Una niña de 11 años, víctima de violación, fue sometida en Tucumán a una cesárea en contra de su voluntad. Este procedimiento fue resultado de los obstáculos y demoras ilegales implementadas por el Estado para la aplicación del aborto no punible, solicitado reiteradamente por la víctima.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito denunciaron el accionar del gobierno provincial y reclamaron “la inmediata desvinculación de los responsables de ejercer tratos crueles, inhumanos y degradantes contra Lucía”.
Compartimos la declaración de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito:
Forzar a las niñas a gestar y parir es tortura
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito manifestamos nuestro más enérgico repudio y nuestra preocupación por la violación de los derechos humanos fundamentales por parte del Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y sistema público de salud de la provincia de Tucumán, en la que incurrieron al obligar a una niña de 11 años, quien fuera víctima de una violación, a continuar con una gestación que expresamente solicitó interrumpir.
La niña ingresó al Hospital “Eva Perón” de la ciudad de San Miguel de Tucumán con 19 semanas de gestación, y todos los mecanismos burocráticos del Estado se pusieron al servicio de la tortura, arriesgando su vida y su salud. La obligaron a llegar hasta la semana 24 de gestación, a sabiendas de los riesgos que implica para una niña atravesar biológica y psicológicamente una gestación producto de una violación. Nuestras vidas valen y no podemos permitir que sea el mismo Estado el que vulnere nuestros derechos.
En este caso hubo dilaciones injustificadas contrariando lo establecido por el Código Penal (Art. 86), el fallo FAL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”. No se respetó la integridad de la niña y, una vez más, violaron el secreto profesional divulgando su historia clínica, revictimizándola.
El Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán actuó desde el conservadurismo y, utilizando una visión sesgada e irresponsable, violó los derechos humanos establecidos en pactos, tratados y convenciones internacionales, aceptando además que todo el personal médico y el hospital público donde se llevó adelante la práctica se declarasen objetores de conciencia, por lo que tuvieron que garantizar la interrupción dos médicos que no trabajan en el sistema público de salud tucumano.
En nuestro país el aborto es legal cuando la gestación es producto de una violación o cuando pone en riesgo la salud de niñas, mujeres y personas gestantes. El único requerimiento para acceder a la práctica en este caso era el consentimiento informado.
El gobernador, los ministros y las ministras, las autoridades hospitalarias y las y los profesionales de la salud son responsables de garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo. Las y los profesionales podrán ser sancionados penal, civil y/o administrativamente por el incumplimiento de sus obligaciones.
Niñas, no madres. El embarazo forzado no puede ser una política pública; “no es una niña feliz, no es una madraza”, como nos quiso hacer creer el editorial de La Nación. No es una nena con muñeca. Ha sido víctima de abuso sexual, agredida, estigmatizada por un adulto abusador, machista y misógino y por otro montón de adultos, ministros, fiscales, jueces, autoridades hospitalarias y profesionales de la salud que debían brindarle asistencia integral y garantizar la interrupción del embarazo.
Nosotras/es, las/es activistas que todos los días ponemos el cuerpo para que este mundo sea un lugar amoroso para nuestras niñas, niños y niñes, no vamos a permitir que les roben su infancia.
Por eso, exigimos:
– La inmediata desvinculación de los responsables de ejercer tratos crueles, inhumanos y degradantes contra Lucía:
Gustavo Vigliocco (secretario ejecutivo médico del SIPROSA),
Rossana Chahla (ministra de Salud Pública de la provincia),
Elizabeth Ávila (médica pediatra de neonatología del hospital Eva Perón),
Washington Navarro Dávila (ministro de Defensa).
– La renuncia de Juan Manzur (gobernador de Tucumán).
– La inmediata implementación del Protocolo ILE en toda la provincia.
– La prohibición absoluta de la objeción de conciencia institucional.
#NiñasNoMadres #NoEsILEesTortura
Educación sexual para decidir.
Anticonceptivos para no abortar.
Aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
