En estos días en que la Cámara Alta debate la Ley de Interrupción del Embarazo, que ya cuenta con media sanción de Diputados, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito difundió un relevamiento por regionales desarrollado entre abril y junio de este año en el que se evidencia que no hubo acceso pleno a las interrupciones legales del embarazo (ILE) y a los métodos anticonceptivos (MAC).
De las 42 mesas y regionales de la Campaña relevadas, el 100% respondió que las mujeres y personas gestantes no accedieron de modo pleno a las ILE durante este período. El 55% indicó que se accedió con dificultades y el 45% refirió que se ha complicado el acceso.
“La falta de acceso pleno y las complicaciones cotidianas impactan sobre la salud de mujeres y personas gestantes, sobre sus vidas y proyectos. Es la consecuencia de la falta de una legislación que acompañe el derecho a la autonomía. (…) Estamos exigiendo políticas públicas en una época en que el acceso a la salud integral es urgente en los Estados de la región. Exigimos: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, expresan desde la Campaña, que realizó un recorrido por las realidades de algunas provincias argentinas.
Respecto a los distritos que no tienen protocolo, San Juan tampoco adhiere al Protocolo para la Atención de las Interrupciones Legales del Embarazo de Nación. En ese contexto, 394 personas con capacidad de gestar recurrieron a las redes de socorrismo para acceder a abortos seguros.
Corrientes no cuenta con protocolo propio ni adhesión al Protocolo ILE de Nación y los embarazos no deseados llegan al 70%. En julio de 2019, una joven acudió al Poder Judicial para solicitar una ILE, le negaron la práctica y se alentó la “adopción prenatal”.
Formosa tampoco cuenta con adhesión al protocolo nacional, ni protocolo propio de los abortos legales. En abril de 2020, Ivana Micaela de 22 años murió por un aborto clandestino. El embarazo no intencional tiene una tasa del 69% y el embarazo adolescente del 21%.
Santiago del Estero no cuenta con adhesión a protocolos de los abortos que ya son legales. En mayo de 2020, a María de 12 años y a su mamá les mintieron sobre la edad gestacional de su feto para negar un aborto legal.
Santa Cruz aún no adhirió al Decreto Vigente 7/2020 del Ministerio de Salud de Nación, y el protocolo de atención de las ILE que rige es la Guía Técnica de 2010. Por año hay 606 internaciones por abortos inseguros.
Tucumán no cuenta con protocolos propios, ni adhesión al protocolo ILE Nación. En 2014, Belén fue denunciada por médicos tras un evento obstétrico y condenada a 8 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Estuvo presa dos años y luego fue absuelta.
En tanto, Santa Fe adhiere desde 2012 a los protocolos ILE de la Nación. En 2007, Ana María Acevedo murió luego de que se le negara un aborto y el tratamiento oncológico por estar embarazada. Los dos servicios de ginecología más importantes del centro norte no garantizan la práctica.
Si bien la Provincia de Buenos Aires adhiere al Protocolo ILE del Ministerio de Salud de la Nación, las condiciones de acceso varían. 79 mujeres murieron en los últimos 5 años por abortos inseguros.
Córdoba dispone de Resolución del Ministerio de Salud, que entró en vigencia luego de un fallo del Tribunal Superior de Justicia provincial en septiembre de 2019. Para la Campaña, la guía es restrictiva y no se encuadra en el marco vigente. En noviembre del 2020, Mariela murió producto de un aborto inseguro.
San Luis adhiere al Protocolo ILE de Nación, pero cada año al menos 700 mujeres son hospitalizadas a raíz de las complicaciones sufridas tras haberse realizado un aborto clandestino, prácticamente 2 mujeres por día.
Mendoza cuenta con una guía para la atención de las interrupciones de embarazo permitidas por el Código Penal, sin embargo la Ley provincial 8116 prohíbe la venta del misoprostol (la droga que se utiliza para abortar de manera segura) en las farmacias.
Chaco adhirió a la Guía Técnica de abortos no punibles en 2012. De acuerdo con estadísticas del Hospital Perrando, cabecera del sistema sanitario, de 18.000 embarazos atendidos durante 2019, más de 5.000 correspondieron a adolescentes.
Entre Ríos adhiere al Protocolo ILE de Nación actualizado en 2019. En 2011, la Justicia condenó al Estado provincial a indemnizar a una mujer que sufrió un accidente cerebro vascular como consecuencia del parto luego de haberle negado la interrupción del embarazo.
Misiones cuenta con una Guía de Atención de Abortos No Punibles. Allí, la proporción de nacimientos producto de embarazos adolescentes de 10 a 19 años es del 19%. En 2018, 198 nacimientos correspondieron a embarazos de menores de 15 años.
La Rioja adhiere desde este año al Protocolo ILE de Nación. En los primeros diez meses de 2020, 183 riojanas acudieron a las redes de socorrismo para poder abortar.
Catamarca cuenta con un protocolo para la atención de ILE según lo previsto por el Código Penal. En marzo de 2019, Paulina de 30 años falleció tras un aborto inseguro en la capital. Había recorrido 400 kilómetros en busca de atención médica.
Jujuy adhiere al Protocolo ILE de Nación actualizado a fines de 2019. En enero de ese año, una niña de 12 años, violada y embarazada, fue usada como incubadora cuando el director del Hospital “Dr. Guillermo Paterson” le negó la interrupción del embarazo.
En Salta rige el Decreto 584/18 del Ministerio de Salud Pública. También adhiere al Protocolo ILE, elaborado por el Ministerio de Salud de Nación. En 2015, Juana, una niña wichí, fue violentada sexualmente y se le negó la interrupción del embarazo que le correspondía por ley.
En Tierra del Fuego, durante los primeros días de pandemia se vio afectado el acceso a los derechos sexuales y (no) reproductivos, pero a través de la organización feminista se articuló con profesionales para garantizarlos.
En Chubut, en el último año, 20 niñas fueron madres a pesar de tratarse de la provincia del Fallo F.A.L., que recuerda la historia de una joven violentada sexualmente que junto a su madre recurrió a la Justicia para acceder a la interrupción del embarazo.
En Neuquén, el acceso a los derechos sexuales y (no) reproductivos de las mujeres de las comunidades originarias es una incógnita. En este sentido, la Campaña advierte sobre la importancia de que las políticas públicas sean para todes quienes habitan este suelo.
En Río Negro, el aborto legal llegará para reforzar la atención integral de los derechos sexuales. Durante la pandemia, en Bariloche hubo dificultades en la provisión de anticonceptivos y se vio complicado el acceso a las ILE.
Desde la Campaña afirman además que Argentina no cuenta con estadísticas sobre abortos ilegales, ya que solo algunas provincias informan. “El avance con la discusión en 2018 del Proyecto IVE produjo un cambio importante en la actitud de las mujeres y las personas gestantes al momento de solicitar una ILE que se tradujo en un aumento de la demanda y del acceso a la ILE. Los llamados al 0800 salud reproductiva por consultas de ILE pasaron de 8 a 11 antes de 2018 a 70 llamados diarios en 2019”.
En cuanto a las provincias que informan las ILE realizadas, la Campaña menciona a La Pampa donde se llevaron adelante 475 ILE en 2018, 528 en 2019, y 278 a mayo de 2020. El distrito adhirió a la Resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación, Decreto 516/19 y cuenta con protocolo propio desde 2018, pero durante el 2020 se observaron demoras en la atención de las ILE.
También la Ciudad de Buenos Aires ha brindado información. En 2019 se realizaron 8.388 ILE en el sistema público de salud, de las cuales el 85% se hicieron en centros de salud (primer nivel de atención). El 86% en adultas y el 14% en adolescentes menores de 18 años, de las cuales 54 eran niñas de 10 a 14 años. También informan que el 92% de las mujeres y personas gestantes llegan con menos de 13 semanas de gestación por lo que se les realizó aborto farmacológico. Del 8% restante efectuado en hospitales, más del 70% también fue farmacológico, el 20% combinado y el resto solo quirúrgico.
Desde la Campaña remarcan que el dato más claro de la falta de acceso a la ILE es la cantidad de niñas menores de 15 años (de 10 a 14 años) que son madres cada año: “De 6 a 8 por día, porque casi todas estarían dentro de las causales, ya sea por riesgo para la salud pues a esa edad es más riesgoso continuar un embarazo que interrumpirlo y porque en su mayoría son embarazos producto de abuso o violación”.
Durante esta semana se realizan las reuniones informativas propuestas por el plenario de comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales y de Salud. Para este jueves 17 de diciembre, se prevén acciones presenciales en el Congreso de la Nación y en las plazas principales de cada provincia a la espera del dictamen. En tanto, se espera el debate en el recinto para el martes 29. Para ese día se convocará una Vigilia Federal: “Para esperar la sanción definitiva de esta demanda popular, cuyo objetivo principal es el reconocimiento pleno de los derechos humanos de todas las personas que habitan el suelo argentino”.
En el inicio de las reuniones informativas, desde la Campaña enviaron un mensaje a los senadores y senadoras: “El debate legislativo por aborto legal es el resultado de una incesante lucha por los derechos de millones en nuestro país. Hemos impulsado este debate durante años, para que mujeres y personas con capacidad de gestar puedan crear sus proyectos de vida sin riesgos, sin muertes por abortos inseguros, remarcando la responsabilidad de nuestras y nuestros representantes en legislar por la salud integral, adecuando las normas a los mandatos fundamentales de los derechos humanos -tal como nuestro país se ha comprometido a concretar-, en defensa del pleno ejercicio de los derechos de más de la mitad de la población. (…) El mundo mira a la Argentina. Este debate abre nuevos caminos hacia una democracia que escucha al pueblo. Senadoras y senadores: hagamos historia. Es ahora, que sea ley”.