El 2 de agosto de 2018 la explosión de una garrafa en la Escuela 49 de Moreno provocó la muerte de su vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar docente Rubén Rodríguez. El crimen evidenció las graves condiciones de infraestructura escolar y el abandono y desidia estatal: existían, al menos, 8 denuncias previas por la existencia de una fuga de gas en la institución. A tres años del hecho, la comunidad educativa de Moreno realizó una jornada de memoria y justicia para recordar a Sandra y Rubén, exigir justicia y reclamar escuelas dignas y seguras.
“Las políticas planificadas de ajuste matan. Si bien siempre será una fecha de dolor y bronca, convertimos eso en fuerza organizada no sólo para el reclamo de justicia sino para el compromiso con la educación pública, las escuelas son lugares para vivir, para construir esperanza y sueños”, reflexiona la secretaria general de SUTEBA-Moreno Mariana Cattaneo en diálogo con ANDAR.
La jornada de memoria comenzó a las 8:06 de esta mañana, a la misma hora que tres años antes se producía la explosión en la Escuela Primaria 49 de Moreno. En ese marco, se colocaron ofrendas florales al pie de un mural de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, que cubre parte de la fachada del edificio.
Además de la comunidad educativa de Moreno, el acto público en la puerta de la escuela del barrio Villa Aberasturi contó con la participación de referentes de los gremios docentes y autoridades provinciales; entre ellas, la directora general de Cultura y Educación bonaerense Agustina Vila, quien remarcó “vengo a hacerme responsable del cuidado de las escuelas”.
A las 8:06 del 2 de agosto de 2018, una explosión por un escape de gas en la Escuela 49 provocó la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar docente Rubén Rodríguez. Sandra y Rubén habían ido temprano para preparar la comida que desayunaban los chicos y chicas que asistían al establecimiento.
Al momento de la explosión, las autoridades educativas de la escuela y los gremios docentes del distrito habían realizado, al menos, ocho denuncias por la existencia de una fuga de gas en la institución.
“Nosotros veníamos reclamando por la situación edilicia de las escuelas del distrito, lo habíamos hecho ante el Consejo Escolar de la gestión anterior y ante los interventores que estaban en ese momento. La misma gobernadora había reivindicado la intervención del Consejo Escolar pero, si estaban preocupados por la infraestructura de las escuelas, por qué desde 2015 las obras se paralizaron. El abandono fue una decisión política”, cuestiona la referente gremial de SUTEBA.
Después del hecho, la comunidad educativa de Moreno realizó un acampe durante más de 40 días frente al edificio que ocupa el Consejo Escolar; esa organización permitió que se creara un comité de crisis por el grave estado de la infraestructura escolar. En la primera semana de inspecciones se detectó que más del 80% de las escuelas tenía problemas con las instalaciones de gas. Durante esos meses, unos 300 establecimientos educativos fueron clausurados total o parcialmente.
“Se hicieron algunas obras de techo, gas y electricidad en las escuelas del distrito, pero hoy muchas de esas obras están deterioradas, porque no fueron de buena calidad. Incluso, están bajo investigación judicial por sobreprecios”, remarca Marcela Cattaneo.
“Hoy tenemos otro gobierno, Agustina Vila habló en el acto de una política de reparación y nosotros seguiremos reclamando las respuesta que nunca habían llegado y las obras que necesitamos. Seguir reclamando por escuelas dignas y seguras”, agrega la referente del gremio docente.
Tras la ceremonia realizada en la Escuela 49, hubo un segundo acto en la puerta del Consejo Escolar municipal para renombrar esa calle como “Pasaje Sandra y Rubén”, tras la solicitud presentada en el Concejo Deliberante. Alrededor del mediodía, la comunidad educativa marchó hasta la sede de la Fiscalía de Moreno para renovar el reclamo de justicia.
A fines de 2019 la causa penal que investiga la muerte de Sandra y Rubén fue elevada a juicio pero, por la pandemia, aún no tiene fecha de inicio. Los imputados son cuatro: el gasista que inspeccionó la escuela el día anterior a la explosión, el entonces interventor del Consejo Escolar de Moreno Matías Nasif y los ex consejeros escolares Mónica Berzoni y Jorge Galián.
“La fiscal Urrutia concentró la investigación en los responsables locales, pero seguimos exigiendo que la justicia avance sobre los responsables políticos superiores, aquellos que decidieron la intervención del Consejo Escolar, el ministro de educación Sánchez Zinny, el director provincial de consejos escolares Marcelo Di Mario y la gobernadora Vidal”, señala Marcela Cattaneo.