Tras recibir las pruebas presentadas por la familia, la fiscalía N° 2 del fuero de responsabilidad penal juvenil de La Matanza solicitó la libertad de Ulises, imputado por el intento de robo de una camioneta que desencadenó en el asesinato de su hermano de 15 años por un oficial de la Gendarmería Nacional. La libertad fue concedida por el Juzgado de garantías del joven N°1. El registro de las cámaras de seguridad de la zona, que tomaron la secuencia de los hechos, demuestra que Ulises no es ninguno de los cuatro jóvenes que participaron del delito que se le imputaba. Anteriormente, el mismo fiscal Marcelo Germinario le había dictado la prisión preventiva tomando vista únicamente de las pruebas policiales. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
Ulises estuvo más de una semana detenido por un delito que no cometió, imputado en base a pruebas aportadas por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El tiempo que estuvo detenido le impidió estar presente en el entierro de su hermano Jordan de 15 años, asesinado por un oficial de Gendarmería Nacional.
El pasado 7 de abril en San Justo, cuatro jóvenes, que intentaron robar una camioneta, fueron atacados a tiros por el gendarme Humberto Gil. Los disparos fueron efectuados, en su gran mayoría, por la espalda, cuando los jóvenes se alejaban del lugar para resguardarse del ataque. Jordan de 15 años recibió un disparo en el abdomen y murió en la calle, a pocas cuadras del lugar del hecho.
Alertado por su mamá de que Jordan estaría herido, Ulises —que, en ese momento, estaba con una amiga— se tomó un remisse y salió a buscarlo. Cuando llegó al lugar, donde su hermano estaba ya muerto, la Policía de la Provincia de Buenos Aires lo detuvo, acusado de participar en el intento de robo.
Las pruebas aportadas por la Policía eran circunstanciales: un auto similar al remisse en el que llegó Ulises habría sido registrado por las cámaras de seguridad en la zona y en los momentos previos al intento del robo de la camioneta. El segundo indicio: el secuestro de un revólver encontrado en el baúl del remisse.
Sin embargo, al no existir vinculación con el hecho, el conductor del vehículo sólo fue imputado por tenencia ilegal de arma. E, incluso, la misma policía reconoció luego que el arma que llevaban los jóvenes al momento del intento de robo era de utilería.
A pesar de lo endeble de las pruebas, cinco días después de su detención, cuando se cumplió el tiempo para definir su situación procesal, el titular de la UFIJ N°2 del fuero de responsabilidad penal juvenil de La Matanza, Marcelo Germinario, pidió la prisión preventiva y el Juzgado de garantías del joven N°1 del departamento judicial la concedió. La decisión del fiscal no sólo se basó únicamente en la versión policial sino que, además, desconoció las pruebas que ya había presentado la familia.
Un día después de conocer la decisión de detener con preventiva a Ulises, familiares, amigos y amigas del joven marcharon a la fiscalía y consiguieron que al día siguiente el fiscal Germinario tome declaración a la mamá.
Recién entonces, el fiscal reconoció que la prueba presentada por el abogado de la familia desvinculaba a Ulises del delito que se le imputaba: por un lado, las cámaras de seguridad de la zona registraron el intento de robo de la camioneta, el ataque del Gendarme y el recorrido de los cuatros jóvenes cuando se alejaban del lugar para escapar de los tiros. Ninguno de los cuatros jóvenes era Ulises. La otra prueba, que demostraba que el joven estaba en otro lugar en ese momento, es el registro de los mensajes telefónicos entre Ulises y la amiga que estaba visitando.
Ante la evidencia de la prueba en el expediente, el fiscal Germinario ordenó la libertad de Ulises, que fue concedida por el Juzgado de Garantías interviniente.
Cabe recordar que el día de su detención, el joven fue trasladado a la comisaría 1ª de San Justo donde fue torturado: lo obligaron a mantenerse de rodillas durante varias horas mientras lo golpeaban, hostigaban y se burlaban de la muerte de su hermano. Llegaron, incluso, a mostrarle la bermuda que llevaba Jordan defecada y orinada producto de las expulsiones del cuerpo luego de su muerte.
Por los apremios ilegales y torturas, hay una investigación penal Ayudantía fiscal de violencia institucional de La Matanza, que se inició tras la denuncia realizada por el Centro de Admisión y Derivación (CAD) —dependiente del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. La denuncia penal fue luego ampliada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que tomó intervención en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
Por otra parte, en la Fiscalía de Homicidios de ese departamento judicial tramita la causa que investiga al gendarme Humberto Gil por el homicidio de Jordan y las heridas a otro joven.
A más de dos semanas de estos hechos, ninguna de las dos causas presenta avances; ni siquiera Ulises y su mamá fueron llamados a declarar.