Carolina Perona denunció a las autoridades del Instituto Madre de los Emigrantes (IME), de La Boca (CABA) por no incorporarla al plantel docente cuanto se enteraron que se iba a casar con una mujer. Carolina es cordobesa, tiene 25 años y desde hace 6 años vive en Buenos Aires. Le quedan pocas materias para recibirse de profesora de italiano. El viernes 7 de septiembre tuvo una audiencia de conciliación con las autoridades del colegio tras presentar un planteo por rescisión de contrato sin relación laboral, pero no se llegó a ningún acuerdo. “No reconocieron ni la discriminación, ni el daño moral”, contó la joven a Presentes. Ya presentó la denuncia ante el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo) y ahora avanza hacia un juicio laboral.
En los primeros días del mes de julio, Carolina se enteró a través de una compañera del Instituto Superior “Dr. Joaquín V. González” -donde cursa el profesorado- que se liberaban varias horas en nivel secundario en el Instituto Madres de los Emigrantes. La colega envió su CV por correo electrónico y a los pocos días la llamaron para coordinar una entrevista con las autoridades del colegio.
“Eran varias las horas disponibles porque mi compañera renunciaba y otra colega liberaba horas porque entraba en licencia por maternidad”, contó la joven. “Me reuní con las directoras de los dos niveles escolares y con el representante legal de la institución, el cura Irineu Zotti. Se mostraron muy conformes con mi perfil, tengo experiencia y amplia disponibilidad horaria, así que no tardaron en confirmarme que había quedado para la suplencia. Me citaron dos después para completar los formularios para la incorporación y me dieron el turno para el pre-ocupacional”, contó.
Mientras llenaba los formularios, Carolina preguntó qué estado civil ponía, “porque el 16 de julio me iba a casar. Me dijeron que pusiera casada. En los formularios escribí que mi cónyuge se llama Stéphanie Pau. A raíz del matrimonio, comenté que tenía un viaje previsto para agosto, algo que ya había comentado en las entrevistas anteriores, que entorpecía un día de trabajo. La secretaria consultó y le dijeron que no podía tener licencia porque no tenía antigüedad en la institución y le respondí que estaba de acuerdo y que me lo descuenten de la liquidación final”, relató Carolina.
Cuenta que cuando terminó de completar los papeles, “el problema” saltó cuando leyeron el nombre de su novia. La secretaria le preguntó: “¿Stéphanie es mujer? “No sé si le hizo ruido el nombre o que es una mujer”, dijo Carolina. Y contó que 11 días después le llegó por mail una notificación donde le decían que lamentaban no tenerla en cuenta para la licencia para la suplencia. “Lo dibujaron con lo de la licencia, pero me discriminaron cuando di a conocer mi orientación sexual y tomaron la decisión de no incorporarme al colegio. Fue una noticia devastadora porque estaba feliz de lo que encaminaba: recién me había casado y había conseguido un trabajo”, relató Carolina.
“Discriminación solapada en el contexto de un dogma religioso”
Cristina Montserrat Hendrickse, abogada del equipo jurídico de la Federación Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y Transgénero (FALGBT) asesora a Carolina. Contó a Presentes que lo primero que se hizo fue un reclamo por rescisión de contrato de trabajo sin relación laboral. “Se configura un despido antes de que se inicie la relación laboral y está previsto en el artículo 24 de la ley de contrato de trabajo. Para poder ir a un juicio hay una instancia de conciliación laboral obligatoria (SECLO) que la brinda el Ministerio de Trabajo a través de una red de conciliaciones laborales.
La abogada contó que los representantes del colegio negaron los hechos. “Pero para nosotres es evidente que se trata de una actitud discriminatoria en el contexto de que la ley de matrimonio igualitario fue motivo de rechazo público por parte de quien hoy es el jefe de la Iglesia Católica, el ex arzobispo Jorge Bergoglio, quien hablaba de guerra santa”, dijo Cristina. Y agregó: “A Carolina todo esto le causó daño económico y moral porque era su primer empleo, la expulsaron del inicio de su carrera docente, no respetando su proyecto de vida, ni su identidad sexual. Vamos a iniciar una acción legal contra el Instituto Madre de los Emigrantes reclamando un 50% de los salarios que le hubieran correspondido correspondido cobrar por la suplencia y el daño moral. Ni siquiera pidieron disculpas”.
La abogada destacó que el IME es un establecimiento de educación pública, de gestión privada: “No puede ser que los porteños pagamos a las instituciones que tienen que brindar educación pública y les pagamos por discriminar. El Gobierno de la Ciudad tiene que intervenir esta institución”.
Presentes intentó comunicarse con la directora general de educación de Gestión Privada de CABA, Beatriz Jauregui. Desde su secretaría solicitaron comunicarse con el área de prensa, donde pidieron la consulta por mail, que no fue respondida.