La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Rosario repudió la citación a audiencia imputativa de uno de los participantes del acampe contra la acopiadora de agrotóxicos Nitrón en Villa Constitución.
El miércoles 24, el organismo de derechos humanos presentó un escrito ante el Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Villa Constitución en el que manifestaron su “gran preocupación” por el intento de criminalización de la protesta que están sufriendo militantes ambientales de la asamblea “Villa Constitución Sin Venenos” en dicha localidad.
Hace más de 30 días que la asamblea sostiene un acampe frente al predio de la Zona Franca Santafesina, donde se pretende poner en funcionamiento Nitrón, una empresa acopiadora de agrotóxicos a granel que realizaría en el mismo predio fraccionamiento y embalaje de los mismos. La concesionaria Zofravilla S.A. no cuenta con habilitación definitiva.
Imputado por preguntar
El día lunes 15 de abril, los y las integrantes de la Asamblea Villa Constitución Sin Venenos se encontraban en el acampe cuando hacia las 16 horas ingresó al predio un camión de carga. Al notar esta situación las y los manifestantes se dirigieron al personal que se encontraba desarrollando sus tareas en el lugar a fin de solicitar información sobre los elementos que el vehículo ingresaba. Alrededor de unas 150 personas comenzaron una asamblea esperando la información solicitada.
Durante las horas que duró la asamblea recibieron por parte de los empleados y el gerente de la empresa distintas respuestas. Algunos empleados se retiraron del lugar por haber finalizado su jornada laboral y se presentaron agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe en vehículos oficiales. Con todos ellos mantuvieron un diálogo siempre solicitando la misma información. En ningún momento se bloqueó o entorpeció la circulación de vehículos o personas.
Pasadas las horas, con la información de que presuntamente se pretendía ingresar al predio pantallas led, las y los manifestantes decidieron dar por finalizada la Asamblea y retirarse del lugar. Un rato después, el jefe del operativo policial solicitó datos a algunas de las personas que se encontraban para labrar un supuesto “acta”, aduciendo que era el normal proceder para estos casos. Una de las personas que facilitó sus datos fue Federico Majul.
El día siguiente, Federico Majul recibió sorpresivamente una notificación para una “entrevista” ante el Ministerio Público de la Acusación. Al llegar a dicha dependencia pública, un empleado le comunicó que se habían “confundido” en la notificación y que se realizaría una “audiencia imputativa” al joven por el delito de “privación ilegal de la libertad”. Inmediatamente el joven se comunicó con los abogados Bárbara Chazarreta y José Luis Braillard, solicitando la suspensión de la audiencia.
La APDH Regional Rosario repudió el hecho y consideró que “se trata de una maniobra empresarial, utilizando los medios de comunicación y los medios jurídicos a disposición, como el único fin de criminalizar la protesta legitima que están llevando adelante en la ciudad de Villa Constitución”.