La gestión Macri avaló 25 desarrollos, casi la mitad de todos los autorizados en la historia. “Nos bombardean con productos que suponen mayor uso de agrotóxicos”, denuncian.
El primer día de octubre, la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, aprobó la 60ª semilla transgénica en la historia del país. El dato no sorprende a nadie, si se tiene en cuenta que durante la presidencia de Mauricio Macri el ritmo de aprobación de los Organismos Vegetales Genéticamente Modificados (OVGM) se disparó como nunca antes: en cuatro años, se avalaron 25 desarrollos transgénicos, casi la mitad de todos los autorizados en los últimos 23 ejercicios (el 41%). De ellos, 18 fueron aprobados sólo en los últimos dos años de gestión.
“Lo que marca esta tendencia es la apuesta a los cultivos transgénicos en la actividad agrícola, algo que también hicieron los anteriores gobiernos, sólo que el actual lo hizo más fuerte”, apunta Javier Souza Casadinho, ingeniero agrónomo, docente de la Facultad de Agronomía y coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal).
Para Souza, hay que “desmitificar que la apuesta a los transgénicos es la única forma del desarrollo agrario” y “consecuencia inevitable de una permanente mejora tecnológica”. Por el contrario, para él “los seres humanos siempre mejoramos las plantas, pero nunca nos habíamos metido con el ADN. Lo que logramos es llegar a este punto en que nos alimentamos con semillas que tienen genes de bacterias y que, si no fuera por este modelo agroindustrial, nunca hubiéramos ingerido”.
Las semillas genéticamente modificadas se originan en los laboratorios donde, a través de técnicas de manipulación, se insertan genes de interés –básicamente atributos que resulten redituables– en una especie determinada. La conformación del marco regulatorio sobre estos organismos transgénicos empezó en el año 1991, con la creación de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación (SAGPyA) del Ministerio de Economía (Res. 124/91). Cinco años más tarde, en 1996, se autorizó la primera soja RR (por Roundup Ready), tolerante al herbicida glifosato y producida, obviamente, por Monsanto.
“Hasta el año 2004, había poca liberación de semillas, y eso estaba muy asociado a conflictos internacionales. Europa había frenado la entrada, y al no tener un mercado de comercialización asegurado, se dejaron de liberar. Hasta ese momento, sólo había seis o siete semillas autorizadas. Después de 2004, cuando aparece China para venderle soja y maíz, la liberación de semillas crece exponencialmente. En los últimos años, la liberación fue directamente desmesurada, algo así como seis semillas por mes”, repasa Carla Poth, doctora en Ciencias Sociales, docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y miembro de la Multisectorial contra la Ley Bayer Monsanto de semillas. Poth atribuye esta disparada a la “visión empresarial” que se impuso en la actividad (con todo su proceso biotecnológico a cuestas), lo que llevó a una facilitación de los marcos regulatorios y, sobre todo, a la casi nula inspección del Estado.
“Es central para la rápida liberación de semillas que CONABIA no realice ningún tipo de control. Se sabe que las empresas desarrolladoras de transgénicos forman parte de la Comisión, es decir, son productores y reguladores al mismo tiempo. También hay investigadores dentro del organismo que, cuando uno ve su historial, la mayoría trabajó para esas empresas. Si a eso le sumamos que hoy las luchas generalizadas sólo discuten distancias de fumigaciones y la distribución de la tierra, que por supuesto está bien, pero no discuten a la semilla, el tema tiene muy poca llegada”.
En junio, la Auditoría General de la Nación señaló que el país tiene un “desarrollo normativo incompleto” con respecto a los productos modificados genéticamente, puesto que “no incorpora principios y pautas de protección ambiental establecidos en la Ley General del Ambiente”.
“Lo que se quiere es que todas las semillas estén reguladas bajo la lógica comercial del agronegocio. En consecuencia, constantemente estamos siendo bombardeados por productos con agrotóxicos que sabemos que tienen consecuencias en la salud”, remarca Poth.
“El transgénico en sí mismo afecta nuestra salud –sostiene Souza–, pero hay otras consecuencias indirectas. Esta amplitud del cultivo transgénico implica más deforestación, más uso de plaguicidas, más presión sobre el suelo y pérdida de la soberanía alimentaria, porque se reemplazan hectáreas de huertas y cultivos de frutos”.
Barbecho, esa lluvia tóxica
Lo saben –lo sufren– todos los que viven cerca de un campo con soja: en septiembre y hasta estos días, las fumigaciones son más intensas que en el resto del año, porque es la época del “barbecho químico”, esa lluvia de agrotóxicos que “prepara” la tierra para la siembra directa del próximo cultivo.
Según detalla la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, la base del barbecho químico está constituida por principios activos no selectivos y de amplio espectro como el glifosato, los cuales pueden complementarse con herbicidas hormonales y residuales.
Luego del “tratamiento”, el lote queda “limpio” de cualquier otra planta que pueda “filtrarse” en la siembra del maíz o la soja transgénica, resistentes al glifosato. Además, remarcan que los productores “no consideran las condiciones climáticas adversas que pueden desencadenar derivas incontrolables, como viento, temperatura y humedad inadecuadas”.