La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pidió el inicio del jury y apartamiento preventivo para el fiscal general de Lomas de Zamora Sebastián Scalera y los fiscales Pablo Rossi y Sebastián Bisquert. En la presentación ante la Secretaría de Enjuiciamiento de la Corte bonaerense, la CPM denunció la existencia de un plan para perseguir y presionar a funcionarios del departamento judicial, especialmente contra el juez de garantías Gabriel Vitale. Los fiscales denunciados realizaron investigaciones arbitrarias y selectivas sin control judicial y recurrieron a actividades de inteligencia ilegal con la intención de lograr, mediante el sometimiento de los funcionarios judiciales, avances en causas de interés para el gobierno anterior.
La persecución y armado de causas contra el juez de garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale vislumbran el mismo modus operandi identificado en otras causas, con trámite en la justicia federal, donde se investiga el espionaje ilegal impulsado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión del gobierno de Cambiemos. Es decir, una trama de organización delictiva tendiente a obtener información por medios ilegales de determinadas personas para poder así presionarlos, influir en sus decisiones o incluso hostigarlos mediante presentaciones judiciales.
La intervención de Vitale para salvaguardar las normas procesales en la conocida como “causa Independiente” le valió la persecución por parte de los fiscales denunciados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ante la Secretaría de Enjuiciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
En 2018, cuando el expediente de la causa pasó a la recién creada Unidad de coordinación de delitos complejos y crimen organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora, a cargo del Sebastián Scalera, el fiscal junto a autoridades de la cartera de seguridad e integrantes de la AFI buscaron introducir la figura del arrepentido con el claro objetivo de direccionar testimonios irregularmente. Una maniobra irregular puesto que la figura del arrepentido no fue adoptada en el código procesal de la Provincia.
Más grave aún, tras la intervención de Vitale, el fiscal Scalera inició una persecución injustificada e ilegal contra el juez de garantías. La primera medida fue realizar una auditoría ilegal sobre su actuación jurisdiccional. Todo ello sin la debida autorización judicial, ni siquiera encontrándose dichas medidas en el marco de una causa penal formal.
Sólo la Corte, en su rol de Superintendencia, está facultada para realizar el control sobre los organismos jurisdiccionales. Por lo tanto, la conducta de Scalera constituye un incumplimiento de los deberes inherentes al cargo y abuso de autoridad, motivos también para avanzar con su apartamiento y juicio político.
Esa auditoría ilegal habría servido para detectar una supuesta irregularidad administrativa por parte de Vitale, la firma de una resolución de competencia sin estar presente en el despacho. Esa prueba obtenida ilegalmente dio lugar a la denuncia por falsedad ideológica y curso “formal” a la persecución.
La instrucción de esa causa fue asignada en forma arbitraria, injustificada y claramente ilegal a la Unidad Fiscal de Instrucción N° 8 de delitos económicos y violencia institucional, a cargo de Pablo Rossi, cuando el objeto de la misma no guarda mínima relación con la tarea encomendada a esa Fiscalía. La causa cuenta con un pedido de recusación efectuado contra Rossi aún no resuelto y, por otro lado, nunca tuvo Juez de Garantías a cargo, ya que todos los magistrados del departamento judicial de Lomas de Zamora se excusaron de intervenir.
En ese contexto de persecución a Vitale, en marzo del año pasado, el fiscal Sebastián Bisquert requirió el expediente a la Cámara de Apelaciones y Garantías a fin de tomar vista y extraer copias. Allí formó un legajo secreto, sin dejar constancia en los autos principales ni notificar a ninguna de las partes y comenzó un operativo de investigación ilegal sobre Vitale y su familia, que incluyó informes de migraciones, bienes, cuentas bancarias, llamadas telefónicas. Estas actuaciones violan la normativa de inteligencia y de protección de datos personales y garantías constitucionales básicas.
La intervención de Bisquert denota graves irregularidades, puesto que la hipótesis investigativa no justificaba las medidas intrusivas de la intimidad y privacidad de Vitale y su familia.
Entre junio y noviembre de 2020, el juez Vitale realizó cuatro presentaciones para denunciar las irregularidades y la persecución orquestada por Scalera contra funcionarios judiciales del departamento judicial. Vitale no recibió ninguna respuesta de la Corte ni de la Procuración. Mientras tanto, en base a la investigación irregular en su contra, el Procurador General Julio Conte Grand realizó una presentación ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento para pedir el apartamiento y jury de Vitale.
Tal como denuncia la CPM en el pedido de juicio político, el accionar contra Vitale no es el único en los últimos años: la jueza del fuero civil comercial de Lomas de Zamora María Zulema Villa también fue víctima de estas maniobras de persecución y adoctrinamiento. El ataque a la jueza comenzó tras su intervención en el proceso concursal de una empresa y una denuncia por vaciamiento de la firma.
En el marco de ese proceso, el fiscal Pablo Rossi impulsó la investigación de una denuncia contra la jueza realizada por los directivos de la empresa, después se comprobaría por prueba caligráfica que las firmas de los denunciantes eran falsas. En esa causa, Rossi imputó a la magistrada y pidió su desafuero: la medida judicial fue acompañada por Scalera, el trámite administrativo, una vez más, por Conte Grand. Sin embargo, la Secretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte dispuso que las acusaciones contra la jueza Vila eran infundadas.
Sobre el fiscal Rossi, la denuncia de la CPM –en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura– cita además otro antecedente por su actuación en una causa de violencia institucional en la vía pública con intervención de cuatro miembros de la Gendarmería Nacional. A pesar de que existían pruebas suficientes para, al menos, investigar el hecho y determinar los responsables, dejó transcurrir un lapso excesivo entre la recepción del expediente y su primera medida, y posteriormente archivó la causa sin argumento alguno y omitiendo la notificación a las víctimas.
Los casos de Vitale y Villa forman parte de un problema de enorme gravedad institucional. Desde el 2018, en el ámbito de la Procuración, se iniciaron 43 expedientes de control disciplinario a integrantes de la Fiscalía General de Lomas de Zamora; las enormes irregularidades y gravedad institucional de esta situación ya fueron advertidas por la Corte, quien llamó a restablecer su funcionamiento al momento de pronunciarse sobre la licencia del hasta entonces fiscal general de Lomas de Zamora Enrique Ferrari. Licencia que fue prorrogada hasta la actualidad. Una vez más la denuncia ante la Corte fue presentada por el procurador Conte Grand.
Para ese entonces, Enrique Ferrari ya había realizado diez presentaciones –una ante la Procuración y nuevo ante la Corte bonaerense– para denunciar por un lado el accionar del fiscal Scalera en la elaboración investigaciones arbitrarias y selectivas. Por otro lado, la persecución judicial y disciplinamiento instrumentado desde la Procuración General como reacción a su iniciativa de intervenir para transparentar tales irregularidades.
La denuncia de Ferrari indicaba que Scalera inició investigaciones secretas y reservadas contra políticos, sindicalistas, magistrados y funcionarios con la intención de perjudicarlos, presionarlos o influir en sus decisiones de acuerdo a sus intereses políticos. Además describió que el fiscal Scalera recibía con regularidad en su oficina a representantes de la AFI y el Ministerio de Seguridad de Nación.
En el momento de pronunciarse sobre la prórroga del licenciamiento de Ferrari, sólo el recientemente fallecido Eduardo de Lázzari votó en disidencia: el ex supremo describió la situación de complejidad, denuncias y cruzadas y advirtió que todas las denuncias contra Ferrari provenían de los mismos fiscales afectados por sus decisiones y de Conte Grand, es decir los mismos que se convierten en sus denunciadores. De Lázzari también señaló que, ante esa anómala situación, “la omisiva, tolerante y complaciente actitud de la Procuración General no ha puesto coto a notables desbordes e irregularidades”.
Desde que tomó conocimiento de las denuncias del entonces fiscal general Enrique Ferrari, la CPM advirtió la gravedad institucional de lo que estaba ocurriendo en el departamento judicial de Lomas de Zamora y realizó presentaciones ante la Corte y la Procuración. También realizaron presentaciones en defensa de los magistrados perseguidos la Asociación Judicial Bonaerense y la asociación Abogados por la Justicia Social.
En aquel momento, la CPM había expresado que “mediante procesos arbitrarios plagados de irregularidades, con fines político-partidarios, la Procuración General pretende disciplinar a funcionarios judiciales autónomos y pone en peligro todo el sistema de derechos y garantías constitucionales sobre el que se asienta la democracia”. La situación continuó agravándose.
Esta persecución ilegal y arbitraria seguida contra jueces que sostienen su independencia y no ceden a las presiones políticas, fue también padecida de parte de la Procuración General, durante la gestión de gobierno anterior, por el Juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias.
La democracia requiere de jueces independientes que persigan la justicia, no de jueces que sean permeables a las presiones políticas de los gobiernos.