Más allá de la reciente aprobación de la Ley de emergencia en Discapacidad –y a la que el Gobierno Nacional ya anunció que vetará y, eventualmente, judicializará-, desde el año pasado avanza un proceso de auditoría de pensiones por invalidez laboral en Argentina que, lejos de su objetivo declarado, apunta a reducir el universo total de beneficiarios en más de 200.000 casos. Para lograrlo se llevan a cabo citaciones imprecisas con domicilios inexistentes o erróneos, se solicita excesiva documentación ya consignada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y se exige a los pensionados acciones que no pueden cumplir (como firmar registros cuando no saben escribir). El caso de una madre de Magdalena y el maltrato dirigido a su hija por parte de quienes debían constatar la discapacidad. En...