Como ocurriera en el SOMU, denuncian un desvío multimillonario de fondos del gremio de seguridad, intervenido, en favor de empresas familiares de Triaca. Calculan que se tratan de unos $ 15 millones mensuales.
Cuando todavía no se apaga el escándalo de nombramientos y desvío de fondos por parte de Jorge Triaca en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), sale a la luz una nueva denuncia, que replica el modus operandi del ahora Secretario de Trabajo, en otra organización bajo una intervención político judicial.
Se trata del gremio de vigiladores privados (UPSRA), que luego de varias gestiones está en proceso de volver a manos de sus afiliados el próximo 14 de enero. En las últimas horas un conjunto de afiliados denunció el desvío millonario de fondos del sindicato, virtualmente en manos de Triaca a empresas de la familia del Ministro devenido en Secretario.
Como en el SOMU, con los aportes de los trabajadores a la organización, Triaca otorgó decenas de contratos y distribuyó numerosos negocios personales.
Los nombres de “La Banda de Triaca” que se encargan de las intervenciones a los gremios y los negocios se repiten: Silvio Torres, un contador muy cercano a la familia Triaca; Alfredo Enrique Bertonasco, un funcionario de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, designado ahora Coordinador de la Coordinación de Fiscalización Portuaria, Marítima, Fluvial y Lacustre, muy cercano al viceministro de Trabajo Horacio Pitrau; Roberto Porcel, un abogado cercano a Triaca que suele ser parte del engranaje de negocios y, Sergio Ernesto Borsalino, cuñado de Jorge Triaca, esposo de Silvia Verónica Triaca, hermana del Ministro de Trabajo.
Ambos comparten la titularidad y participación en distintas empresa, entre ellas Gestión Plural S.R.L., Proficio Investment S.A. y Profuturo S.A., todas ellas dedicadas a actividades financieras. Los cuatro en paralelo tenían nombramientos tanto en el SOMU como en UPSRA.
Los afiliados llevaron a la justicia el presunto desvío de aproximadamente 15 millones de pesos mensuales, desde abril de 2017, equivalentes a aportes no realizados en concepto de seguros de vida de los trabajadores. La denuncia esta radicada en el juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 a cargo del Juez Daniel Rafecas, bajo el expediente N° 17.570/18.