El pasado lunes 15 de enero, en la esquina de la Escuela Primaria 105 de González Catán, un hombre se bajó de su auto y disparó al menos siete veces contra los jóvenes: Nahuel y Aaron eran primos, tenían 14 y 15 años respectivamente. A partir del testimonio de vecinos y vecinas del lugar, la familia de las víctimas cree que el asesino es un funcionario policial que presta servicio en la comisaría de Villa Dorrego. La Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, pidió copia de la causa y solicitó que preventivamente se aparte a la policía bonaerense de la investigación.
Este lunes, familiares, amigos y amigas de Nahuel y Aaron se movilizaron hasta la sede la fiscalía para pedir justicia por los jóvenes y celeridad en la investigación. Como denunciaron desde el primer momento, la familia reclama que se investigue el hecho como un nuevo caso de uso letal de la fuerza. La instrucción está a cargo del fiscal Emilio Spatafora, titular de la UFIJ N° 2 del fuero de responsabilidad penal juvenil de La Matanza. Hasta el momento, el agresor no fue identificado.
Nahuel y Aaron fueron acribillados el pasado 15 de enero en la esquina de la Escuela Primaria 105 de González Catán. Un hombre, que circulaba en auto, se bajó del vehículo y disparó, al menos, siete veces contra ellos.
Vecinos y vecinas, que fueron testigos del hecho, creen que el asesino podría ser un policía por la manera de disparar y porque, poco después, volvió al lugar junto con los efectivos policiales y peritos que estuvieron a cargo de la recolección de evidencias. A partir de esos testimonios, la familia de los jóvenes sospecha que el asesino es un policía que podría prestar servicio en la comisaría de Villa Dorrego.
Antes de pasar al fuero de responsabilidad penal juvenil, las primeras diligencias estuvieron a cargo de la Fiscalía de homicidios dolosos y la familia denunció la inacción de la fiscalía en los momentos posteriores.
Al tomar conocimiento del hecho, y en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se puso en contacto con la familia de las víctimas y le pidió al fiscal Spatafora copia de la causa.
En esa presentación judicial, la CPM solicitó que, en virtud de la posible participación de un efectivo policial, se aplique la resolución 1390 y la Policía de la Provincia de Buenos Aires sea apartada de la investigación. Además, pidió que se informe si la investigación de la escena del crimen y la autopsia se realizaron siguiendo los lineamientos del protocolo de Minnesota, que debe aplicarse en casos de muertes por uso letal de la fuerza.