La abogada laboralista Luciana Censi recorre en un texto de opinión, el escenario abierto por la pandemia de Covid 19. El mundo del trabajo, los actores en pugna y el rol de las trabajadoras y los trabajadores ante una coyuntura lesiva a sus derechos.
La fuerza de trabajo y su función sistémica
La actual crisis sanitaria desencadenó una crisis social y económica sin precedentes, produciendo al mismo tiempo una caída de la oferta y la demanda, no provocada por circunstancias intra-sistémicas, sino por la aparición de la COVID19 que exigió medidas de confinamiento social dispuestas en todo el mundo.
No existe registro de una crisis de esta envergadura, exponencialmente exacerbada por la actual acumulación mediante cadenas globales de valor, que generan interdependencias monopólicas (EEUU-China) y con ello mayor facilidad de derrumbes de mercados y acciones; sumado a las salidas masivas de capitales desde los mercados emergentes en periodos anteriores, con depreciación de la moneda respecto del dólar.
El observatorio de la OIT (29.04.20) la define como la peor crisis mundial desde la Segunda Guerra que viene causando perturbaciones sin precedentes en las economías y los mercados de trabajo.
El informe Nro. 22 de Coyuntura laboral para América latina y el Caribe elaborado por la CEPAL y la OIT correspondiente al mes de mayo, advierte que “La fuerte caída del producto interno bruto tendrá efectos negativos en el mercado de trabajo y para 2020 la CEPAL proyecta para América Latina y el Caribe un aumento de la tasa de desocupación de al menos 3,4 puntos porcentuales, hasta alcanzar una tasa del 11,5%, lo que equivale a más de 11,5 millones de nuevos desempleados. De profundizarse la contracción económica, la tasa de desocupación será mayor. El trabajo informal es la fuente de ingresos de muchos hogares de América Latina y el Caribe, donde la tasa media de informalidad es de aproximadamente un 54%, según estimaciones de la OIT”.
La más poderosa institución del sistema capitalista, la fuerza de trabajo formal e informal, se encuentra paralizada (en mayor o menor medida) en todo el mundo. Alrededor del 68 por ciento de la fuerza de trabajo mundial, incluidos el 81 por ciento de los empleadores y el 66 por ciento de los trabajadores por cuenta propia, vive actualmente en países que han previsto el cierre, obligatorio o recomendado, de los lugares de trabajo (OIT 29.04.20); esta situación implica un estancamiento del proceso de valorización del capital a escala global y por un lapso de tiempo prolongado, no advirtiéndose aún en qué momento comenzará su fase definitiva de recuperación.
Algunos autores compararon este fenómeno con una gran huelga o un lockout global; no obstante, es una situación que difiere de éstos en su elemento subjetivo fundamental. Si bien se visualiza el elemento objetivo (parte de la fuerza de trabajo no produciendo ni reproduciendo capital global en gran escala), no contiene el elemento subjetivo de ambas medidas: la voluntad/conciencia/organización de la clase obrera de un lado o la voluntad/reacción de la clase capitalista para el otro caso; lo que complejiza quizás más el escenario para intervenir.
Esta paralización obedece a criterios de supervivencia (y con ello y fundamentalmente, supervivencia de la fuerza de trabajo)[1], supervivencia de las personas sin distinción de clases sociales (pues es un virus que en un principio comenzó afectando a turistas con poder adquisitivo elevado en muchos países y luego se diseminó a los sectores más vulnerables) y también supervivencia de los Estados en carácter de garantes de determinados derechos (como por ejemplo el acceso a la salud) que no pueden retrotraer so pena de caer en estallidos sociales.
El tiempo de trabajo productivo se ha detenido
Por otro lado, la actual situación del mercado de trabajo, genera y revela grandes contradicciones, como por ejemplo las relacionadas con el tiempo de trabajo, el tiempo de ocio y la necesidad de reproducir las condiciones de existencia, por citar algunas. Estas tensiones se revelan ante nosotros cuando nos hallamos frente a la “improductividad” (en términos capitalistas) de nuestras vidas por un periodo de tiempo: para muchos un lugar desconocido, pero a la vez reconfortante.
Dichas sensaciones y contradicciones se cimientan en las propias características de la relación de dependencia, donde en apariencia el capital paga la totalidad del “trabajo” del obrero, siendo que en verdad “lo pago” es la parte de la jornada en la que el trabajador labora para reproducir su fuerza de trabajo, laborando en forma gratuita para el capital el resto de su jornada; por otro lado, nos enfrenta a la imposibilidad de adquirir una cantidad de bienes y servicios que no responden a las necesidades de la población en su conjunto, inventados por el capital para sostener su reproducción ampliada; así como a la importancia de los trabajos de cuidados de los niños y niñas que antes de la pandemia eran realizados por instituciones del Estado (escuelas, guarderías) en franjas de tiempo prolongadas y que ahora deben ser afrontados por las y los progenitores que al mismo tiempo son fuerza de trabajo productiva mediante jornadas de 9 horas diarias o más.
¿Entonces, cómo reaccionamos frente al tiempo de trabajo “productivo” (trabajo necesario y plustrabajo) que hoy se encuentra paralizado o amenazado? No es casual analizar la importancia y preocupación que la OIT asigna en sus diversos informes a la pérdida de las “horas de trabajo” en el mundo. ¿Cómo resolvemos y abordamos el trabajo reproductivo y de cuidado hoy agudizado por la falta de escolaridad de niños y adolescentes? ¿Cómo intervenimos en la ciencia y en la producción de bienes y servicios para ponerlos al alcance de los intereses y necesidades de la clase trabajadora?
Estos interrogantes merecen debates en las propias bases, donde se ponga en discusión no solo la distribución de la “riqueza”, sino su generación: quién la produce, cómo y para qué, que ponga en eje la propiedad de los medios de producción.
Esa subjetividad identitaria hoy cuesta advertirla, inclusive en sectores combativos, teniendo presente un escenario donde los medios de comunicación imponen la agenda de las propias aspiraciones y contradicciones internas de la burguesía, cual espejismos en un desierto.
En este marco, los diferentes Estados han adoptado decisiones económicas de diversa índole, pero la mayoría de ellas destinadas a brindar un salvataje a las empresas, empezando a vislumbrarse despidos masivos en actividades de bienes industriales o de servicios que no responden a usos de primera necesidad (como por ejemplo los 9000 despidos de la Rolls Royce en el Reino Unido, turismo, cultura), lo que indefectiblemente terminará abatiendo los salarios y precarizando las condiciones de trabajo del resto.
La actual crisis ha apelado nuevamente al discurso del “diálogo social” para la aplicación de políticas, en todos sectores que componen la correlación de fuerzas dominante.
Argentina: el impacto en la lucha económica
En el marco económico y social precedentemente descripto, en Argentina podemos analizar el comportamiento de los actores sociales más determinantes, mediante una serie de datos de la realidad:
1.- Por un lado, el Estado (como superestructura de la correlación de fuerzas y por ende de la fuerza dominante, con todas las contradicciones internas que afloran en los momentos de crisis), ha dictaminado una serie de medidas coyunturales, que arbitrariamente podemos dividir en etapas (que coexisten), con repercusiones en la relación capital/ trabajo.
En una primera etapa ha ordenado:
- El aislamiento de los casos de riesgos con pago íntegro de la remuneración para todas las modalidades contractuales (dependientes o no dependientes).
- La suspensión de la escolaridad en todos los niveles (inicial, primario, secundario y superior).
- Licencias para progenitores con hijos en edad escolar.
En una segunda etapa:
- Decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, con excepciones para actividades o servicios considerados “esenciales”; manteniendo la intangibilidad de las remuneraciones de todos los trabajadores cualquiera fuera la modalidad de contratación (dependientes o no dependientes).
- Dispuso el derecho al Ingreso Familiar de Emergencia para los trabajadores y trabajadoras de la economía informal.
- Prohibió temporalmente los despidos y suspensiones sin causa o por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor.
- Ayudas financieras y económicas para las empresas consistentes en pagos de salarios de hasta el 50% de los haberes netos (con un techo de dos salarios mínimos), rebajas significativas de cargas sociales, estímulos crediticios.
- Extensión del congelamiento de tarifas.
En una tercera etapa, se dictaron normativas tendientes a admitir y facilitar la celebración de acuerdos entre trabajadores y empleadores para suspender y rebajar los salarios nominales garantizando un piso del 75% del salario neto. Esta resolución del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social (397/20), constituyó un retroceso en la protección normativa previa y desde lo jurídico vulneró incluso derechos derivados de la negociación colectiva; desde lo político inauguró institucionalmente el “dialogo social”, incorporando el acuerdo celebrado por la UIA y CGT a la resolución como fundamento.
El llamado al “diálogo social” no es algo nuevo ni sorpresivo, menos aún en momentos de crisis económicas, pero es a través de estos mecanismos de supuesta “conciliación” donde la fuerza de trabajo se pone al servicio del capital y el poder político en tanto se legitiman impedimentos para la adopción de medidas que sirvan para avanzar en el mejoramiento de la vida de los asalariados aun dentro del sistema capitalista y máxime en un contexto de debilidad.
2.- El otro actor social central, el empresariado, se posiciona desde los clásicos lugares de ofensiva, mediante discursos tendientes a levantar el aislamiento preventivo y obligatorio, bajar los costos laborales y alentar la necesidad del “diálogo social” para afrontar la crisis; mientras tanto:
- Presenta masivamente pedidos de rebajas salariales ante todos los ministerios de trabajo.
- Continúa despidiendo y suspendiendo a pesar de la normativa prohibitiva.
- Utiliza el salvataje económico financiero ofrecido por el Estado, abonando en última instancia en muchos casos el 20% (o menos) del salario neto de sus trabajadores.
- Amenaza con deslocalizar sus producciones y achicar los planteles de trabajadores.
En este último punto quisiera detenerme, por cuanto la objetividad de la actual crisis económica evidenciada en la falta de producción de bienes y servicios (en ramas no esenciales sobre todo) sumada a la contracción de la demanda (agudizada ahora por la masividad de las rebajas salariales de los principales consumidores del mercado y los despidos en la economía formal e informal), incentivará estrategias empresariales de achicamiento productivo y maximización de la intensidad del trabajo con la misma dotación; salvo que exista una reconfiguración en la reproducción del capital estimulada por inversiones públicas de gran escala, esta situación desembocará en quiebras masivas, altísimos índices de desempleo y salarios abatidos, con una gran depresión de la economía global.
En este marco podemos leer algunas tácticas empresariales como el acuerdo Unilever-General Motors donde ambas multinacionales dispusieron “préstamos de mano de obra” estimulando directamente un blindaje al mercado de trabajo, pero encontrando la resistencia del sindicato de jaboneros de Unilever.
3.- El otro actor social fundamental para analizar la presente etapa son los trabajadores organizados en sus sindicatos y con sus comisiones internas.
La cúpula de la CGT ha solicitado al gobierno, por primera vez en su historia, una rebaja de los salarios nominales y lo hizo mediante un acuerdo tripartito suscripto por ésta, la UIA y los Ministerios de Producción y de Trabajo. Este acuerdo mereció diversas valoraciones del mundo empresarial, académico y sindical, muchas de ellas exaltando la figura del “dialogo social” como herramienta fundamental en la serie de cambios que “vaticinan”, cual si fueran novedosas formas de expresión de las relaciones laborales que se vienen:
Por ejemplo, empiezan a realzar nuevamente el fantasma de las nuevas tecnologías y en esta coyuntura del teletrabajo como fin del proceso de cooperación típico de la producción en masa; viejo instrumento del capitalismo más rudimentario, donde las mujeres y los niños laboraban para la industria textil desde sus precarios hogares, cual si fueran departamentos exteriores de la Fábrica; es decir nada nuevo, pero agiornado a los tiempos que corren. En todo caso, podríamos discutir si estamos retrocediendo a viejas formas de explotación típicas de mediados del S XIX para abaratar la producción.
Por otro lado, aceptan rebajar salarios para conservar puestos de trabajo: el viejo truco de las empresas para seguir ganando en el corto plazo, pero perjudicial para los trabajadores arrojados a la pobreza y obligados a consumir menos bienes y servicios, abatiendo el valor de la fuerza de trabajo en términos generales y por ende terminando con el cierre masivo de empresas que no encuentran mercados para la venta de sus mercancías.
No resulta menor, decir que esta dirección de las jerarquías sindicales encuentra resistencias, como siempre lo ha sido a lo largo de la historia del movimiento obrero argentino, en las bases y sus delegados.
Conclusión
El informe Nro. 22 de la OIT-CEPAL remarca que “la pandemia de la COVID-19 provocará en 2020 la mayor crisis económica que América Latina y el Caribe en su conjunto ha experimentado en toda su historia, con una contracción estimada del PIB regional del 5,3%. Esta fuerte contracción económica tendrá un impacto significativo en el mercado laboral de la región, que conllevará la destrucción de empleos, el aumento de la desocupación y la precarización de las condiciones laborales. Si bien la región ha enfrentado diversas crisis que han afectado su economía y sus mercados laborales y han supuesto grandes desafíos para las políticas sociolaborales, ninguna de ellas ha presentado la rapidez, la profundidad y los efectos sobre la demanda y la oferta de las economías y todos los mercados laborales de la región que se prevé que presentará la crisis actual de la COVID-19”.
La típica flexibilización laboral que se dará de hecho, pero no tan de hecho después del aval del Ministerio de Trabajo para reducir los salarios nominales a valores de indigencia en algunos casos, vendrá de la mano de un capitalismo necesitado de volver a recomponer sus niveles de acumulación, cuyas pérdidas siderales requerirán de políticas estatales acordes a dicha reproducción y en ese escenario se desencadenarán las contradicciones más agudas dentro de esa misma clase.
En esta atmósfera, quizás resulte esclarecedor escuchar la voz de los que están en sus puestos de trabajo, de los y las que cuidan, de los y las despedidas, de las y los jubilados, para saber qué desean hacer con sus vidas y las de sus familias, qué necesitan para sus niños y niñas y a partir de allí diagramar en forma urgente un programa mínimo de los trabajadores y trabajadoras destinado a resistir la ofensiva que vendrá. Las asambleas, las intervenciones directas y las redes de comunicación propias se ciernen en instrumentos indispensables para ello.
La respuesta de la clase trabajadora requerirá necesariamente de instancias de reflexión para comprender que no será suficiente la “salvación” sectorial; la organización deberá articularse para una acción generalizada de resistencia y lucha.
Luciana Censi, 22 de Mayo de 2020
[1]“Hasta qué punto el capitalista cuenta, entre las condiciones de producción que le pertenecen, con la existencia de tal clase obrera diestra, considerándola de hecho como la existencia real de su capital variable, es una circunstancia que sale a la luz no bien una crisis amenaza la pérdida de aquella” (Marx Karl, El capital TI V2, edit. SXXI: 706)
Excelente articulo!!!