En América Latina, cerca de 370 defensores ambientales fueron asesinados entre 2015 y 2017, lo que representa 60 por ciento de los homicidios en todo el mundo, afirmó la doctora Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
En tanto, “desde 1994 se han registrado más de 500 ataques contra defensoras de la tierra u opositoras a proyectos extractivos en la región, lo que confirma que la violencia de género es una de las características de dichos programas que no reparan en agredir a mujeres como una forma de vulnerar el tejido social y la resistencia de las comunidades”, advirtió.
Los asesinatos y la violencia en la zona tienen una relación directa con el incremento de proyectos y megaproyectos extractivos asentados en el país, precisó la especialista.
“La región padece de una creciente militarización y criminalización de la protesta social como formas de reprimir los movimientos sociales que se oponen al extractivismo depredador”, enfatizó.
Al participar en el Seminario Procesos de Despojo y Megaproyectos en Tiempos de la 4T, que en su cuarta sesión abordó el tema Extractivismo: amenaza para la vida, sostuvo que, en México, se han documentado 800 conflictos socioambientales, la mayor parte en áreas rurales por causa de una debilidad institucional y por carencias de organismos del Estado que se enfoquen en la protección social o regulación de dichos proyectos.
En Centroamérica, 40 por ciento de los apuros se vinculan con la minería, el petróleo y el uso de químicos, mientras en América del Sur se reportan mil 100 problemas socioambientales y lamentablemente en casi todos los casos se usa a las fuerzas castrenses para la anulación o contención de los protestantes, apuntó.
En el caso de México, más de 40 comunidades indígenas enfrentan conflictos socioambientales con empresas mineras por el traslape de sus territorios con las concesiones otorgadas por el Estado, en esos lugares se viola el derecho a la autodeterminación y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denunció.
La presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica indicó que América Latina ha despertado el interés económico de todo el mundo por sus riquezas naturales y el potencial extractivo, “así como por nuestra histórica flexibilidad legislativa para atraer inversiones, pero también a dependencias estructurales que han debilitado a las naciones para imponer modelos reprimarizadores”.
En la actualidad esos proyectos se han intensificado aún más por el crecimiento de la esfera especulativa sobre el agua, el petróleo y el gas, nutrida por una mayor internacionalización de las cadenas productivas.
A pesar de las promesas políticas de los nuevos gobiernos para generar crecimiento y desarrollo, la evidencia demuestra que no han favorecido a la población que vive en las zonas afectadas.
“Por la situación mundial podemos ver el renovado interés de Estados Unidos con todo lo que pasa en Latinoamérica, pero también China y Rusia se hacen presentes, las tres naciones han puesto atención en los sucesos políticos, económicos y sobre todo los recursos naturales de la región”.
En el escenario actual, la guerra Rusia-Ucrania y la pandemia que no acaba representan amenazas frente a la debilitada condición económica y productiva y está latente el riesgo de que el área vuelva a un escenario similar al de la década de 1990 en calidad de vida y de crisis económica, social y ambiental.
“El reto de nuestros países es plantear un esquema que supere esa dependencia externa y que se centre en el fortalecimiento de los mercados, de la industria local, aprovechar las capacidades de cada nación e impulsar proyectos independientes y en conjunto como región para superar adversidades que pudieran venir”.
La explotación de los bienes naturales se ha disparado, entre 1970 y 2017 la tasa se ha triplicado y la demanda por materiales industriales ha visto incrementarse en forma exponencial, apuntó la docente del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco.
Las regiones de Norteamérica y Europa tienen el mayor impacto socioambiental por la extracción de recursos y por el consumo, debido al modelo de vida basado en el gasto y en la generación de desechos, además de que la huella ecológica está subestimada.
En América Latina se encuentra la mayor biodiversidad del mundo pues tiene 25 por ciento de las fuentes acuíferas disponibles, 20 por ciento de la superficie forestal y el potencial minero es quizá el más alto del mundo, ya que sólo ha sido explorado el 30 por ciento, si bien contribuye con más del 30 por ciento de la extracción mundial.
“Muchas empresas usan formas violentes para apropiarse del territorio con el apoyo de las autoridades de cada país. El extractivismo provoca que la economía regional dependa de ingresos y demandas externas, debilitando los mercados locales y creando sectores ajenos a las necesidades internas, además de consumir grandes cantidades de agua, madera y electricidad”, detalló la experta.
Con un modelo extractivista agotado, “debemos pensar en un esquema alternativo y nuestra tarea es evitar el enfoque economicista de los proyectos sensibles con la naturaleza; establecer planes de gestión hídrica sensatos que eviten el uso desmedido del agua; revisar la supuesta transición energética sustentable y abandonar programas que intensifiquen el uso de combustibles fósiles, y orientar el desarrollo de ecotecnologías para disminuir los niveles de pobreza de la población”, concluyó.