De Congreso a Plaza de Mayo se realizó en Ciudad de Buenos Aires la 5° Marcha Nacional contra el gatillo fácil y la represión estatal. “Jamás podrán silenciar nuestro grito, porque nos sale de las entrañas como salieron nuestros hijos. Justicia habrá cuando el Estado deje efectivamente de matar a nuestros pibes y pibas. Y para eso es necesario cambiar de fondo el sistema y la sociedad”, declararon en el corazón político del país.
Documento de la 5ta Marcha Nacional contra el gatillo fácil
Buenos Aires, 27 de Agosto de 2019
Estamos acá, en Plaza de Mayo, en la 5° marcha nacional contra el gatillo fácil y la represión estatal.
El 20 de Mayo la sociedad se conmocionó con la masacre de San Miguel del Monte, donde fueron asesinados mediante persecución policial y tiroteo Camila López, Gonzalo Domínguez, Danilo Sansone y Aníbal Suárez, todos adolescentes, que lo único que habían hecho fue juntarse en la plaza del Pueblo. La única sobreviviente, Rocío Guaglierello, se recupera hoy de las lesiones sufridas y del dolor más grande: haber perdido a sus cuatro amigos. El día anterior pero en Martín Coronado, en un operativo armado, la policía asesinaba a Diego Cagliero cuando se encontraba con 7 amigos. Angel Gramajo, que manejaba la camioneta, está detenido desde ese día con el objetivo de responsabilizarlo de la muerte de Diego. Sin embargo el policía que gatilló, Rodrigo Cesar Exequiel Cansttat, el mismo que meses antes participó del asesinato de Sergio Jasi, fue detenido recién el 1 de Julio.
Estos casos pusieron en evidencia cómo inmediatamente se activa el mecanismo de encubrimiento por todas las instituciones del Estado y de los grandes medios de des-información. Esto es lo que siempre sucede en todos los casos de gatillo fácil y represión estatal.
Esta impunidad que pretenden imponernos es la que hace que sigamos dando continuidad a esta iniciativa de los familiares de víctimas del gatillo fácil y represión estatal. Hoy se está realizando esta misma marcha en diferentes puntos del país: en Córdoba, San Miguel de Tucumán, Mar del Plata, Rosario, Mendoza, Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Corrientes, Chaco, Posadas, Río Negro, Bariloche, Neuquén, El Bolsón, Cipolleti y La Plata. Porque entendemos que el gatillo fácil, ya sea con un fusilamiento o bajo las ruedas de un patrullero, es una de las formas de represión del Estado, así como lo son las causas armadas, las desapariciones forzadas y las torturas seguidas de muerte en cárceles, comisarías e institutos de menores. Por eso vemos la necesidad de organizarnos para luchar con mayor fuerza contra estas formas de represión, entendiendo la necesidad de denunciar al Estado represor y opresor del capitalismo burgués.
También denunciados y responsabilizamos al Estado por las muertes en contexto de encierro como son los asesinatos en la Comisaría 3ª de Transradio de Esteban Echeverría el 15 de Noviembre de 2018, donde murieron 10 pibes calcinados a pesar de tener a los bomberos pegados a la comisaría. Lo mismo sucedió con los 7 pibes asesinados en la Comisaría 1ª de Pergamino el 2 de Marzo de 2017, cuyo juicio comenzará el 2 de Septiembre. Como fue el de Patricia Solorza de 40 años, denunciada por los médicos de haberse practicado un aborto, cuando en realidad fue espontáneo. Los jueces y fiscales la amenazaron con una condena a cadena perpetua por lo que no le quedó otra que aceptar una condena de 8 años por un juicio abreviado. Patricia tenía dos hijos, una de 8 años y otro de 19 años con un retraso madurativo, y a pesar de eso le negaron el arresto domiciliario. Para las noticias murió de una peritonitis, esposada de pies y manos a la camilla del hospital y con custodia policial, luego de varios días de no recibir atención médica por parte el Servicio Penitenciario Bonaerense. Pero la mató el Estado.
Por todo esto desde el nacimiento de la Marcha nuestra denuncia va dirigida no sólo a los policías, prefectos, gendarmes o penitenciarios que asesinaron a nuestros familiares, amigues y vecines sino al Estado del que forman parte. Sabemos que estas prácticas represivas se multiplican a lo largo y a lo ancho del país, y que pasan en todos los gobiernos: hay más de 6.500 asesinados a manos del Estado desde 1983, nos matan un pibe o piba cada 21 horas. Y si no nos organizamos la impunidad que les garantizan desde el Estado y sus instituciones a los asesinos, mediante los jueces y fiscales, junto con los grandes medios de comunicación, va a ser aún mayor.
Los más de 6.500 pibes asesinados dejan claro que no se trata de excesos individuales de algunos policías sino que son las fuerzas represivas del Estado que cumplen con su rol. Lo cumplieron bajo la dictadura genocida y lo cumplen desde 1983 bajo el régimen constitucional. La defensa explícita inaugurada por el presidente Macri y su ministra de seguridad Patricia Bullrich del asesino de Juan Pablo Kukoc, el policía Chocobar, siguió con la defensa de Carla Céspedes asesina de Ariel Martín Santos, de Esteban Eduardo Ramírez asesino de Segundo Gómez, como antes lo hizo con el asesino de Rafael Nahuel. Esa seguidilla muestra con claridad cómo el gatillo fácil es una política de Estado.
En boca de la ministra Bullrich que sigue sosteniendo que Santiago Maldonado se ahogó y no que fue desaparecido y asesinado, la “doctrina Chocobar” busca librar de culpa a los policías que asesinan por la espalda, encuadrando su conducta en el “deber de funcionario público”. Coherente con eso, mediante la resolución 956/2018 autorizó a disparar sin dar la voz de alto, aún cuando la persona esté en fuga y no represente peligro para el policía ni para terceros.
El caso de Silvia Maldonado, una adolescente de 17 años de Santiago del Estero, mamá de un bebé de dos años y otro de dos meses de vida, que se negó a que allanen su casa sin orden judicial recibió un tiro en la cabeza por el cabo 1° José Abraham, que le dijo a la hermana de Silvia “mírame bien a la cara, soy el que le metió el cuetazo a tu hermana”, es consecuencia directa de las felicitaciones recibidas por Chocobar.
El pedido de mano dura, es un pedido de más control social y represión, más hostigamiento, más muertes, más pibes robando para la policía, más drogas en los barrios. Cuando hablamos de drogas hablamos del narcotráfico que está comandado desde las esferas más altas del poder político y de las fuerzas nacionales como Gendarmería y Prefectura, que son las que se supone deben custodiar las fronteras. Cuando los familiares de los pibes y las pibas víctimas de las drogas buscan ayudan del Estado se encuentran con que no hay ninguna respuesta. Siendo así las drogas otra forma de exterminio de nuestros jóvenes.
Desde la “doctrina Chocobar” y la implementación de los juicios por jurados, cuyos miembros son bombardeados por los medios de comunicación patronales que celebran la muerte de los pibes, han sido absueltos y dejados sin condena los asesinos de Iago Ávalos, Ricardo “Nunu” Krabler y Brian González, cuyo asesino, el famoso carnicero, es hoy candidato de Cambiemos. Ninguno de los asesinos se encontraba en peligro al momento de gatillar, y estás absoluciones quieren dejar bien en claro que la propiedad privada, así sea de las tazas de un auto, valen más que la vida. La eximición de toda responsabilidad para el represor asesino y para el ciudadano común que ejerce justicia por mano propia, los convierte a todos en jueces y fiscales que aplican la pena de muerte.
Desde su comienzo, la política del Gobierno fue perseguir y castigar a los trabajadores que se organizaran por sus derechos, por eso todavía hay detenidos por las jornadas de lucha de diciembre de 2017, entre ellos Daniel Ruiz. Es en este contexto de persecución agudizada que sostiene hasta hoy, y dentro de una política represiva histórica del estado argentino contra los pueblos originarios, con una gigantesca operación política y mediática se buscó hacer aparecer a los mapuches que luchan por su identidad y sus tierras como peligrosos terroristas.
Con esto el Estado dio un salto en la represión, buscando imponer la idea de un enemigo interno, idea que tomó forma en el decreto presidencial que involucró a las fuerzas armadas en las tareas de seguridad interna, con la excusa de las nuevas amenazas. El terrorismo, como se busca calificar a todo luchador popular que no se rinda, y el narcotráfico, del que el poder político, junto con jueces, fiscales y policías, son en realidad parte, beneficiándose de sus fabulosas ganancias, como lo hacen con otros negocios ilegales como la trata de personas que secuestra jóvenes como Johana Ramallo, desaparecida en julio de 2017 y cuyos restos fueron encontrados en mayo de este año.
Siguiendo con su política de estigmatización de la juventud pobre este año el Gobierno lanzó el Servicio Cívico Voluntario que busca “contener” en los cuarteles de Gendarmería a los pibes y las pibas a quienes esta sociedad no tiene un futuro para ofrecerles; utilizando la vulnerabilidad social que se profundiza día tras día como excusa para poner a nuestros jóvenes en manos de quienes cotidianamente los verduguean y asesinan en los barrios, para que les “enseñen” a someterse y a agachar la cabeza. A la vez que propagandiza como salida laboral que formen parte del Servicio Penitenciario y sean los mismos pibes y pibas del barrio los que repriman y verduguéen a sus pares.
Cuando los grandes medios hablan de una persona asesinada por la policía no se refieren a una vida sino que festejan la muerte de un negro chorro villero de mierda. Decimos claramente que como sociedad no nos tendría que importar si cometieron un delito, si estaban robando o no.
Decimos que las fuerzas represivas no pueden ser jueces y verdugos de nuestros pibes y pibas, porque se supone que para eso está la justicia; justicia que no existe para nuestros familiares asesinados. También decimos que los verdaderos chorros son los explotadores, los que viven de nuestro trabajo, ellos son la mierda de esta sociedad junto a todas las instituciones que les pertenecen y que nos someten de mil formas distintas.
Por todo esto es que los familiares que organizamos esta marcha llamamos a todas las organizaciones, a todos los compañeros y las compañeras, a la sociedad en su conjunto a sumarse de lleno a esta lucha. Es indispensable y urgente que nos unamos en este grito de BASTA DE GATILLO FÁCIL y basta de hambrear al pueblo.
No podemos dejar de decir y entender que debemos organizamos independientemente del Estado y de todas sus instituciones que denunciamos y enfrentamos por ser los responsables de la muerte de nuestros familiares.
Necesitamos de la acción colectiva de nosotros, los familiares de víctimas de la represión estatal, para potenciar nuestra lucha, pertenezcamos o no a una organización o partido político, y sin intentar distinguir entre víctimas de primera y de segunda: para nosotros todos los pibes y las pibas asesinados por el Estado son iguales. Tenemos que ser capaces de entender e intercambiar nuestras experiencias, nuestros distintos pensamientos y propuestas de acción y llevarlas adelante, para que unidos seamos más fuertes, entendiendo que también lo que busca el enemigo es debilitarnos, enfrentarnos y cansarnos para que abandonemos la lucha.
Quién mejor que nosotros, que lo sufrimos en carne propia y aprendimos y aprenderemos a transformar el dolor en lucha, para saber qué es lo que tenemos que hacer y decir frente al asesinato de nuestros pibes y pibas.
No sólo luchamos por la sentencia, luchamos también por la conciencia, porque a nuestros pibes y pibas no nos los devuelve nada ni nadie. No es fácil ni corto el camino que emprendimos, pero tal como nos enseñaron las Madres de Plaza de Mayo, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Nuestros pibes viven en nosotros y en cada lucha que llevamos adelante, y sabemos que la verdadera justicia no depende de una sentencia, que la mayoría de las veces se la arrancamos con la lucha.
Por eso seguiremos luchando en los nuevos juicios y los que vendrán, como hacemos actualmente junto a Lucas Cabello, baleado por Luis Ayala policía de la metropolitana, acusado de tentativa de homicidio agravado y lesiones graves. Lucas sobrevivió al gatillo fácil pero esas balas del Estado lo dejaron cuadripléjico, a fuerza de lucha y amor hoy puede mover los brazos y continuar con su recuperación.
También lo haremos la semana que viene, el lunes 2 de Septiembre, cuando comience el juicio por el asesinato de Marcos Sebastián Acuña el 28 de Agosto de 2015, por una bala del arma reglamentaria del prefecto Juan José Silva, en el que exigimos cadena perpetua para el asesino. Y lo mismo haremos con todos los represores asesinos de nuestros hijos.
Jamás podrán silenciar nuestro grito, porque nos sale de las entrañas como salieron nuestros hijos. Justicia habrá cuando el Estado deje efectivamente de matar a nuestros pibes y pibas. Y para eso es necesario cambiar de fondo el sistema y la sociedad.
* NO a la doctrina Chocobar
* BASTA de persecución a los migrantes
* LIBERTAD a los presos políticos
* DEROGACIÓN de la ley de sepultura, la 24.660
* NO la baja de edad de imputabilidad
* NO a los milicos a las calles
* NI UNA MENOS en las cárceles también
* BASTA de redes de trata
*BASTA de persecución y estigmatización a las personas lesbianas, gays, travestis y trans, y a todas las diversidades sexuales y personas no binarias
* BASTA de torturas y muertes en lugares de detención
* BASTA de desapariciones forzadas
* BASTA de detenciones arbitrarias
* BASTA de causas armadas
* NO al Servicio Cívico Voluntario
* NO a la implementación del nuevo Código Procesal Penal
*Un policía no es un trabajador, sino un represor de nuestra clase, NO a la sindicalización de los asesino!!!
BASTA DE GATILLO FÁCIL, NI UN PIBE MENOS NI UNA PIBA MENOS,
NI UNA BALA MÁS
EL ESTADO ES RESPONSABLE