El abogado ambientalista Darío Ávila se refirió a los últimos incendios que se vienen sucediendo en la provincia de Córdoba poniendo el énfasis en cómo se incumple con la ley que debería proteger los bosques y en el desfinanciamiento en la Secretaría de Ambiente. En la entrevista con el programa radial Tengo Una Idea, demás, analizó las causas de los incendios con una mirada profundamente política.
Entrevista: Graciela Carballo/Nicolás Rosales. Redacción: Nicolás Rosales. Edición: Diego Adur/Fernando Tebele.
—Hay una política que es la falta de política respecto al manejo del fuego, la falta de presupuesto. ¿Qué pasa para que esto suceda en Córdoba?
—Aquí en Córdoba se ha conformado una asamblea muy importante que es la Coordinadora Provincial en Defensa de los Bosques Nativos. Surgió en 2016, a raíz precisamente de distintas vicisitudes que nosotros venimos advirtiendo hace más de veinte años en nuestra provincia de Córdoba y que alternativamente viene siendo gobernada por dos personas: en su momento por el gobernador José Manuel de la Sota; y ahora por el actual gobernador, Juan Schiaretti. Desde ese lugar y del sector que integramos más de cuarenta asambleas socioambientales divididas en distintas regiones, venimos denunciando una política pública impulsada desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba, que en su afán de seguir promoviendo y seguir profundizando el modelo de progreso y de crecimiento y desarrollo económico, se viene llevando puesto nuestro último reducto que nos queda en Córdoba de apenas un un 3%, unas dos millones de hectáreas de bosque nativo y en muy buen valor de conservación. El Gobierno viene dándole, por un lado al modelo del agronegocio, permitiendo o promoviendo y facilitando las condiciones para que el agronegocio avance con su frontera a costa de nuestros montes; y más moderadamente llevando adelante un feroz plan de desarrollo inmobiliario que consiste precisamente en llevar la propuesta a desarrollistas a lugares donde donde entran a competir estos proyectos con nuestro bosque nativo. La zona de los perilagos, de humedales, ríos y ahora, más recientemente, con el claro propósito de avanzar en la ganadería intensiva en todo lo que es el arco noroeste. Es allí donde nos queda nuestro último relato de bosque nativo de Zona Roja categoría 1, de mayor valor de conservación. Es ahí donde se han incendiado estas últimas 60 hectáreas. Por eso es que desde las asambleas ambientales cordobesas hay un lema que de alguna forma nos identifica, que es sostener y denunciar que, en Córdoba, todo fuego es político. El fuego se ha transformado en una herramienta que tiene por finalidad hacer desaparecer nuestro bosque nativo.
—Han sacado 390 vigías, cuando se sabe que en las zonas donde hay peligro de fuego lo importante es no liberar esas zonas, y por otro lado tener gente que vigile esos lugares. Sabemos que el 90% de los incendios son intencionales y que el financiamiento es directamente responsabilidad política. ¿Qué opinás?
—Por eso nosotros decimos que el uso del fuego es una herramienta política, porque acompaña decisiones políticas de este Gobierno y que se traducen en distintos campos en materia de protección de los bosques nativos. Hay una Ley Nacional, la 2631 , que obliga a cada una de las provincias a ordenar territorialmente los bosques nativos existentes según distintas categorías: roja, amarilla, verde, y con mayor o menor grado de protección, según las funciones y los servicios ecosistémicos que nuestros bosques brindan como sumideros de dióxido de carbono, regulación de clima y todo lo demás. Esa ley de presupuestos mínimos impone a todas las provincias cada cinco años, actualizar esos ordenamientos de territorios y está muy bien que así sea. Tiene un claro objetivo y finalidad, que sería rediscutir cada cinco años cuál es la realidad de nuestros bosques. Podemos apreciar que es muy dinámica, cambiante. A lo largo de todo su desarrollo distintas intervenciones antrópicas hacen que los bosques estén mutando permanentemente. Hay que volver a discutir el objeto para ver si las normas existentes protegen o no realmente a nuestro bosque y si es necesario establecer nuevas mejoras, mayores restricciones. Córdoba no cumplió con esta obligación de actualizar en el 2015 y tampoco en el 2020. Ya han pasado diez años y al día de hoy no sabemos los cordobeses cuál es la situación real de nuestro bosque, cuánto nos queda de protegido en zona roja, o de superficie de bosque en zona amarilla. Esto permite que en medio de este caos y falta de certeza en los distintos proyectos desarrollistas, inmobiliarios y demás, hagan de las suyas con nuestra agua. No solamente no cumple con la ley, no controla, no fiscaliza, no revisa, sino que también desfinancia. El único sistema que funcionó correctamente es el sistema de prevención. Córdoba tenía un sistema de financiamiento propio, el Plan Provincial de Manejo del Fuego. Cada vez que se pagaba una boleta de luz, la boleta de energía, que es un servicio provincial de una empresa provincial, se pagaba una alícuota y esa cuenta estaba destinada al financiamiento del Plan Provincial. Esto tenía dos objetivos: proveer precisamente de materiales y recursos necesarios para afrontar la lucha contra el fuego y también la compra de equipamiento para la atención y también financiar eso de los vigías y el personal de vigía. Estos bomberos estaban en una posta, en una torre de altura, en lugares estratégicos. La misión de ellos era visibilizar el comienzo de los incendios y apenas se daban cuenta denunciaban al cuartel de bomberos más próximo y automáticamente se prevenía y actuaba sobre el fuego. Así se evitaba la pérdida masiva de esta superficie. Ese sistema fue absolutamente desmantelado. No existe sistema de control de vigía, de manera que hoy, cuando comienza un fuego y hasta tanto los bomberos llegan al lugar, nos encontramos con algo como lo que ha ocurrido el año pasado. Hemos perdido más de 400 mil hectáreas de bosque. Entonces, el desfinanciamiento, la falta de actualización, de control, o de promover el modelo del agronegocio como fuente generadora de divisas para la provincia, son políticas públicas del Gobierno provincial que tiene como objetivo aniquilar en los escasos bosques nativos que quedan.
—¿Y el Ministerio de Ambiente donde está?
—Es la pregunta que nos hacemos todos. Acá en Córdoba es una secretaría, tiene rango desde más abajo, depende de otros ministerios. La Secretaría de Ambiente ha cumplido un rol de escribanía. Lejos está de cumplir con su obligación principal que es aplicar las leyes ambientales vigentes tanto en el orden nacional como provincial. Muy por el contrario, lo que hace la Secretaría de Ambiente simplemente es acomodar los procedimientos administrativos de autorizaciones ambientales que acompañan los designios de la política pública que define el Gobierno de Córdoba. El último caso es el proyecto de autovía que es parte del proyecto IRSA establecido para Latinoamérica. Una obra de infraestructura que tiene por objeto la salida de las materias primas con destino a la exportación. Integra lo que es la red oceánica conjuntamente con Chile. Avanzaron a pesar de la resistencia que hubo y del pronunciamiento rotundo durante las últimas ocho audiencias en la que participaron más de 800 vecinos, técnicos e investigadores científicos, oponiéndose a ese proyecto que significa atravesar cerros en los cuales está emplazado parte de nuestro bosque nativo. Más del 70% del trayecto de esta obra se lleva puesto el bosque nativo categoría 1. La Secretaría de Ambiente llevó adelante el procedimiento y terminó otorgando al Gobierno de Córdoba la autorización ambiental y la licencia para que esta obra comience lo antes posible. Ahora está en la etapa de licitación, convocando a las empresas privadas para que se presenten para comenzar con esta obra. Los bosques nativos categoría roja, dice que deben ser mantenidos a perpetuidad y que no pueden transformarse. La única actividad que se puede llevar a cabo en esta zona es la científica, y constituirse en hábitats de pueblos originarios. Ha pasado con la empresa Porta y con el caso del proyecto de instalación de la planta de Monsanto. En ambos lugares, los funcionarios administrativos y municipales intervinieron violando sistemáticamente la Ley General del Ambiente y la Constitución Nacional. Han permitido y autorizado estas actividades que definitivamente terminaron siendo sofocadas por la lucha popular y social. Con un fallo posterior de la Justicia que terminaron revocando autorizaciones por ser manifiestamente ilegales. Pero en el mientras tanto, las autorizaciones se van otorgando como si fueran caramelos.
—Por último, sobre tanta cantidad de hectáreas quemadas hay veinticinco casas, 44 imputados y un condenado, nada más. Y el 90% de los incendios son intencionales. ¿Qué reflexión te merecen estas cifras?
—Esos datos salen de un propio informe elaborado por el Poder Judicial en medio de un contexto en que todas las instituciones cordobesas estaban siendo puestas en tela de juicio por la gran responsabilidad que por acción o por omisión nosotros venimos denunciando en relación a la temática vinculada a los incendios. El incendio, cuando adquiere grandes dimensiones o magnitud, pone en riesgo bienes comunes. Está tipificado por el Código Penal como un delito y tiene una pena de 3 a 10 años de prisión y por lo tanto es un delito. Esto hace que los fiscales deban intervenir, frente a estos hechos, de oficio. Como ocurre con cualquier otro delito tipificado por el Código Penal, entiéndase un homicidio, un robo, una violación. Vemos que en el caso de los incendios no ha ocurrido. Cada diez mil delitos que se investigan en Córdoba, uno solo corresponde a un delito de incendio. Un relevamiento que depende de la Universidad Nacional de Córdoba ha relevado que en los últimos diez años han existido más de cinco mil ochocientos casos de incendios. Que se hayan investigado apenas unos doscientos y condenado a una sola persona, habla a las claras de cómo el Poder Judicial tampoco se coloca a la altura de las circunstancias, al menos en cuanto a su participación e intervención en que le compete en cuanto a la investigación de todos estos hechos. Así que, sinceramente, a mí me sorprendió que el Poder Judicial, a través del Tribunal Superior de Justicia, diera a conocer ese lastimoso dato estadístico. Porque habla de lo ineficaz y de lo permisiva que ha sido la Justicia. Como funcionario judicial, me hubiese avergonzado dar como respuesta esos datos.
Fuente: http://www.laretaguardia.com.ar/2021/11/en-cordoba-todo-fuego-es-politico.html