En diciembre de 2021, el pueblo de Chubut se movilizó masivamente en rechazo de la Ley de zonificación que permitía la megaminería en la provincia; durante la manifestación, las fuerzas de seguridad desataron una feroz represión. En el marco de la investigación por estos hechos de violencia estatal, el integrante de la Defensa Pública Omar López fue víctima de actos de hostigamiento y persecución desde que impulsó el desarchivo de estas causas. A partir del contacto y trabajo conjunto con la Comisión contra la impunidad de Chubut, La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se presentó como amicus curiae para acompañar la defensa de Omar López.
El Ministerio Público Fiscal de Chubut impulsó en marzo de este año una causa penal por desobediencia contra el integrante de la Defensa Pública Omar López. De acuerdo a la denuncia, el funcionario está imputado por negarse a entregar su DNI en un control de Gendarmería.
El pasado 16 de agosto la jueza Yamila Flores desestimó la imputación y dictó el sobreseimiento de López. En su resolución, la jueza sostuvo que, si bien es cierto que se negó a exhibir el DNI, el oficial de Gendarmería le permitió a López abandonar el control, por lo tanto la acción de desobediencia nunca pudo ser consumada. Y explica: si el oficial hubiera considerado que la negativa a exhibir el DNI configuraba una desobediencia a la orden directa impartida en ejercicio de sus funciones, en ese mismo ejercicio estaba facultado para demorarlo y no lo hizo, lo dejó continuar con su libre circulación.
La Jueza destacó asimismo que exigir la exhibición del DNI “fue un exceso ya que de ninguna forma las circunstancias justificaban conocer sus antecedentes”.
Sin embargo, recientemente, con una clara animosidad en contra del Defensor, el Ministerio Público Fiscal solicitó la impugnación del fallo. Esa medida coincidió con la decisión de López y su equipo de solicitar el desarchivo de las causas de violencia institucional por la represión durante el “Chubutazo”.
En ese marco, en la presentación del amicus curiae, la CPM entiende que “la persecución penal en su contra, no busca más que desactivar la estrategia del área de la Defensa Pública, y se convierte en un claro mensaje para aquellos propulsores de la lucha contra la violencia institucional”.
En diciembre del 2021, mientras se discutía en la Legislatura, una masiva movilización popular rechazaba la Ley de zonificación que permitía la megaminería en Chubut. El gobierno respondió a la manifestación con una violenta represión que dejó centenares de personas heridas y detenidas. Las fuerzas actuaron durante todas las jornadas con un accionar sistemático en forma de “cacería”, circulando en derredor de toda la ciudad de Rawson durante horas y horas en camionetas y motos disparando a centímetros de distancia.
El Ministerio Público Fiscal, lejos de impulsar las causas contra los responsables de la represión, decidió archivar compulsivamente estas causas penales. Y paralelamente judicializó a numerosos vecinos y vecinas por disturbios y daños en el marco de las manifestaciones. Es en ese mismo contexto, donde acontece la denuncia contra el defensor Omar López.
Al mismo tiempo que el Ministerio Público Fiscal decidía archivar estas causas, el Gobierno de Chubut condecoró a dos de los mayores responsables de la represión: el Comisario Inspector Martín Pedraza (Jefe del Área de Grupos Especiales de la Policía) y al comisario Javier Lefipán (Jefe de Infantería de Rawson).
En el amicus curiae presentado, además de solicitar que se confirme el sobreseimiento definitivo de López en la causa por desobediencia, la CPM también apoya el pedido de desarchivo de las numerosas causas donde se investiga la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en las represiones de diciembre pasado.