“Chalecos químicos” o sobre medicación, reclusión extrema sin ninguna asistencia, nula atención psicológica incluso frente a intentos de suicidios, ninguna actividad educativa o recreativa, golpes, palazos, secuestros, violencia y condiciones inhumanas de detención, que incluían la ausencia de dispositivos para enfrentar siniestros o plan de contingencia, eran la modalidad de abordaje aplicada a las personas que se alojaban en la comunidad terapéutica San Fernando y San José, ambas sin habilitación ni control estatal alguno. Así aplicaban torturas sobre estos jóvenes que eran secuestrados de sus casas o en las calles, en muchos casos alojados contra su voluntad y en otros por orden de jueces penales y de familia que nunca visitaron el lugar ni lo conocían. Estas situaciones fueron relevadas a partir de la tarea conjunta del Consejo municipal contra la violencia estatal de Ramallo y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de prevención de la Tortura de Buenos Aires, que inspeccionaron la comunidad terapéutica San José, lugar donde habían llevado a los sobrevivientes de San Fernando.
Tras el incendio y muerte de cuatro jóvenes, el Consejo municipal contra la violencia estatal de Ramallo y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se constituyeron en el lugar e inspeccionaron la comunidad terapéutica San José, que funciona en el mismo predio y bajo la misma sociedad que la casa San Fernando. Durante la entrevista, sólo quedaban en el lugar 10 personas, dos de ellos sobrevivientes del incendio ocurrido el martes pasado. Horas después los restantes jóvenes fueron derivados a otros centros o a sus hogares.
Los sobrevivientes coincidieron en señalar que “estábamos todo el día empastados”, es decir sobremedicados y sin ninguna asistencia psicológica; sobre una las víctimas incluso señalaron que “estaba dopado en la cama cuando comenzó el incendio”. El coctel farmacológico, que los operadores aplicaban de manera indiscriminada a toda la población y de forma sistemática tres veces al día, le impidió siquiera cualquier intento de resguardarse.
Al momento del incendio, en la casa “San Fernando” se encontraban recluidos alrededor de 26 usuarios custodiados por un operador sin formación profesional alguna o título habilitante. Si bien, alguno de ellos había aceptado la “internación”, todos se encontraban privados de su libertad en contra de su voluntad. Algunos bajo la tutela de Juzgados de Familia, otros bajo la tutela de juzgados del fuero penal y otros sin ningún tipo de tutela judicial a pesar de haber manifestado su voluntad de irse. La comunidad no cuenta con habilitación y tampoco se encontraron registros de visitas de los juzgados de origen de los privados de libertad. Los jueces nunca visitaron el lugar ni se preocuparon por obtener informes multidisciplinarios conforme lo requiere la ley nacional de salud mental.
Asimismo, muchos usuarios ni siquiera contaban con dictamen interdisciplinario que determinara la necesidad de internación ni indicación de tratamiento. En esa situación de total abandono se produjeron las muertes de cuatro jóvenes.
Una de las víctimas, con consumo problemático, había tenido pocos días atrás una recaída en su cuadro; en lugar de implementar medidas de reducción de riesgo y daño, la respuesta institucional fue el castigo, la humillación pública y la amenaza de prohibirle las salidas para visitar a su familia. Eso acentuó su estado de angustia y depresión, y llegó a manifestar la intención de suicidarse en presencia de operadores del dispositivo. Desde el momento de su recaída hasta el día del incendio, no fue atendido o visto por la psicóloga ni por el psiquiatra de la institución.
Otra de las víctimas llevaba menos de cuatro días alojado en la comunidad terapéutica. Un operador y tres usuarios, a quienes premiaban por su conducta otorgándoles el rol de operador en determinadas situaciones, lo fueron a buscar a su domicilio, se resistió y fue brutalmente golpeado. Luego el operador le inyectó dos potentes psicofármacos y otros psicofármacos comprimidos. Ingresó atado de manos por la espalda con una soga y con lesiones en la cara y la cabeza. Por los efectos del cóctel químico, recién se pudo levantar de la cama casi 24 horas después.
Desde su secuestro hasta su muerte, pasó casi todo el tiempo recostado en la cama y no fue evaluado por profesionales de la salud. Su situación no contaba con dictamen profesional de riesgo cierto e inminente que legalizara su internación.
Este contexto de abandono absoluto abarcaba a todos los usuarios de la casa; no eran excepciones, era una forma de control del lugar mediante la aplicación de la tortura a través de la sobremedicación, el castigo y la humillación. “Te cagaban a palos, te pinchaban el culo, te metían pastillas y a dormir”, resumieron los sobrevivientes en las entrevistas realizadas por el Consejo y la CPM. También coincidieron en señalar que, luego de la aplicación de ese coctel de psicofármacos, era frecuente que los reclusos se levantaran orinados, lo que desataba burlas, insultos y otras humillaciones por parte de los operadores.
A la privación de la libertad contra su voluntad, la sobremedicación y las torturas, se sumaban la nula presencia de profesionales y la falta de tratamiento integral de la salud mental.
Como denunció la CPM en el habeas colectivo presentado tras el incendio y la muerte de los cuatro jóvenes, la casa no tenía ningún matafuego, ni colchones ignífugos ni plan de evacuación o contingencia.
Martin, uno de los sobrevivientes, junto con otros usuarios y operadores intentaron a evacuar a los usuarios como pudieron. Fue incluso el mismo Martín quien tomó un hacha para romper la reja de una de las habitaciones y rescatar a la última persona, luego fue imposible volver a ingresar por el fuego y humo tóxico.
Lo observado durante la inspección realizada por la CPM y el Consejo, y el relato relevado de los sobrevivientes describe el extremo régimen de vida en que se encontraban las víctimas del incendio, víctimas de un estado de abandono que desencadenó sus muertes. Las comunidades nunca fueron habilitadas ni controladas por el Estado municipal ni el Estado provincial, situación que viene sosteniéndose desde hace años, sin que se dispongan auditorias o dispositivos de control para impedir la continuidad de estos lugares.
Al momento de la inspección, también se encontraba en la comunidad San José la subsecretaria de salud mental bonaerense junto a su equipo de trabajo, derivando a las personas alojadas allí a otras comunidades o lugares de alojamiento.