Decomisos irregulares y aprehensiones arbitrarias por resistencia a la autoridad son el resultado del nuevo operativo policial —solicitado por la Municipalidad de La Plata— contra la venta ambulante. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó el viernes 26 ante el Juzgado de Garantías N 5 un habeas corpus preventivo y colectivo: “Se está cercenando la libertad de las personas sin fundamento normativo alguno”.
Por requerimiento de la Municipalidad de La Plata, el lunes 22 el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires emitió una orden de servicio con la función de “prevención de instalación de manteros Plaza San Martín”. Desde entonces, el centro comercial es testigo de un desmedido operativo policial contra la venta ambulante, con intervención de agentes de Control Urbano y efectivos de Caballería, Unidad Táctica de Operaciones Inmediata (UTOI), Grupo de Apoyo Departamental (GAD), Comando de Patrullas, Infantería y Policía Local.
Durante toda la semana, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tomó conocimiento de distintos hechos de decomisos irregulares de mercadería y aprehensiones por el supuesto de delito de “resistencia a la autoridad”. Ante esta situación, la CPM presentó esta mañana un habeas corpus preventivo y colectivo a favor de todas las personas que transitan el casco urbano céntrico de la ciudad de La Plata, y reclamó que cesen las acciones que restringen arbitrariamente la libertad ambulatoria de los vecinos y vecinas.
En la presentación ante el Juzgado de Garantías N 5 —de turno—, el organismo señala que “varias personas nos expresaron que se encontraban circulando con bolsas, mochilas o algún elemento similar y los agentes policiales procedieron sin orden judicial a revisar el contenido de los mismos y de manera arbitraria procedían a su secuestro; se nos expresó que hubo personas que fueron golpeadas por las fuerzas de seguridad al momento de exigir las regularidades de las actuaciones de decomiso”.
El primero de los hechos que se menciona ocurrió el lunes 22 cerca del mediodía; en ese momento, una mujer estaba esperando el colectivo en la parada de 51 y 8 cuando fue abordada por agentes municipales y más de diez policías. Los agentes solicitaron que saque el contenido de las bolsas que llevaba. Ante la irregularidad de este procedimiento, una vendedora de una galería comercial intercede para defender a la mujer y dos militantes de Patria Grande comenzaron a filmar con sus celulares el violento operativo policial. Los agentes policiales los tiraron al suelo, los inmovilizaron y los trasladaron a la comisaría 1ª sin notificarles cuál era el motivo de la aprehensión.
“Es evidente el desconocimiento de los agentes policiales del derecho que tiene todo ciudadano de registrar el desempeño de un funcionario público, cuyos actos son actos públicos de gobierno, debiendo ser estos transparentes y controlados. Su restricción vulnera derechos propios de la libertad de expresión que reconoce y protege nuestra Constitución Nacional e instrumentos internacionales de derechos humanos”, remarca la CPM en el habeas presentado.
El operativo contra la venta ambulante se mantuvo en la zona del centro comercial desde el lunes 22 y se extendió en los días siguientes sobre la diagonal 80. En esa zona, el martes dos vendedores senegaleses fueron abordados por agentes de control urbano cuando salían de sus domicilios, le decomisaron la mercadería y luego fueron detenidos por las fuerzas de seguridad por “resistencia a la autoridad”. Un día después, y a una cuadra de distancia, otros tres vendedores sufrieron la misma situación, detenidos esta vez cuando volvía a sus domicilios.
En esas condiciones, los agentes municipales no pueden ni decomisar la mercadería ni limitar la libertad de las personas, porque no hay situación de venta y los funcionarios no pueden presuponer que exista. “No existen fórmulas legales que den cuenta de la atribución policial de detener a las personas por el solo hecho de transitar con un bolso, por la mera sospecha de que pueda realizar una actividad que contravenga una ordenanza municipal”, señala la CPM en la presentación judicial.
Más grave aún, y tal como se demuestra en estos casos, la mínima objeción o protesta por el decomiso irregular de la mercadería termina en un acto de criminalización, imputando a las víctimas por resistencia a la autoridad. “Es decir, el mismo proceder arbitrario de los agentes es el generador de la situación que desemboca en la aprehensión y la consecuente imputación de las personas”, dice el habeas. Y agrega: “La CPM viene denunciando que las fuerzas policiales han hecho un uso desviado e injustificado de esta figura penal, en particular, hacia quienes se atreven a cuestionar la arbitrariedad de una detención, cuando existe la necesidad de detener a alguien y no hay razones fundadas que lo justifiquen legalmente, o simplemente cuando se pretende registrar el ejercicio desmedido de la fuerza de los agentes policiales”.
Todo lo anterior pasó en una semana y, lamentablemente, tampoco es la primera vez que pasa: a principio de junio hubo un despliegue similar contra la feria americana que, ante la acuciante realidad económica, se había instalado en plaza San Martín. Durante más de una semana, cientos de efectivos policiales cercaron el espacio público para impedir que manteros y manteras vuelvan a instalarse.
En ese momento, la CPM también había presentado un habeas corpus que fue rechazado; según el juez de garantías Federico Guillermo Atencio, “la mera presencia policial en su función preventora no da pie a un escenario fáctico amenazante”. Los hechos demuestran que estaba equivocado.
Si no hay una intervención judicial que garantice los derechos y garantías constitucionales que se vieron vulnerados en estos últimos días, todo lo que denunció la CPM en el habeas corpus seguirá ocurriendo, mientras continúe el operativo policial ordenado por la Municipalidad de La Plata.
En el marco de la presentación, CPM pidió que se realice una audiencia pública donde se escuche a algunas de las víctimas de estos procedimientos. También en las horas siguientes a la presentación del habeas corpus, una serie de organizaciones territoriales, políticas y sindicales se acercaron al Juzgado de Garantías de turno para sumar su adhesión: Colectivo Migrantes La Plata, Colectivo Senegaleses, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Campaña Contra la Violencia Institucional La Plata, Patria Grande, Asociación Civil Manteras Plaza San Martín, Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y CTA Autónoma regional La Plata-Ensenada, Grupo de Investigación sobre Migraciones Africanas» de la cátedra de Etnografía de la Facultad de Cs. Naturales y Museo de la UNLP, La Maza colectivo de Abogadxs y Gastón Castagñeto, Presidente del bloque de Concejales FPV-Unidad Ciudadana.
Una vez más, la justicia tiene la posibilidad de revertir esta situación.