En un enero marcado por la alarmante cifra de un femicidio cada 36 horas, la ruptura de la complicidad y el silencio siguen siendo nodales para la desnaturalización de la violencia machista. A la par de movilizaciones cada vez más masivas, se recrudecen los casos de muertes de mujeres por su condición de tal y reafloran discursos medievales en torno a cuestiones incluso legisladas desde inicios del siglo pasado. Para muestra basta recorrer todo lo que rodeó el caso de la cesárea a una niña de 12 años violada en Jujuy.
La perspectiva de clase, de género y la clarificación de un actor que suele permanecer oculto se cruzan particularmente en uno de estos casos que conmovieron el inicio de año. El domingo 13 de enero desapareció Agustina Imvinkelried, una joven de 17 años en la ciudad de Esperanza (a 38 km de Santa Fe capital), tras asistir a un boliche, volviendo hacia su hogar al que nunca llegó. Al día siguiente, el cuerpo fue encontrado en un descampado y el presunto femicida, Pablo Trionfini, se ahorcó. Según consignaron medios locales, tenía denuncias y antecedentes por violencia de género realizadas por su exmujer.
Su hermano, Alfredo, renunció días después a su cargo como secretario de la Producción de la Municipalidad de Esperanza y afirmó en su carta a la Intendenta que “su cuerpo (por el del femicida) no fue velado, no pasó por la Iglesia antes de su sepulcro y no asistió ningún familiar a su sepultura”.
El hallazgo de los restos de la joven fue, en parte, gracias a la colaboración de Ezequiel Schaab, un empleado de la firma Azul Combustibles S. A. a cargo de la estación de servicio Shell ubicada en la Ruta 6 de Esperanza, que en las horas más decisivas brindó las imágenes de las cámaras de seguridad que dan a la calle del comercio.
Lejos de reconocimientos, el trabajador recibió una suspensión de 5 días con amenaza potencial de despido por no haber respetado los protocolos internos de la empresa y haber brindado material fílmico sin autorización. Cuando se presentó a trabajar el lunes Ezequiel afirmó que “sentía un ambiente raro hasta que preguntó qué había pasado. Ahí me dicen que violé las normas, que no tenía por qué ayudar”. Además, destacó que “nunca había tenido que pedir permiso; aparte, cuando los llamás un fin de semana no aparecen. Era una situación en que segundos pueden cambiar las cosas”, explicó a Diario La Capital.
Cuatro días después de conocerse la sanción a Schaab, el Ministerio de Trabajo de Santa Fe y la Defensoría del Pueblo de Santa Fe convocaron de oficio a una audiencia que dio como resultado la marcha atrás de la actitud empresarial y un pedido de disculpas hacia el trabajador y la comunidad de Esperanza. No obstante, el caso merece una serie de consideraciones y análisis, pues la escena replica situaciones que muchas veces no tienen esta resolución por carecer de exposición pública y consecuente repudio social.
¿Derecho inhumano?
Si bien parecería que es claro que ante un hecho de interés público, donde la vida de una persona está en riesgo, todos/as quienes puedan colaborar deberían hacerlo, en la práctica pareciera que la definición no es tan lineal.
Dentro de la legislación los delitos contra la vida están claramente diferenciados de los que son contra la propiedad, simplemente observándose en el Código Penal, no sólo respecto a la preponderancia dentro del mismo, sino a la pena en concreto que se estima en cada caso. Ahora, si estos delitos los miramos desde el conflicto social, la cuestión no es tan clara, ya que depende del delito cometido, de quien lo realiza (clase social, color, identidad, género) y quien fue la víctima es que se reclama la sanción social. Estas dos dimensiones se cruzan permanentemente en cada noticia en las que, mientras mayor es la virulencia, más espectacularidad se le da como valor agregado al ‘producto noticia’ que muchas veces se vende sin normas mínimas de calidad.
En los casos de violencia de género como los de femicidios, las coberturas tienden a un sesgo machista, desvalorizando la víctima y aplicando miles de presunciones que llevaban a que ‘ella sea tan culpable como él’. Años de lucha del movimiento de mujeres hicieron que al día de hoy las noticias tengan proporcionalmente otro tratamiento y a los comentarios misóginos y machistas se les pueda poner un alto. Aunque hay mucho camino para recorrer todavía, el femicidio de Agustina Imvinkelried trajo a la luz a un actor oculto pero que es un engranaje más para el funcionamiento del patriarcado y el capitalismo: la patronal, el privado.
El adoctrinamiento sobre la vida de las mujeres lleva a situaciones límites como la cesárea a una niña de 12 años, al femicidio, al travesticidio. Esas situaciones letales son posibles por el sostenimiento cultural de un sistema opresivo hacia los cuerpos feminizados. Schaab, en este particular, fue un hombre que rompió con la lógica de silenciamiento y reaccionó al sufrimiento de la familia. Podríamos decir que transgredió la cofradía entre varones. Tal es así, que como indicó, no sólo fue la patronal quien lo recriminó, sino que algunos de sus compañeros de trabajo tomaron una actitud distante. Vale aclarar: se analiza aquí la actitud concreta en un caso específico y las consecuencias que por diferentes aristas le dan su carácter particular, tanto en lo que concierne al desenlace fatal, como a la sanción al trabajador.
El haber valorado la vida de una joven, colaborando con la familia y la investigación con lo que tenía a su alcance de forma desinteresada, fue la razón por la que recibió un telegrama de suspensión sin goce de sueldo y con posibilidad de ser despedido. La actitud de Schaab no generó pérdidas, ni demoras, ni ningún daño por el que se vea afectada la patronal. Y por lo que él mismo consignó en medios de comunicación, el acceso a las cámaras no era algo inusual en las prácticas dentro de la estación de servicio.
Abordando la situación en clave de derechos, algunas personas dirán que el dueño tiene potestad sobre esas imágenes, pero desde una lectura jurídica la abogada laboralista y feminista, María Terragno, explicó que “sin duda alguna hay una absoluta desproporción entre lo que se considera la falta que para mí no es tal y la sanción. Sobre todo en un caso de público conocimiento en el que como dijo el joven, era importante darlo en el momento porque estamos hablando de la vida de una persona. Salvar una vida está por encima de lo que la empresa quiera resguardar. Entonces hay desproporción, desde el uso del régimen disciplinario es un ejercicio abusivo”.
Alianzas fisuradas
El femicidio de Agustina trae a debate entre otros ejes qué pasa con el adoctrinamiento a quien pretende romper con esas alianzas “naturales” machistas. Esto no es nuevo, pero lo que sorprende es el uso del derecho laboral para intentar aleccionar. “Desde lo político, es una manifestación del patriarcado. Se trata de un mensaje a una sociedad pequeña donde los lazos patriarcales están fortalecidos diciendo que ‘acá no revelamos nada, lo que pasa acá queda acá y lo podemos manejar’. Una especie de complicidad que dice que no cualquiera puede venir a pedir una filmación, acá van a estar resguardados, como esos mensajes subliminales que da el patriarcado”, analiza Terragno.
Tras la intervención de oficio del Estado santafesino, la empresa rectificó todo lo expuesto públicamente y se disculpó con el pueblo y con su empleado arguyendo cuestiones formales para aplicar la sanción. Pero en las propias actas del Ministerio se da cuenta que parte de esto tiene que ver con que el caso generó una sensibilidad social importante producto de su difusión. La pregunta es ¿qué sucedería en otros contextos, con otras víctimas, donde no trasciende el caso de este modo?
Si bien las suspensiones y sanciones injustificadas a trabajadoras y trabajadores suceden a menudo, cuando se habla de transformar las relaciones mediadas por el ejercicio del poder, y la valoración de los/as sujetos según el sistema patriarcal, se apunta a hechos como estos. Se apunta a poder desterrar esta idea de que las propiedades -quien sea que las tenga- gocen de un valor superior a las de una persona; y en el derecho del trabajador/a desterrar este ejercicio de poder y adoctrinamiento. Porque en este caso intervino un actor estatal, pero ¿qué se le deja como recado para próximas ocasiones a cualquier trabajador o trabajadora que tenga en sus manos la posibilidad de colaborar en la protección de la vida y la integridad de las personas, particularmente en las más afectadas por las cargas de violencia como las mujeres, trans e identidades disidentes?
Un elemento que deberá ponerse en la palestra es cómo la perspectiva de género llega más allá de los discursos y el cupo también a las entidades gremiales, donde se deberán tejer nuevas formas de afrontar viejas y nuevas problemáticas, que permita ir contra toda política de opresión, complicidad machista, naturalización de las desigualdades. Y el desafío para el movimiento feminista en su conjunto y por ende para todos los espacios de vida social, seguirá siendo cómo seguir enlazando las perspectivas de clase y género exponiendo con claridad también a los actores del sector privado que tanto se benefician del sostenimiento de estas lógicas que deja la vida de las mujeres detrás de la importancia de la propiedad privada o como parte de ella.