La Izquierda Diario dialogó con Franco Aguilar, abogado defensor de los derechos de los pueblos indígenas de Jujuy, sobre el reclamo que lleva adelante la Comunidad Indígena Cueva del Inca en Tilcara, recientemente reprimida por el gobierno provincial.
24/11/2018
-Según hemos tomado conocimiento las tierras en cuestión forman parte del territorio indígena perteneciente a la comunidad Cueva del Inca y el conflicto surgió cuando la familia Mendoza, pretendió adueñarse de las mismas. ¿Podés detallarnos cómo fue ese proceso?
Franco Aguilar: Así es el territorio indigena pertenece a la Comunidad Indigena Cueva del Inca, la familia de apellido Mendoza apareció hace unos años queriendo hacer valer un título de propiedad privada que resulta completamente nulo frente a los principios constitucionales del art 75 inc 17, la Ley 26.160, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración de la OEA sobre Derechos de los Pueblos Indígenas que reconocen la preexistencia de la Comunidad Indigena Cueva del Inca.
Los Mendoza iniciaron juicios queriendo hacer uso de la propiedad, por un lado un sucesorio, por el otro un desalojo, entre otros y luego promovieron una medida cautelar.
-El juicio de desalojo contra la comunidad, fue iniciado en el año 2010, lo perdieron en primera instancia, tambien en su apelación ante la cámara civil y comercial y con el mismo resultado al llevarlo al Superior Tribunal de Justicia teniendo sentencia en contra firme y consentida.
La medida cautelar que no permite innovar (es decir realizar ninguna modificación en el territorio) fue iniciada en el año 2015, está radicada en la secretaría 7 del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial a cargo del juez Sebastián Cabana, y ha sido cuestionada por no existir un juicio principal que involucre a la comunidad, esto traduce no brindar acceso al derecho a defensa de los pueblos, ya que como dijeramos no está ligada a ningún planteo de fondo y por ello se solicito su levantamiento, que aún no ha sido resuelto, entre otros planteos.
-Por lo que contas hay un primer reconocimiento judicial de la ausencia de la propiedad privada que los Mendoza pretendían hacer valer y por ello no pudieron desalojar a los pueblos que ancestralmente viven ahí. Entonces qué implicancias tiene esa medida judicial que iniciaron para lo que comúnmente denominamos “embarrar la cancha”?
F. A.: Lo concreto es que la medida cautelar no permite innovacion, es decir ninguna construcción, ni realización de trabajo turistico. Esto traduce desde el punto de vista de la comunidad una afectacion en el desarrollo de los pueblos. Es por eso que las comunidades de Cueva del Inca tiene presente que el sostenimiento de la medida impuesta por el juez los priva de derechos fundamentales como el derecho al trabajo -siendo que el turismo resulta una fuente laboral importante para quienes residen allí-, a la vivienda digna -ya que se ven impedidos de poder construir-, el derecho a la cultura garantizado constitucionalmente -privándolos de la posibilidad de realizar los festejos vinculados a sus creencias ni utilizar el salón comunitario que poseen allí.
Pese a la magnitud de los derechos vulnerados la medida cautelar, que ya lleva 3 años de aplicación ha sido confirmada por la justicia y por el propio Superior Tribunal de Justicia, lo cual nos alarma y estamos pretendiendo su levantamiento y a esperas de un nuevo pronunciamiento judicial con una peticion concreta.
-Hablamos entonces de un conflicto que lleva casi una década y que muestra el respaldo “legal” y político con el que cuentan los terratenientes en la provincia. Han pasado gobiernos peronistas y ahora radicales y la marginación de los pueblos indígenas fue una constante, pero lo que es cierto es que en los últimos años ha recrudecido la respuesta represiva sobre cada sector que sale a reclamar. ¿Qué opinas de ello?
F. A.: Es un situación constante la invisibilidad de los pueblos indigenas. Todo lo que te contaba en relación a la falta de resguardo de los derechos adquiridos por los pueblos indígenas fue lo que motivó que las comunidades hayan salido nuevamente a reclamar, realizando el corte de ruta que fue brutalmente reprimido por la policía, dejando heridos con balas de goma, con el saldo de 5 detenidos, entre ellos una menor de edad, y la posible apertura de causas penales, criminalizando su justo reclamo.
Los derechos vulnerados son derechos humanos esenciales que hacen a la dignidad de las personas y de la propia comunidad, en respeto a la reconocida preexistencia de los pueblos indígenas al estado nacional y provincial, dado que la propiedad que la comunidad reclama es comunitaria. Por lo que es necesario que se produzca la pretendida reparación histórica hacia nuestros pueblos indigenas quienes a pesar de todo continuan en la exigencia de sus derechos junto a su espiritualidad.
Es necesario rodear de solidaridad los reclamos de los pueblos indígenas de la provincia, uniendo la pelea por su territorio y el respeto a su cultura con todos los que cotidianamente vienen llevando adelante los trabajadores azucareros, estatales, las trabajadoras de la salud y la educación y los jóvenes que se organizan en defensa de la educación pública. Frente al endurecimiento del gobierno nacional y provincial en defensa de las ganancias empresarias, intentando ir a fondo en el quite de todo derecho, es necesario exigir la más amplia unidad de los sindicatos, centros de estudiantes, organismos de derechos humanos y comunidades indígenas.
Fuente: La Izquierda Diario