Diputados del FPV-PJ denunciaron penalmente al Presidente, a Javier Iguacel y otros funcionarios de Energía por vender a precios irrisorios dos centrales termoeléctricas y beneficiar al primo de Macri.
Los diputados nacionales del FPV-PJ Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, Fernanda Vallejos y Adrián Grana denunciaron penalmente al presidente Mauricio Macri, al secretario de Energía Javier Iguacel y a otros funcionarios del área por vender dos centrales termoelécticas presuntamente a precios mucho menores de los demandados en su construcción, denuncia a la que accedió El Destape.
El Gobierno vendió las centrales termoeléctricas Brigadier López y Ensenada Barragán, en Santa Fe, a precios muy inferiores a lo demandado para su construcción, afirman los diputados. Según denunciaron los legisladores, ésta demandó una inversión de mil millones de dólares pero “su precio de venta fue establecido en la mitad de ese valor, sin que se haya explicado de manera consistente las razones para ello”.
Pero el Presidente también fue señalado por beneficiar nuevamente a su primo, Ángelo Calcaterra, con millonarias sumas de dinero. Iecsa e Isolux fueron las empresas encargadas de las obras de las termoeléctricas, contrato rescindido a fines del 2016 porque las compañías, que ganaron la licitación durante el kirchnerismo, incrementaron el monto de dinero presupuestado de forma exponencial (les exigían a los funcionarios $ 8.900 millones adicionales a los $ 3.055 millones presupuestados). Ese hecho paralizó las obras y el macrismo finalizó el contrato pero, lejos de multar a los contratistas, los premió con una indemnización.
Iecsa, que Calcaterra le vendió a Marcelo Midlin, recibió $1.600 millones como indemnización. Según reveló El Destape en agosto, el Gobierno les pagó $ 520 millones como compensación y unos $ 1.100 millones adicionales a cambio de los materiales de la UTE. Unos US$100 millones de esa época, tal como expresaron los diputados denunciantes.
Pero ahí no terminaron los premios. Alberto Brusco, un alto ejecutivo de IECSA, es el actual subsecretario de Infraestructura del Ministerio de Energía. Tal como reveló Ezequiel Orlando en El Destape, en un reordenamiento del Ministerio a principio de año, Juan José Aranguren transfirió a Brusco a la ex ENARSA (ahora IEASA), el organismo que decidió resarcir a las compañías que no terminaron los trabajos para los que fueron contratados. Además, será ahora el que privatizará las centrales.
Adolfo Marcelo Piccinini, también director técnico de las plantas durante su construcción, pasó a trabajar en IEASA después de que rescindieran su contrato. Al ser el “organismo encargado de llevar adelante el proceso de venta de las centrales, estuvieron de los dos lados del mostrador”, según pudo saber El Destape.
Por eso, en la denuncia, los diputados pidieron que se investigue la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública cometida bajo la modalidad de administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias cohecho activo, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además, solicitaron que se determine el valor real de ambas centrales y un peritaje sobre los términos y alcances de la rescisión contractual pactada con el consorcio IECSA-ISOLUX respecto a la obra de construcción porque “podría existir un grave perjuicio patrimonial al Estado”.
Finalmente, a la lista de irregularidades se sumó que el nuevo Secretario de Energía, Javier Iguacel, permitió que las oferentes a operadoras puedan ser fondos de inversión especulativos, y no sólo con experiencia acreditada en el área energética, como LoneStar, PointState y TGLT – que compró la constructora de Nicolás Caputo, hermano del alma de Macri -, según denunciaron los diputados.
La denuncia recayó no sólo contra Macri e Iguacel, sino también sobre Aranguren, Alberto Brusco, Adolfo Piccinini, Hugo Balboa, ex presidente de Enarsa, Mario Dell Aqua, titular de IEASA y Calcaterra, dueño de IECSA.
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