Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche rionegrino, advirtió sobre problemas como el cobro del IFE, conseguir leña o los “aumentos de precios”. Dijo que la provincia de Río Negro les negó un Fondo de Emergencia. Sobre el conflicto en Villa Mascardi, pidió resolverlo en la mesa de diálogo.
29/05/2020
El vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriquero, planteó la “complicación” que supone la pandemia y destacó que “la ayuda no llega generalmente” a las 150 comunidades representadas en ese espacio. Aseguró que cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) “es complicado por cuestiones administrativas”, y que el Estado provincial les negó “un fondo de emergencia para atender las demandas” de los mapuches.
“La complicación de las comunidades no es ajena a la crisis económica que vive la mayoría de la población”, indicó Carriqueo a Va Con Firma, y sostuvo que “las herramientas son más complejas porque la ayuda generalmente no llega a las comunidades, hasta el IFE es complicado para cobrar en el campo, y una ayuda que podría ser bienvenida en esos sectores se complejiza por las cuestiones administrativas”.
Sobre este beneficio excepcional que otorga la Anses durante la pandemia, indicó que “muchas veces los pagos están más habilitados para los bancos que para el correo, y en la ruralidad, en el territorio, no hay muchos bancos”, recordó. Aseguró por ello que “el IFE nació para las ciudades, no para el territorio”.
La Coordinadora hizo un relevamiento que detectó que 1.600 familias necesitan leña; que el problema de la sequía del territorio obliga a alimentar a los animales con forraje; la necesidad de asistencia alimentaria a las familias; y la complicación de 10 comunidades asentadas sobre las márgenes del río Colorado que están sufriendo una baja histórica del curso fluvial y solicitan asistencia en la captación de agua.
Además, verificaron problemas con la venta de lana de posparto, que no se pudo realizar en casi toda la provincia, y los incrementos de precios en los parajes y las ciudades chicas.
Carriqueo explicó que a través del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (Codeci) que es un “órgano de cogestión con el gobierno de la provincia”, le solicitaron al ministro de Gobierno rionegrino, Rodrigo Buteler, “un Fondo de Emergencia de 4 millones de pesos para atender las demandas” de las comunidades, pero les fue “denegado”.
“Lo pedimos porque el gobierno de Río Negro recibió 150 millones de pesos para distribuir en los municipios, específicamente para afrontar la emergencia del Covid, y esto no tiene que ver con la coparticipación; todas las provincias lo recibieron”, aclaró el vocero, y agregó que “nosotros que somos un organismo que pertenecemos en esa cogestión a una institucionalidad del gobierno, que tiene que trabajar con las comunidades, no tenemos los recursos y ese es un reclamo histórico”.
Para el referente, “el problema político presente en muchos lugares hace difícil la relación con quienes tienes los recursos para distribuir”, lo cual genera que, a pesar de que “hay voluntad del gobierno nacional”, por “algunas cuestiones políticas que son complejas la bajada de recursos se complica”.
Desde la Coordinadora denunciaron en un comunicado que “las demandas elevadas al ministerio de Desarrollo Social de Nación y al ministerio de Agricultura de Nación hace 15 días están supeditadas a la voluntad política del gobierno provincial, que exige que toda la ayuda se canalice por el gobierno”.
“Rio Negro está atravesada por una historia de clientelismo político y el poder se sustenta en la capacidad de distribuir la ayuda del Estado”, definió Carriqueo, y aseguró que “hay que dar una vuelta a la hoja y plantear que hay organismos como el Codeci que pueden atender eso”.
El conflicto en Mascardi
El vocero mapuche dijo que para el parlamento que representa, lo que está pasando con las comunidades de Villa Mascardi “es muy grave”, y planteó que “desde el primer momento estamos ante la necesidad de resolver esta cuestión territorial”.
A pesar de esto, aclaró que todo “está un poco más tranquilo”, que “están haciendo los peritajes del lugar que se incendió”, y que “la comunidad denuncia que lo hizo la policía”.
Hace una semana se incendiaron dos cabañas en la comunidad Winkul Lafquen Mapu en Villa Mascardi, el mismo lugar donde en 2017 fue asesinado el joven Rafael Nahuel. Los pobladores denunciaron disparos de la policía hacia adentro del lof; además de un ataque a la comunidad Buenuleo de la zona, que las organizaciones adjudicaron a la connivencia de la comisaría.
El martes se realizó una mesa conjunta en la que participaron los ministerios nacionales de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el ministerio de Gobierno de la provincia de Río Negro, para discutir una posible resolución del conflicto por las tierras.
“Esta mesa de resolución de conflictos se creó el 26 de noviembre de 2017, el día después del asesinato de Rafael Nahuel, y ahora intentamos reactivarla con otros actores políticos de los gobiernos”, señaló Carriqueo. Aseguró que “el conflicto está y la mejor manera de solucionarlo es en una mesa de diálogo”, además de remarcar que “la centralidad está en la necesidad de que la comunidad esté asentada en ese territorio”.
Desde la Coordinadora denunciaron que “en los últimos 15 días se comenzó una campaña de difamación, estigmatización y violencia contra el pueblo mapuche desde Bariloche que se trasladó a los canales y diarios más conservadores del país, como el diario Río Negro, el Cordillerano, La Nación, TN, A24, Clarín, que han titulado en sus tapas, en letras de catástrofe la “inseguridad que viven los pobres que tienen sus casas de descanso en Mascardi””.
Para Carriqueo, “las víctimas siempre son del movimiento indígena y estos elementos se ponen para deslegitimar la discusión central, que es la devolución del territorio por parte del Estado rionegrino y del Estado nacional”.
“No estamos hablando de inseguridad y le reclamamos al gobierno nacional que tenga una resolución política, porque entendemos que si bien el ministerio de Seguridad tiene una posición diametralmente opuesta a la que tuvo Bullrich, esto es una cuestión política, histórica y social”, planteó el integrante del Parlamento Mapuche Tehuelche rionegrino.
Y remarcó que “la campaña del desierto se desarrolló hace 140 años y los problemas territoriales se produjeron durante toda la historia”, ya que “la apropiación del territorio, el corrimiento de las comunidades y las muertes fueron constantes. Siempre hubo muertes para alambrar los campos, y eso está oculto y silenciado”, apuntó.
Carriqueo concluyó que es necesaria la “decisión política del gobierno nacional de reconocer que el Estado argentino se ha construido sobre un genocidio, y que esa injusticia está vigente, porque los conflictos territoriales son emergentes de una injusticia histórica”. Además, puso de relieve “la responsabilidad que tienen que tener los gobiernos para avanzar seriamente en esto”, y que sus hijos “puedan construir un lugar en este espacio territorial que ha sido históricamente comunitario”.
El próximo paso será una reunión de los representantes de los gobiernos nacionales y provinciales, el INAI y las organizaciones indígenas, que se va a realizar en Bariloche y donde buscarán la presencia del ministro del Interior o del jefe de gabinete para intentar destrabar el conflicto.