Por orden de la auxiliar de la Fiscalía penal de Cachi provincia de Salta, María Juarez Mattar y del Fiscal penal Juan Carlos Molinati, se dió la orden de intervención en una finca de Las Pailas, motivo por el cual la policía procedió al desalojo de los integrantes de la comunidad Diaguita kallchaki Las Pailas de su propio territorio ancestral en Cachi, de una forma violenta y brutal, se vivieron momentos de extrema tensión pasadas las horas del mediodía de ayer.
Las comunidades sostienen que no están usurpando tierra, ya que les pertenece por derecho. Esto inició con la denuncia por usurpación de la supuesta propietaria de la finca, Florencia Wayar, mientras que un grupo de 30 personas integrantes de la comunidad indígena indicaron que esa tierra les pertenece y que esperan respuesta de la Justicia para que este asunto quede solucionado. La orden de desalojo les había llegado el pasado domingo y el martes desde la comunidad habían informado que había quedado momentáneamente sin efecto tras el pedido de intervención del “Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de Nación, a la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Provincia de Salta para que expresen si la ocupación del territorio en cuestión se encuentra contemplada por la Emergencia Territorial de la Ley 26.160, como así también dio intervención del Defensor Penal Oficial, dando un plazo de 48 hs. a los organismos para tales tareas.
A pesar de estas aclaraciones, procedieron al desalojo, represión y detención, informaron que la policía los atacó con balas de goma y detuvieron ilegalmente a un menor de edad, también a los referentes del pueblo diaguita Hernán Fabián, Verónica Cruz, Héctor Fabián, vocal diaguita y responsable del instituto provincial de pueblos indígenas en Salta, asimismo con Juan Condori quien es delegado del consejo de participación indígena ante el instituto nacional de asuntos indígenas (INAÍ).
Mientras la lucha de las comunidades originarias denuncian maniobras políticas, por parte del gobierno, reclamaban que el accionar policial protege a los usurpadores territoriales, para que continúen con sus tareas de intromisión en territorio Comunitario ancestral, haciendo referencia a que ellos son los verdaderos dueños de las tierras. Las comunidades aclaran que pretenden desconocer el Derecho Originario recalcando que se trata de derechos constitucionales que tienen como pueblos preexistentes.
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