La presidenta peruana Dina Boluarte cumplió siete meses en el cargo con una masiva desaprobación a su gestión, cuando se alistan nuevas protestas en su contra, en medio de protestas, denuncias por genocidio, crisis por dengue y la amenaza de El Niño Costero.
Por Mariana Álvarez Orellana.
El sondeo de la empresa Datum indica que el rechazo de la mandataria llegó a 77 por ciento, con una aprobación de 15 por ciento. La opinión negativa se eleva a 92 por ciento en el sur del país, principal escenario de las grandes protestas desatadas después que, el 7 de diciembre de 2022, se convirtió en la sucesora del encarcelado y destituido presidente Pedro Castillo.
La desaprobación a Boluarte alcanza 67 por ciento en Lima Metropolitana, bastión electoral de fuerzas derechistas cuyo apoyo es decisivo para que la mandataria se mantenga en el Palacio de Gobierno. El Parlamento de mayoría conservadora registra 86 por ciento de desaprobación y solo nueve por ciento de aprobación. casi la mitad de peruanos considera que las Fuerzas Armadas y la Policía cometieron ejecuciones extrajudiciales durante las protestas.
En la encuesta se preguntó cómo calificarían la capacidad de gobernar de la abogada apurimeña y apenas el 5% le dio su aprobación: el 37% considera que es pésima, el 29% regular, el 28% mala, el 4% buena, el 1% excelente y el 1% no sabe.
Lo cierto es que luego de un impactante estallido social, la gestión de Boluarte, apoyada por un Congreso de mayoría derechista y las Fuerzas Armadas, se ha visto implicada en una crisis generalizada que implica el sector social, político y hasta sanitario. Boluarte desalojó al presidente constitucional Pedro Castillo: era su vicepresidenta.
Las protestas se prolongaron hasta marzo pasado, con un elevado saldo de cerca de 70 muertes, en su gran mayoría civiles baleados durante manifestaciones, y organismos nacionales e internacionales y organizaciones sociales han denunciado graves violaciones de derechos humanos, cometidas por policías y militares.
De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante las movilizaciones sociales de diciembre y enero en contra del régimen Boluarte habrían ocurrido ejecuciones extrajudiciales y se produjo una masacre. La denuncia internacional también provino de organismos como Amnistía Internacional, entidad que afirmó que hubo una respuesta violenta de parte del Estado en contra de manifestantes campesinos y considerados pobres.
Estas acusaciones refieren que son los agentes del Estado —como efectivos policiales y militares— responsables de haber desarrollado un ataque indiscriminado en contra de ciudadanos de Ayacucho, Juliaca, Andahuaylas, Puno y otras regiones afectadas por estas protestas. Como era previsible, las investigaciones del Ministerio Público no arrojaron hasta ahora resultados y la gran mayoría de las regiones peruanas preparan una ola de protestas de nivel nacional de 10 días, desde el 19 de julio próximo.
Aunque Boluarte es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas según la Constitución, ha intentado deslindar de su responsabilidad, lo que no ha evitado que termine en una investigación fiscal por genocidio, homicidio culposo y lesiones graves por las más de 49 muertes ocurridas durante las marchas.
Como en las anteriores manifestaciones de rechazo al gobierno, las anunciadas demandan la renuncia de Boluarte, nuevas elecciones presidenciales y legislativas y una asamblea constituyente. El primer ministro Alberto Otárola, a quien una encuesta señaló como el gobernante tras bastidores, dijo que se trata de un movimiento de sectores radicales y que la Policía se encargará de controlar las protestas.
En un reciente discurso la presidenta Boluarte, ante los primeros anuncios de nuevas protestas, preguntó a los promotores “¿Cuántos muertos más quieren?”, lo cual dirigentes sociales y partidos opositores calificaron como una amenaza a la población. El vocero de la bancada del progresista Perú Libre, Flavio Cruz, criticó al Ejecutivo por no hacer planteamientos políticos ante la movilización y en vez de ello apelar a aprestos represivos.
Mientras, organizaciones y movimientos sociales de Perú -entre ellos la Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP) y de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc)- recalcaron la necesidad de recuperar la soberanía del pueblo y exigir la salida de Dina Boluarte, al anunciar la marcha del miércoles 19 de julio en Lima.
Asimismo, logró conformarse el Comando Nacional Unitario de Lucha, con 46 dirigentes que representan a todas las regiones del país con el objetivo de unificar la marcha nacional para que sea contundente.
A los pocos meses de haberse instaurado Boluarte en el poder, un fenómeno climático afectó fuertemente al norte del país. Unas constantes e intensas lluvias inundaron las calurosas ciudades de Piura, Tumbes y Chiclayo, generando daños en las viviendas, áreas públicas y zonas comerciales. Al menos 69 muertes se registraron durante estos acontecimientos.
Antes de la llegada del ciclón Yaku, Piura ya era una de las regiones con mayor número de casos de dengue. El empozamiento del agua que dejó las fuertes lluvias fue uno de los factores que originó la reproducción del zancudo en esta zona y, por ende, el incremento de los contagios.
Mariana Álvarez Orellana es antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Fuente: https://estrategia.la/2023/07/09/dina-boluarte-siete-meses-de-desaprobacion-pero-con-apoyo-militar/