En estas horas varios medios de desinformación están afirmando que el juez federal de Rawson Gustavo Lleral cerró los dos expedientes por la desaparición de Santiago Maldonado, y dictó el sobreseimiento total y definitivo del gendarme Emmanuel Echazú, principal acusado. Según esos medios “El magistrado no encontró responsabilidades penales en la actuación de la Gendarmería” y al “cerrar el expediente de hábeas corpus, el magistrado dispuso restituir los efectos reservados en el expediente y ordenó archivar la causa en el juzgado de Esquel”.
Al parecer el juez Lleral se basó en la última pericia sobre el DNI de Santiago que arrojó que no se encontraron “evidencias objetivas que indicaran que ese documento no hubiera estado sumergido en el agua por un período de hasta 90 días”. Lo que quieren el gobierno y sus medios amigos es instalar Santiago no fue víctima de una desaparición forzada sino que murió ahogado en el río Chubut.
En un comunicado del 28 de noviembre la familia de Santiago había dicho que “ni la familia ni nuestra abogada Verónica Heredia hemos sido notificados en el día de la fecha por el CIJ (Centro de Información Judicial) sobre los resultados de la pericia realizada al DNI de Santiago (…) Nosotros desde el primer momento que se dispuso la realización de esta pericia sobre el DNI, la hemos impugnado, ya que se desconocían y se desconocen aún, las condiciones en las que estuvo el cuerpo de Santiago y, en consecuencia, su DNI. Por tanto, los resultados jamás arrojarán un resultado cierto, ya que la pericia no se realizó en el lugar del hecho (Río Chubut). Cualquier resultado de esta pericia no será preciso ni confiable. También advertimos en ese momento, que el objetivo de esta pericia era justamente: decir que la autopsia y esta prueba confirmaban la mentira que se quiso instalar, de que el cuerpo siempre estuvo en ese lugar”.
Qué hicieron con Santiago es lo que debe explicar el juez Lleral. Porque toda la investigación estuvo plagada de maniobras. El gobierno negó la presencia del compañero en el lugar cuando tenía registro de ello, luego otorgó un tiempo discrecional a Gendarmería para acomodarse a lo que se venía. Con el primer juez de la causa se cansaron de sembrar pistas falsas. Los gendarmes Ahumada, Escola, Gómez, Pelozo, Segovia, Vera, Ramos, Fernández, Zoilán, Yucra y Echazú, y su jefe Méndez, se contradicen en su versión de los hechos y aún deben dar muchas explicaciones. Ahora quieren instalar la versión del ahogado y cerrar la causa.
Si el cierre de la investigación es efectivo, la familia va a apelar el fallo y va a denunciar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sabemos que en nuestro país la mayoría de los casos de desaparición de personas no se investigan, o bien llegan a juicio con figuras penales morigeradas o fragmentarias (como los apremios, las vejaciones, y en los menos de los casos la tortura seguida de muerte) que no explican la dimensión real de la prepotencia impune con que actúan los agentes del Estado en la represión cotidiana.
Seguiremos reclamando justicia por Santiago, para que se ponga en evidencia la responsabilidad del Estado en el caso y los responsables materiales e intelectuales de este crimen paguen lo que han hecho.
¡JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO!
¡LIBERTAD YA A FACUNDO JONES HUALA!
¡MACRI, BULLRICH Y NOCETI SON RESPONSABLES!
¡SI ES INSTITUCIONAL NO ES VIOLENCIA, ES REPRESIÓN DE ESTADO!