Comida en mal estado, falta de sábanas y elementos de abrigo a las puertas del invierno, violencia sistémica, falta de atención médica e inexistencia de contención psicológica frente a la pandemia son algunos de los reclamos que familiares de personas detenidas en el Complejo Penitenciario de Batán, en Mar del Plata, hicieron visibles en la mañana del viernes 19 frente a los tribunales de la ciudad balnearia. El banderazo estuvo atravesado por dos recientes muertes evitables: hace una semana, el joven Matías Serrano, detenido en la UP 15, se suicidó en la celda de aislamiento; y otro detenido murió por una grave enfermedad luego de que el médico de la unidad dijera que “se hacía el tonto” para acceder a la domiciliaria. En diálogo con ANDAR, Canella Bella, afirmó que “en las cárceles sigue ocurriendo un genocidio encubierto”.
Mientras Canella Bella, exdetenida, Directora del Proyecto Mecha y referente del frente Cárceles del Movimiento Evita, dialogaba con ANDAR, se acercó a ella una oficial de policía para avisarles que “el juez (Adrián Angulo, vocal de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mar del Plata) no podrá atenderlos. Está en reunión y no sabe cuánto durará”.
Canella junto a más de 50 personas -entre familiares de detenidos del complejo penitenciario Batán, organizaciones de derechos humanos y referentes sociales- realizaban desde las 10 de la mañana un banderazo y protesta frente a los tribunales de Mar del Plata, en la calle Brown 2046, para exigir el esclarecimiento de dos muertes evitables en el interior de las cárceles del complejo, además del crítico escenario en el que transcurre la vida de más de 2000 personas alojadas en las UP 50 y 15, y en la Alcaidía 44 de Batán.
La jornada de protesta fue convocada por la organización Familiares Unidos por los Derechos de los Detenidos, bajo la consigna: “Las personas privadas de la libertad también tienen DERECHOS y también son HUMANOS”.
“Vinimos, una vez más, a exigir que el Estado preserve y garantice la integridad de las personas detenidas. El ‘delito’ más grave que ellas han cometido es el de pertenecer a sectores vulnerables, y ninguna sociedad puede desenvolverse a partir de la tortura y el maltrato”, afirmó Canella a ANDAR, luego de exigir a la oficial de policía que reiterara el pedido de audiencia al magistrado o que, al menos, les recibieran el habeas corpus colectivo en favor de todos los detenidos del complejo penitenciario de Batán.
Los reclamos no son nuevos: desde los primeros días de diciembre pasado, en plena huelga de hambre en casi todo el Servicio Penitenciario Bonaerense, los familiares y las organizaciones locales presentaron dos habeas corpus colectivos, uno ante un Juzgado de Garantías y otro ante el Juzgado de Ejecución de Mar del Plata. Ninguno fue recepcionado.
Por eso ahora, que a las condiciones de fines de 2019 se suma la emergencia sanitaria frente al Coronavirus, intentan ser escuchados en la Cámara de Apelaciones y Garantías, aunque nuevamente sin éxito.
“La situación es insostenible: Hay detenidos con enfermedades respiratorias y otras graves afecciones que, sin embargo, no reciben atención médica de ningún tipo. No funcionan en las unidades penales las medidas de aislamiento mínimo por los niveles de sobrepoblación. Tampoco hay atención psicológica ni psiquiátrica, porque no está yendo el personal. Hay un joven que se suicidó hace una semana en una celda de aislamiento, y ya había anunciado su intención de quitarse la vida por la angustia y miedo ante este contexto”, describe Canella.
Los familiares y organizaciones también denuncianque están suspendidas las audiencias por videoconferencias desde hace más de 20 días, con centenares de detenidos en condiciones de acceder a morigeraciones en la modalidad de prisión ya sea porque integran grupos de riesgo o por el avanzado cumplimiento de la pena.
De hecho, el detenido que falleció hace días por graves problemas de salud -y sobre el que un médico de la unidad penal dijo que se “estaba haciendo el tonto para acceder a la domiciliaria”- cumplía una pena de 11 años y 6 meses, faltando sólo 4 meses para concluirla.
En cuanto a las visitas de los familiares, hace más de 80 días que están suspendidas y sólo permiten la entrega de mercadería en las puertas de los penales, pero tal como denuncian las organizaciones y familiares tampoco les dejan ingresar sábanas, mantas y frazadas, cuando faltan dos días para el inicio del invierno.
Según Canella, en Mar del Plata la situación es extremadamente delicada: “Los detenidos están a punto de iniciar una nueva huelga de hambre en los penales. Es la única forma en la que saben que pueden ser escuchados. Por eso venimos hoy a las puertas de los tribunales de Mar del Plata con la intención de que nos atiendan, o que al menos nos den una fecha de audiencia”.
“No queremos represión, no queremos más violencia: queremos cultura laboral afuera y adentro de la cárcel. Creemos que con más trabajo y menos reincidencia, vamos a poder construir ciudades integrales, sin tortura ni malos tratos. Sin esa problemática de la ‘inseguridad’ que siempre se aborda con la violencia institucional, antes que dando respuestas a los sectores vulnerables”, agregó.
Cabe destacar que, entre el petitorio del Banderazo, las organizaciones y familiares también reclaman: que se descompriman los espacios carcelarios; que se otorgue arresto domiciliario a las jefas de hogar que tengan menores de 13 años a cargo; que las personas procesadas con penas menores a 4 años tengan el arresto domiciliario; y que se priorice el derecho a la salud, a la igualdad de todos ante la ley y a la vida.