El próximo 5 de julio, el titular de la UFIJ N° 12 de La Plata Fernando Padovan le tomará declaración indagatoria a Silvia Etcheverry, ex directora médica de la clínica psiquiátrica, Instituto Privado de Neuromedicina de La Plata, por la muerte de cuatro usuarios y poner en riesgo la vida de otras 38 personas durante un incendio ocurrido en la madrugada del 25 de noviembre de 2017. Según el fiscal, Etcheverry podía prever una situación de riesgo semejante y no adoptó ninguna medida para preservar la integridad de las personas bajo su cuidado. El establecimiento estaba sobreocupado, no contaba con sistema fijo contra incendio, el mobiliario de las habitaciones era inflamable y los colchones no eran ignífugos. El fiscal Fernando Padovan también remitió copia de las actuaciones a la Fiscalía General de La Plata para que se investigue la falta de control por parte del Ministerio de Salud, la última inspección a la clínica había sido en 2010.
Alrededor de las 2 de la madrugada del 25 de noviembre de 2017, comenzó un incendio en una de las habitaciones del Instituto Privado de Neuromedicina, ubicado en calle 2 y 51 de La Plata. El fuego se propagó rápidamente, los colchones no tenían tratamiento ignífugo y el resto del mobiliario, camas y placares, eran de madera. La clínica no tenía sistema contra incendio y los pasillos de circulación eran estrechos dificultando la evacuación de los y las usuarias.
Fernando Lazaroff murió en el lugar; otras siete personas fueron trasladas a distintos centros de salud de La Plata, en donde fallecieron Raúl Nieri, Daniel Velado y Daniel Guisso. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) intervino desde el primer momento y denunció que las condiciones edilicias y la falta de un plan contra incendio derivó en el desenlace fatal. Actualmente, patrocina a la familia de Guisso.
Luego de meses de dilaciones y desidia cuando la causa estuvo bajo la órbita del fiscal Carlos Vercellone, el expediente por estas muertes pasó a la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 12 de delitos culposos, a cargo del fiscal Fernando Padovan.
Este lunes 6 de junio, el fiscal Padovan llamó a declaración indagatoria a la ex directora médica del Instituto Privado de Neuromedicina Silvia Etcheverry, imputada por el delito de estrago culposo seguido de muerte. La audiencia oral fue fijada para el próximo 5 de julio.
Según el fiscal, en calidad de directora médica del establecimiento, Etcheverry debía prever que una situación así ocurriera poniendo en riesgo la vida de las y los usuarios bajo su cuidado. Aún así, “omitió adoptar elementales pautas de seguridad, cuidado y prevención, y dicha omisión generó una puesta en peligro concreta”.
El escrito describe una serie de condiciones edilicias y de internación que Etcheverry no podía desconocer: sobreocupación, ausencia de sistema fijo contra incendio, colchones no ignífugos y mobiliario inflamable, la salida de emergencia no contaba con los dispositivos necesarios para una evacuación, sumado a que los pasillos de circulación eran estrechos generando “embudo” durante las tareas de evacuación.
“[…] existe una «relación de determinación» entre el hecho descripto y el resultado del incendio o puesta en peligro concreta, sobre todo cuando aquella presunción de riesgo era totalmente previsible y estaba dentro de sus posibilidades haber implementado acciones mínimas a su cargo dispuestas por los reglamentos, asumiendo que un obrar positivo hubiera evitado, con una probabilidad rayana con la certeza, el resultado lesivo”, concluye el fiscal Padovan sobre la responsabilidad de la ex directora médica del establecimiento.
En la misma resolución que llama a declaración indagatoria de Etcheverry, el titular de la UFIJ N° 12 envió copia del expediente a la Fiscalía General de La Plata para que la fiscalía de turno el día del incendio investigue si hubo un delito de acción pública por la falta de control sobre el funcionamiento del Instituto Privado de Neuromedicina.
De acuerdo a la investigación judicial, la última inspección administrativa al establecimiento de salud había sido realizada el 12 de octubre de 2010. A pesar que la Ley Provincial 14.580 autoriza al Ministerio de Salud bonaerense a realizar monitoreos periódicos sobre los efectores de salud mental, durante más de siete años nadie inspeccionó el Instituto.
En calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM destacó el avance en la investigación y valoró especialmente este último punto de la resolución que sienta un antecedente importante a la hora de investigar las responsabilidades funcionales y las conductas omisivas de las áreas del Estado que están facultadas y obligadas por ley a actuar como controladores de los lugares de encierro y dispositivos de salud mental.