, a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

• Abogar por una interpretación inclusiva de la definición de persona refugiada contenida en la Convención de Ginebra de 1951 para garantizar la protección de las personas que huyen como consecuencia del cambio climático, la degradación medioambiental y la violación de los DESCA.

• Abogar por la defensa de la Protección Subsidiaria (Ley de Asilo) y de la autorización de permanencia por razones humanitarias (LOEX) para quienes están viendo conculcados sus derechos fundamentales.

• Urge la Regularización Extraordinaria de personas migrantes en el Estado español. Más de 380.000 personas se han posicionado a través de una Iniciativa Legislativa Popular pidiendo el fin de una irregularidad que condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal y la exclusión de facto de acceso a derechos humanos fundamentales como la educación y la sanidad.

  Personas, comunidades, sociedad civil organizada, instituciones y entidades privadas compartimos la responsabilidad de avanzar hacia un nuevo paradigma que ponga la economía, la justicia, y la organización social al servicio del cuidado de la vida.

fuente: https://www.pikaramagazine.com/2023/06/deshabitadas/

enlace relacionado: https://www.pikaramagazine.com/2021/12/seamos-refugio/

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también editado en https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2023/06/21/deshabitadas-devastacion-ambiental-desplazamientos-forzados-capitalismo/

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