La patronal del Ingenio San Isidro quiere destruir al SOEASI para reemplazarlo luego por un pseudo sindicato armado y dirigido por los empresarios. Eso pone en triste vigencia la letra de la canción de Nicolás Guillén: “Me matan si no trabajo y si trabajo me matan”.
A principios de 2018, la multinacional conocida como Grupo Gloria decidió sin previo aviso y unilateralmente cerrar el Ingenio San Isidro ubicado en la localidad de Campo Santo, a 50 kilómetros de la capital de la provincia de Salta.
Con esa medida brutal, dejaron en la calle a los 730 trabajadores del ingenio azucarero más antiguo del país, fundado en 1760. Inmediatamente, el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro (SOEASI), con su secretario general a la cabeza, salieron a las calles de ciudades y rutas salteñas exigiendo la reapertura del polo productivo más importante de la región.
Marchas multitudinarias de los despedidos en Salta, con la solidaridad y apoyo de centrales sindicales, sindicatos, agrupamientos políticos, movimientos sociales de trabajadores informales y desocupados, estudiantes, pequeños y medianos empresarios y productores rurales, organismos defensores de los derechos humanos, entre otros sectores, se realizaron continuamente, al tiempo que el SOEASI elevaba propuestas a las autoridades provinciales, tanto legislativas como ejecutivas, para evitar el cierre, pero ninguna de ellas tuvo una respuesta positiva para reincorporar a los despedidos defendiendo así el sustento de miles de familias que en forma directa e indirecta resultaron afectados por patronales inescrupulosas. Fueron meses de luchas y esfuerzos cotidianos, y al mismo tiempo, de llamados a la reflexión y el diálogo para resolver el grabe problema social.
Finalmente, un grupo de empresarios tucumanos se hizo cargo del Ingenio San Isidro y una luz de esperanza se encendió en toda la provincia. Sin embargo, ese grupo hoy comandado por los empresarios Diego Ruiz y Jorge Rocchia Ferro, mostró su peor rostro y dejó afuera del ingenio a casi 600 trabajadores. De esa manera, el grupo comprador aplicó sin más la denominada “reforma laboral” que intentaba poner en marcha el gobierno de Mauricio Macri, y que fue rechazada por el Congreso Nacional y por todas las organizaciones sindicales del país.
Mariano Cuenca, Secretario General del SOEASI, envió un mensaje dirigido a los trabajadores que actualmente son presionados por sus patrones: “Buenos días compañeros, no permitan que los aprieten y los obliguen a firmar esos telegramas de renuncia. El sindicato es de cada uno de ustedes. Sólo este gremio los va a defender. La nueva empresa está realizando una práctica antisindical, y no debe tener injerencia en las relaciones de cada afiliado con el sindicato, ya que la ley lo prohíbe expresamente. Simplemente, no firmen. Es por el interés de cada uno de ustedes y el de su familia”.
Por otra parte, Cuenca dijo al respecto que “no satisfechos con haber producido un enorme daño social en 2018, los depredadores hoy encabezados por Ruiz y Rocchia Ferro lanzaron en las últimas semanas un nuevo zarpazo: mediante amenazas verbales oficiosas de desempleo inmediato, un texto elaborado por los propios Ruiz, Rocchia Ferro y sus allegados, comenzó a circular en manos de quienes actualmente son sus empleados. El contenido de ese texto, transformado en telegrama o carta documento, promueve la desafiliación de los trabajadores al SOEASI. Eso implica lisa y llanamente la desaparición legal y efectiva del sindicato cuya Comisión Directiva elegida por sus afiliados en 2017 y tiene mandato para representarlos hasta el 2021”.
El dirigente sindical agregó que “todo indica que la voracidad de ciertos grupos adinerados no sólo va por los empleos y el crecimiento de sus tasas de ganancia a costa de la miseria de los trabajadores, sino por las propias organizaciones sindicales en general, ya que de prosperar este intento de hacer desaparecer al SOEASI, constituiría un precedente peligrosísimo para el conjunto del movimiento argentino”.
Finalmente, “como todos sabemos, y sus impulsores también lo saben, esto último implicaría una reducción de derechos adquiridos por la democracia argentina, una suerte de dictadura de nuevo tipo liderada por capitales insensibles amparados en políticas que ya pasados tres años y medio todos los argentinos conocemos y padecemos”, señaló Cuenca, quien además anunció que “esta conducta antisindical será denunciada no solamente en la justicia argentina, sino también en la ciudad de Ginebra, Suiza, sede de la Organización Internacional del Trabajo”.