La crisis habitacional, los conflictos de tierras y la criminalización no se detienen a pesar de la crisis sanitaria.
01/05/2020
La realidad habitacional de gran parte de los pueblos originarios que habitan el sur argentino transcurre en viviendas precarias, sin insumos básicos como la calefacción, particularmente necesaria a medida que las temperaturas comienzan a descender. El hacinamiento es una constante que atraviesa tiempo y espacio y es usual que haya varias generaciones conviviendo en ambientes reducidos.
Una gran proporción de las personas que habitan las periferias de las ciudades patagónicas, ya sea que se reconozcan como tales o no, tiene ascendencia de pueblos originarios, mayoritariamente mapuche. Para muches de elles, este año la temporada fría se presenta peor aún. Además de que la mayoría son trabajadores informales, esta temporada no pudieron hacer la recolección de manzanas, peras, membrillos, mosqueta, nueces, hongos y leña. De esta manera, la prohibición de movilidad pone en peligro su subsistencia.
Las medidas que se refuerzan puntualmente desde el municipio de Bariloche se orientan a familias urbanas, de clase media, que tienen la posibilidad socioeconómica de permanecer en sus domicilios, ventilar los espacios y evitar los amontonamientos. Por eso la pandemia golpea más fuertemente a los sectores populares, en particular a los pueblos originarios, profundizando las desigualdades e injusticias preexistentes.
En este contexto ya se han evidenciado el hostigamiento, la violencia institucional y el abuso de poder por parte de la fuerzas de seguridad, a las que se les delegó el cuidado sanitario. Así es como no tardó en emerger el racismo y la persecución.
No había por qué esperar otra cosa, se trata de las mismas fuerzas que estos últimos años estuvieron involucradas en actos de represión, tortura, desapariciones y muertes en territorio ancestral mapuche. Estos escenarios se siguen repitiendo en medio del aislamiento social, como en el caso de la comunidad de Buenuleo.
Se trata de un territorio que ha pertenecido a la comunidad desde antes de la conformación territorial del Estado argentino y ha sido recuperada de manera pacífica en septiembre de 2019. Sin embargo, desde ese momento la comunidad recibe agresiones de parte de Víctor Sánchez y Emilio Friedrich, este último comprador de las tierras de manera fraudulenta.
Este miércoles 28 de abril estas personas ingresaron al territorio acompañados de su abogada Laura Zanoni, ex trabajadora del municipio de Bariloche, y una “patota” que procedió a golpear a mujeres, niños, jóvenes y adultos que allí se encontraban, lastimando con cuchillos e hiriendo a Ramiro Buenuleo. Este no es el primer ataque que recibe la comunidad este año, ya que día 28 de marzo al mediodía también ingresó al territorio Sánchez junto a Víctor Vera llevando armas.
Durante los cuatro años en que fue ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la represión fue la forma que priorizó el Estado para intervenir en los conflictos por la tierra. Actualmente, con el cambio de gobierno nacional, existe una propuesta distinta, muestra de la cual fue la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior, que se realizó este año en Tucumán. El encuentro contó con la presencia del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, el presidente de la Cámara Baja de la Nación, Sergio Massa, y la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic. De esta manera se conformó la reunión interministerial de la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los pueblos indígenas, con la finalidad de encontrar soluciones consensuadas para cada caso.
Tras un acuerdo firmado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Seguridad, se dispuso que sea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) el organismo encargado de actuar en primera medida frente a los conflictos. Durante esta reunión quedó claro que para poder abordar realmente este tipo de situaciones, hay que apuntar a resolver el tema de la vulnerabilidad territorial que tienen las poblaciones indígenas.
La falta de cumplimiento de los derechos que están garantizados en el marco normativo, como el derecho a la propiedad de las tierras que ocupan, y el derecho a otras tierras aptas para el desarrollo humano, forma parte de las deudas históricas con los pueblos originarios. Esto genera multitud de demandas, reivindicaciones y conflictos.
Mientras el Estado no atienda la deuda que sostiene al no reconocer esos derechos, al no asignar territorios en calidad de propiedad comunitaria, los pueblos originarios viven en condiciones precarias, son desplazados, desalojados y obligados a vivir en los cordones de pobreza de las ciudades.
La lógica para explicar los conflictos, basada en la idea de que en los territorios hay grupos radicalizados, y sustentada en el informe RAM realizado en 2017 que tiene información errónea, genera explicaciones poco objetivas sobre las que se toman acciones represivas que, en los años recientes, dejaron dos asesinatos.
Para que esto no vuelva a suceder, una de las cláusulas de la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los pueblos indígenas establece que, si algún actor considera la necesidad de contar con especialistas en la reunión, puede hacerlo. Esto permite realizar un análisis fundado en investigaciones hechas por instituciones estatales no involucradas en los actos represivos, como universidades y el CONICET, para generar un informe más acertado sobre la situación de esas comunidades, y para poder accionar de manera adecuada y pacífica en el vínculo con ellas.
La apuesta debe anteponer, siempre, el diálogo por sobre la fuerza. El pueblo Mapuche siempre ha optado por la negociación política con el Estado, al contrario de lo que planteaba la ex ministra Patricia Bullrich.
Fuente: https://notasperiodismopopular.com.ar/2020/05/01/pueblo-mapuche-pandemia-derechos-humanos/