Se trata de la ley N° 3.706 de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle, aprobada por la Legislatura porteña luego del conflicto de la ocupación del Parque Indoamericano.
Por esta ley, el GCBA tiene la obligación de formular e implementar políticas públicas para las personas en situación de calle en materia de salud, educación, vivienda, trabajo, esparcimiento y cultura elaborada y coordinada intersectorial y transversalmente entre los distintos organismos del estado.
Esta política integral no existe y la principal herramienta que emplea el GCBA son los paradores y el subsidio habitacional.
El GCBA informa que actualmente 9.177 personas que se encontraban en situación de calle perciben subsidio habitacional del Programa Atención para Familias en Situación de Calle para que puedan alquilar en hoteles o viviendas.
Lo que no dicen es que de este número, casi el 60% (5.367 personas) percibieron el subsidio habitacional en virtud de una medida judicial.
De acuerdo al Decreto N° 637/2016, los montos del beneficio deben oscilar entre los dos mil quinientos ($2.500) y los cuatro mil pesos ($4.000), siendo esta última suba el tope máximo. Pero, aún así, el monto promedio del subsidio otorgado fue de $ 6.476.
Esto se debe a que las personas por vía judicial obtienen un mayor monto de subsidio, superando los límites del decreto, porque en el mercado de alquileres es casi imposible conseguir una vivienda por $ 4.000.
De estos datos se desprende que seis de cada diez personas en situación de calle tuvo que ir a la justicia para acceder al subsidio habitacional, a un plazo mayor o a un mayor monto y que la sentencia judicial prácticamente se ha transformado en un requisito administrativo más. La lectura de esta situación es que el GCBA utiliza a la Justicia como un filtro más para no garantizar el derecho a la vivienda.
Del año 2018 al año 2019 disminuyeron las familias que perciben el subsidio pero aumentaron casi en 800 las personas que acceden por vía judicial. Es decir, en este último año, el GCBA ha adoptado una política de acceso muy restrictiva que generó el aumento de la judicialización y la disminución de beneficiarios en un contexto donde la crisis habitacional se agrava.
Fuente: Observatorio del Derecho a la Ciudad.