Con el propósito de informar oficialmente la serie de hechos que se presentan en las grandes movilizaciones en Colombia, el senador Iván Cepeda envió una comunicación a Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a varios relatores de la misma instancia interamericana.
La solicitud fue presentada junto con el senador Antonio Sanguino; Soraya Gutiérrez y Jomary Ortegón, presidenta y vicepresidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, respectivamente; y Franklin Castañeda, quien encabeza la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos e integrante de la Campaña Defender la Libertad: Un asunto de todas.
La comunicación advierte sobre la grave situación de derechos humanos que se presenta en el marco de las movilizaciones del paro nacional y que dejó heridos de especial gravedad, un significativo número de personas detenidas arbitrariamente, además de hechos de criminalización y estigmatización.
Se denunciaron distintos pasos del Gobierno para intentar impedir las movilizaciones antes del 21 de noviembre; la manera como fueron estigmatizadas las causas y los protagonistas de esta movilización; las medidas excepcionales que se han tomado y los allanamientos ilegales que se han producido, precisó Cepeda.
Una vez iniciadas estas movilizaciones, hubo actos violentos y arbitrarios cometidos por la Fuerza Pública, como también la intención eventual del Gobierno de declarar una conmoción interior, aseguró.
A raíz del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales, y del lamentable hecho de las últimas horas contra el estudiante de 18 años, Dylan Cruz, gravemente herido por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, los firmantes solicitaron el cese de la intervención de este grupo de la Policía.
Asimismo, le pidieron que conmine al Estado colombiano a garantizar el derecho a la protesta en todo el territorio.
También le solicitaron a la Comisión que investigue la relación de la Fuerza Pública con posibles actos de incitación al pánico ciudadano.
Esperamos que la CIDH reaccione y observe detalladamente lo que está ocurriendo en Colombia para que garantice los derechos humanos a través de una comunicación con el gobierno colombiano, apuntaron.
Los distintos sectores que se movilizan exigen al gobierno de Iván Duque un diálogo nacional en torno a las políticas económicas y sociales, el cumplimiento del Acuerdo de Paz, y la adopción de acciones integrales para que cesen los homicidios contra líderes sociales.
Sin embargo, no hubo una respuesta favorable, y la ciudadanía mantuvo la movilización de manera indefinida, refiere la información divulgada en el sitio web www.ivancepedacastro.com.