En medio de rumores y miedos por la propagación del COVID 19 en el penal de San Cayetano un cruce entre un preso y un penitenciario derivó en una feroz golpiza. Héctor “Manchita” García terminó con muerte cerebral. Los funcionarios que participaron en el hecho ya fueron separados de sus cargos y se abrió una investigación por la violencia desmedida.
La mañana del jueves 13 de enero Héctor “Manchita” García, de 20 años, tuvo un altercado con un penitenciario con el que llegó a pelearse a golpes. Eso motivó la intervención de ocho guardias que lo llevaron violentamente a una celda de aislamiento. Allí lo golpearon con brutalidad hasta que el médico del penal detectó que había quedado en un estado prácticamente comatoso. Fue trasladado al Hospital Escuela de la Ciudad Capital, en paro y realizándole el médico del Servicio maniobras de RCP. Al llegar y estabilizarlo la tomografía arrojó su muerte cerebral.
La Unidad Penal N° 6 de San Cayetano aloja alrededor de 400 personas procesadas, Héctor era uno de ellos. “Es un lugar que está en una zona suburbana con un problema histórico de falta de agua potable y problemas de comunicación tanto telefónica, casi sin señal, como del camino hasta el penal que no es adecuado” describe Hilda Pressman Coordinadora de la red de DDHH de Corrientes que viene acompañando la situación de las personas privadas de libertad hace años y particularmente durante las medidas que se tomaron ante la pandemia de COVID 19. “En este contexto los familiares nos han hecho saber que hay varios casos de internos con COVID que han sido alojados en un hospital de campaña que hay ahí. Pero hay mucha preocupación ante el hermetismo, agravado por los problemas que mencionaba, el hacinamiento y la falta de elementos de higiene. El lugar también se caracteriza por el manejo violento y represivo a los detenidos”, agrega.
Aparentemente la pelea con García se inició a partir de un reclamo del detenido en ese contexto. Mientras él estaba en el hospital la mamá fue a llevarle mercadería que le recibieron en la unidad sin avisarle la situación de su hijo.
“El informe ni bien ocurrió el hecho fue de la Jefatura del Servicio Penitenciario cuando García fue trasladado al Hospital. Aproximadamente a las 16 hs nos avisan que había fallecido, y en ese momento ya estaba actuando la Fiscal en turno, la Dra. Troia, iniciando la investigación del caso de violencia desmedida de Servicio Penitenciario”, indica Jorge Isetta, integrante del Comité provincial Contra la Tortura que intervino inmediatamente.
El propio servicio reconoció la golpiza, aportó material para la identificación de los funcionarios implicados y los separó del cargo mientras se desarrolla el sumario administrativo. Todavía no hay imputaciones, la causa penal está en investigación. Desde el Comité se reunieron con la fiscal aportando los datos que recibieron de los demás internos del penal. “Nos constituimos en la Unidad Penal a recabar mayores datos sobre el hecho y una represión sobre los internos con motivo de su reclamo de justicia por la muerte del compañero”, detalla Isetta. Además el Comité en una reunión extraordinaria decidió constituirse como parte querellante para coadyuvar en la investigación.
“El punto es que durante la pandemia ya son dos los jóvenes privados de su libertad que demandaban mejores condiciones y murieron”, señala Pressman. El caso anterior fue en abril, cuando se dio en Corrientes el primer brote importante y se detectó un contagio de casi 30 personas en la UP 1. Los detenidos iniciaron fuertes reclamos que fueron respondidos con una represión desmedida en la que Kevin Candia fue asesinado por un disparo de arma de fuego realizado por un penitenciario.
“Ahora estamos esperando los resultados del informe de autopsia para ver cómo avanza la causa, que sabemos que como todas las que involucran a la represión estatal implican una dura pelea para quebrar la impunidad”, cierra Pressman.