A principios de octubre tuvo lugar durante la inauguración oficial de la Fiesta de la Flor Escobar 2022 una manifestación de vecinas y vecinos que se oponen a la instalación de una alcaldía, donde se alojarán personas que estén en proceso judicial a la espera de una sentencia. Dicho edificio, que ya están construyendo en inmediaciones del cementerio de la ciudad de Belén de Escobar, albergará detenidos del distrito, pero no tiene el consenso de la comunidad y ante el rechazo lograron un amparo judicial.
El recorrido que vecinas y vecinos del barrio Donatelli vienen realizando desde hace más de uno año ha tenido recientemente una nueva acción contra la decisión arbitraria del municipio de que allí se instale una alcaldía. Afirman que no fueron consultados al respecto, y que además de alterar la fisonomía del lugar, les genera preocupación tener una cárcel donde actualmente les habitantes no tienen garantizados los servicios básicos en el partido de Escobar, provincia de Buenos Aires.
El pasado viernes 30 de septiembre dio comienzo la 59º edición de la Fiesta de la Flor y el evento finalizó el lunes feriado 10 de octubre, en el predio ubicado en Mateo Gelves 1051, con la participación de diferentes artistas y bandas musicales durante esos días. En el mismo comienzo, ese viernes por la noche, las vecinas y vecinos se acercaron con pancartas a manifestar su disconformidad con el proyecto en marcha. “Cuando fuimos a la Fiesta de la Flor hubo mucha gente que estuvo con nosotros y nos apoyó, pero también hubo gente del municipio que nos fue a intimidar”, afirma Estela, una vecina, y agrega, “estaba el secretario de Gobierno, Javier Rehl, junto con otras personas del municipio y nos dijeron si teníamos tantos días para ir a manifestarnos por qué fuimos justamente ese día a arruinarle el momento al intendente, porque él iba a la inauguración, así que yo le contesté que nosotros teníamos derecho de manifestarnos donde quisiéramos, mientras era todo pacífico y que si tanto les molestaba a ellos que se fueran, porque nosotros estábamos re cómodos ahí”.
El comienzo del conflicto se remonta a las postrimerías del 2020 y comienzos del 2021, cuando el Concejo Deliberante vota a favor de la iniciativa de instalar una cárcel en un terreno de una hectárea y media del barrio conocido como “Cementerio”, ya que ahí se ubica el cementerio municipal. A partir de allí, se avanzó con la apertura de la licitación para la construcción de la alcaldía desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en consonancia con el plan de infraestructura penitenciaria.
En paralelo a estas medidas gubernamentales, vecinas y vecinos se organizaron para pedir que no se instale el edificio de la alcaldía y llevaron a cabo varias marchas hasta el centro de Belén de Escobar, manifestaciones frente a la Municipalidad y el Concejo Deliberante, cortes de la Ruta 25 y Panamericana, y pedidos de reuniones con el entonces intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk del Frente de Todos. En una ocasión, en una de las tantas manifestaciones en abril de este año, un enorme operativo policial con efectivos del Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (GEOP) frente al cementerio municipal quiso amedrentar a les vecines. Estela se encontraba en ese momento y afirmaba, “este es un barrio de gente trabajadora y poner una alcaldía ahí es perjudicial. Nos perjudica porque en el barrio no tenemos cloacas, no tenemos agua, siempre están cortando la luz. Supuestamente van a poner unos tanques, supuestamente van a ir al Rio Lujan. Si ahora no hay infraestructura para quienes vivimos acá, ¿cómo pretenden construir un lugar para mucha gente? enfrente del cementerio, donde tenemos nuestros difuntos, donde hay paradas de colectivos, florerías, todo van a sacar.”
Cuando Sujarchuk dejó el cargo de intendente en diciembre pasado para hacerse cargo del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, su lugar al frente del Municipio de Escobar lo tomó interinamente Carlos “Beto” Ramil, primer concejal de la lista del Frente de Todos en las elecciones de 2019. Es durante esta gestión que se adelantó con las obras en el predio, debido al resultado positivo que arrojó el estudio de impacto social y ambiental realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Con esta confirmación, Ramil desechó los argumentos de los vecinos del barrio Donatelli, que continuaron rechazando la decisión política de los gobiernos provincial y municipal, y exigen una relocalización para el establecimiento penitenciario.
“Tuvimos que hacer un amparo judicial, que nos salió bastante caro, pero nos organizamos para pagar a los abogados. A la alcaidía siguen construyéndola, hacen las paredes en el piso, las levanta una grúa y las encastran. Pueden seguir hasta el techo si quieren, hasta que el juez decida, y si dice que no va, no va. Se pueden usar esas instalaciones para un club o algo para el barrio”, finaliza Estela. La organización de vecinas y vecinos prosigue, en busca de una real solución a la problemática barrial de carencias de servicios básicos.
