Meses atrás, en una conferencia en la sede de la Sociedad Rural Argentina, el presidente Mauricio Macri defendió abiertamente la fumigación con agrotóxicos, criticando las medidas que prohibían su uso a metros de las escuelas rurales. Este hecho no es aislado. Se enmarca en una política que defiende a las grandes multinacionales que dominan los agronegocios y se refuerza con el ataque sostenido a los pequeños productores y a quienes critican el modelo actual de producción de alimentos.
En marzo de este año Monsanto fue condenada a pagar 2000 millones de dólares por ser considerado responsable de causar cáncer en una pareja que había utilizado Roundup, un producto elaborado con glifosato, durante 35 años en un terreno en San Francisco. Este fallo se suma a otros dos anteriores donde se responsabiliza a Monsanto de contribuir al desarrollo de cáncer en quienes utilizaron con regularidad sus productos.
En la Argentina, mientras tanto, se utilizan más de 100 plaguicidas prohibidos en el resto del mundo por ser altamente peligrosos para la salud. El modelo actual de siembra directa utiliza en dosis importantes algunos agroquímicos y en mayor proporción el glifosato en el caso de la soja, y la atrazina en el caso del maíz. Y a pesar de las críticas a nivel mundial, el gobierno argentino sostiene y defiende este modelo de producción concentrado, que enriquece a dueños de grandes cantidades de tierra, a costa de la salud de la población.
Del otro lado de la vereda, la producción agroecológica, libre de agroquímicos y respetuosa del medio ambiente, es sostenida por agricultores familiares y campesinos que en su mayoría no son dueños de la tierra que trabajan y que, como muchos, sufren el ajuste y se ven perjudicados por la devaluación, la inflación, el impacto de la suba del dólar sobre el precio de los insumos y además, por medidas tomadas por el actual gobierno, tales como, el desguace de la Secretaría de Agricultura Familiar, eliminando las políticas de asistencia al sector que produce los alimentos que consumimos a diario.
Hoy cerca de 15000 productores de 15 provincias se organizan en la Unión de Trabajadores de la Tierra, organización sectorial que se moviliza fundamentalmente por el acceso a la tierra, exigiendo la implementación de un PROCREAR rural, que les permita dejar de arrendar en las usurarias condiciones actuales. Pero también son quienes mediante ferias y mercados locales acercan al consumidor frutas y verduras a precios razonables y sin intermediarios. Durante el último año, los feriazos que realizan se multiplicaron en distintas provincias, para visibilizar la lucha por la soberanía alimentaria y una vida digna para los trabajadores de la tierra.
Por Marina.