La familia de Omar Cigarán presentará un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense para que se revise el fallo que absolvió al policía que asesinó al joven en febrero de 2013. La justicia cómplice sigue avalando el gatillo fácil.
Desde el Colectivo contra el Gatillo Fácil de La Plata redoblamos la exigencia de justicia por Omar Cigarán y pedimos que la justicia no sea cómplices de la impunidad de los policías de gatillo fácil. Con muy pocas expectativas acompañamos la presentación de este recurso ante la Suprema Corte bonaerense, pero pensamos que la verdadera justicia está en la lucha.
El 11 de abril de 2017 el Tribunal Oral Criminal 4 de La Plata absolvió al sargento de la Policía bonaerense Diego Walter Flores, asesino confeso de Omar Cigarán en el barrio Hipódromo en un hecho ocurrido el 15 de febrero de 2013. Luego de ello los abogados de la familia de Omar apelaron el veredicto absolutorio y la Sala 5 del Tribunal de Casación Penal, integrado por los jueces Jorge Celesia y Martín Ordoqui, convalidó el fallo absolutorio diciendo que Flores está justificado en el artículo 34 del código penal.
El veredicto del TOC 4, emitido por los jueces Germán Alegre, Emir Caputo Tártara y Juan Carlos Bruni, llegó a una decisión por mayoría de votos (2 contra 1) y estuvo dividido en dos concepciones básicas: la del juez Caputo Tártara, acompañada por Bruni, que creyendo un ciento por cien al asesino Flores propuso su absolución definitiva; y la del juez Alegre, que cuestionando que Flores haya estado justificado para matar, propuso la condena del imputado.
En su concepción, el juez Alegre entiendió que entre los hechos que están probados y que nadie ha cuestionado se encentran que Diego Walter Flores, oficial de policía uniformado, disparó su arma reglamentaria 9 mm contra Omar Cigarán, de 17 años de edad, que el disparo tuvo una trayectoria de adelante a atrás, de izquierda a derecha y ligeramente de arriba abajo, que como producto del disparo Omar sufrió también una lesión con pérdida de la piel en cara dorsal de mano izquierda, y que tras una brevísima sobrevida, Omar cayó herido de muerte ya a unos 30 o 40 metros del lugar en que recibiera el disparo. Pero además dio por probado que instantes antes de recibir el disparo Omar, junto con otra persona presumiblemente también menor de edad, se encontraba desapoderando a Leandro Martín Junquera de la motocicleta en la que circulaba, y que contaba con un arma de fuego. Ahora, Alegre no da por seguro que Omar haya recibido el disparo de Flores apuntando al policía de frente, sino que en base a los dichos de los dos principales testigos (Junquera y Susana Palacios) se puede determinar que Omar recibió el disparo mientras se iba del lugar. Una opinión final del juez Alegre desarma la estrategia de Flores y sus abogados, cuando dice que no corresponde «por el hecho de que la víctima se encontrara instantes antes de la intervención del imputado cometiendo un robo armado, presumir una legítima defensa que en los términos alegados por la defensa no se ha acreditado. Una interpretación contraria supondría consagrar una legítima defensa privilegiada que la ley no contempla».
El juez Caputo Tártara hizo una larga valoración de la prueba para concluir que Flores cometió el hecho pero está justificado en la legítima defensa porque Omar lo habría apuntado con un arma calibre 22. Según el magistrado así lo probarían los testimonios de Junquera y Palacios, que a horas del hecho testimoniaron que nunca vieron un arma en poder de Omar y a 4 años del hecho, en pleno juicio oral, lo aseguraron sin dudar cambiando diametralmente sus declaraciones. Para completar, según el juez estaría probado que nadie tocó el cuerpo de Omar salvo el médico policial Marcelo Menzulo, por los testimonios de 2 policías de la Comisaría 3ra de Ensenada, del entonces titular de la Comisaría 2da, Carlos Gandolfi, y del propio Menzulo. Lo que el juez no determinó fue cómo ninguno de esos policías presentes en la escena, a los que tanta credibilidad les atribuyó, vio jamás el arma que se le atribuye a Omar, salvo hasta que el médico dijo encontrarla entre sus calzoncillos en la Morgue, 4 horas después del hecho. Para llevar al máximo una visión que relativiza el accionar de la Policía cuando el que comete un crimen es un uniformado, Caputo afirmó que la Resolución 1390 de la Procuración General, que impide a personal policial actuar en instrucción de un hecho si hay un policía implicado, no se aplica a este caso, y que esas «recomendaciones» lo son “para los casos de torturas, apremios ilegales y delitos económicos que afecten el interés colectivo, y los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones”. Evidentemente es una interpretación parcial, sobre la característica del delito que abarcaría y no sobre el carácter preventivo que la medida quiere tener cuando está la Policía de por medio.
Desde nuestro espacio de militancia antirrepresiva no estamos dispuestos a aceptar que el asesino Diego Walter Flores siga en funciones en la Policía, caminando armado por la ciudad. Entendemos que esta justicia clasista intenta reafirmar una y otra vez la impunidad policial, avala el hostigamiento, la represión cotidiana, las amenazas y los aprietes a los pibes y pibas pobres. La resolución del caso de Omar fue una clara muestra de todo ello, lo cual no hace más que darle vía libre al fusilamiento de nuestros pibes y pibas en cada barrio de la ciudad y del país. Con muy pocas expectativas acompañamos la presentación de este recurso ante la Suprema Corte bonaerense, pero pensamos que la verdadera justicia está en la lucha. Por esa razón seguiremos denunciando a Ana Medina, la fiscal ausente del caso de Omar, que pretendió sobreseer a Flores desde el primer momento. Seguiremos señalando a los funcionarios de la morgue judicial, principalmente al médico policial Marcelo Menzulo, que fue quien ayudó a manipular el cuerpo de Omar para favorecer al policía. El encubrimiento en ese ámbito es más habitual de lo se cree: con el mismo proceder encubridor irá a juicio el médico policial José Daraio, que convalidado por la fiscal Medina realizó la autopsia irregular de Sebastián Nicora. Y seguiremos escharchando a todos los funcionarios que hicieron lo imposible para que este caso quede fatalmente impune.
La bronca que nos generó aquel fallo absolutorio del asesino Flores nos da hoy más fuerza para seguir luchando y acompañando a Sandra, la mamá de Omar, en la denuncia de todos los casos de represión estatal en nuestra zona. En la calle nos reprimen, nos matan, nos hostigan. En los tribunales nos quieren golpear duro con estas sentencias para derrotarnos. Sin embargo, en la calle nos fortalecemos y redoblamos nuestros esfuerzos para hacer que la verdadera justicia sean la condena social a los asesinos de uniforme y la denuncia de los responsables políticos de las muertes impunes de miles de pibes en la provincia de Buenos Aires.
¡La lucha continúa!
¡Justicia por Omar y por todos lxs pibxs asesinad@s por las fuerzas represivas del Estado!
¡SI ES INSTITUCIONAL NO ES VIOLENCIA, ES REPRESIÓN DE ESTADO!
COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FÁCIL DE LA PLATA