El predio fue cedido al Club River Plate. Exigen que sea tratado como Sitio de Memoria, ya que según los testimonios el lugar fue utilizado para, mediante una combustión con neumáticos, incinerar y desaparecer los cuerpos de personas secuestradas y asesinadas. La nueva presentación de víctimas que no son querellantes. Una querella recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Redacción: Paulo Giacobbe / Fernando Tebele. Edición: Pedro Ramírez Otero.
Mientras caminaba hacia el juzgado, Mónica Dittmar, la esposa de Hernán Abriata, desaparecido en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) probablemente haya sentido, además de un frío insoportable, que llevaba en sus manos la última carta del mazo que podría evitar la entrega al Club River Plate del predio en el que se incineraban los cuerpos de personas asesinadas.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Ariel Lijo, autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a otorgar al “Club Atlético River Asociación Civil” un permiso de “uso precario y gratuito” del Campo de Deportes de la ESMA para que modifique el terreno y construya una serie de instalaciones deportivas. El juez pidió la supervisión del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y River está en condiciones de empezar las obras.
Pero un grupo de víctimas de la ESMA resiste el traspaso y el atropello al proceso de Memoria, Verdad y Justicia que todo el proyecto implica. Cerrada la chance de protestar para las querellas de la megacausa, asomó una nueva estrategia: ¿quién le pidió opinión a las víctimas que no son querellantes? Como la respuesta es nadie, una decena de ellas se presentaron esta mañana de la mano de Dittmar para pedir la nulidad de la resolución, que “se avance en las líneas de investigación y que se ordenen medidas”. También solicitaron que se convoque al genocida Adolfo Scilingo, quien dio información sobre la incineración de cuerpos en ese lugar: “Se agoten todas las líneas de investigación que restan realizar en relación a las pruebas existentes que sostienen la existencia de cremaciones de cuerpos de militantes políticos en el campo de deportes. En este sentido, solicitamos que se convoque/incorpore a declarar a Adolfo Francisco Scilingo (exmarino condenado en España, conforme las previsiones del instituto de jurisdicción universal y por ser responsable de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA), conforme las previsiones del art. 249 CPPN o en su defecto que se remitan todas las declaraciones prestadas que den cuenta de la cremación de cuerpos en el campo de deportes”.
Sin embargo la presentación no fue fácil de realizar. Desde el juzgado atendieron a Dittmar pero se negaron a recibirle el escrito con las firmas. La insistencia de la esposa de Abriata, como tantas otras víctimas con un máster en paciencia con la Justicia, derivó en un camino intermedio: le aceptaron la nota, pero cada una de las víctimas firmantes deberá enviar un correo electrónico ratificando que son parte del requerimiento de volver atrás la entrega del predio.
El escrito presentado también pide que se notifique a cada una de las “víctimas de la ESMA que carecen de representación legal (que estimamos alrededor de 800), de lo que se pretende hacer en este expediente, teniendo en cuenta que el criterio restrictivo usado en este proceso no hace más que avasallar nuestros derechos, violar las normas legales en materia de protección y acceso de las víctimas a la información así como también vulnerar las obligaciones que el Estado Argentino ha asumido a nivel nacional e internacional”.
El recurso de las víctimas que no son querellantes, quitó valor a la opinión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, porque no representa a las víctimas: “Tampoco puede ser alegada la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos y referir que eso cubrió la notificación aludida a la totalidad de las víctimas y familiares afectados porque conforme la resolución emitida el 23 de mayo de 2023 queda en evidencia que la convocatoria a la Secretaría de Derechos Humanos fue exclusivamente para que se expidiera respecto la viabilidad del proyecto y no para conocer cuál era la postura de las víctimas al respecto. De hecho, nada se dijo en los escritos presentados por esa dependencia estatal”, argumentan.
Pero la presentación de esta mañana no fue la única de las últimas semanas. Por un lado, la querella del grupo de abogados y abogadas KAOS, con Rodolfo Yanzón y Flavia Fernández Brozzi a las firmas, presentó un escrito ante el juez Lijo: “En dicho lugar fueron cremados los cuerpos de compañeros y compañeras que padecieron inhumano cautiverio” y le recuerdan “que en ese predio se habrían enterrado restos humanos”.
Señalan que debe formar parte del Sitio de Memoria ESMA y que debe ser utilizado como elemento probatorio. “El hecho de haber autorizado el uso de ese campo mientras miles de familias esperan la identificación de los restos de sus seres queridos, no colabora con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Como parte de la necesaria reparación a las víctimas, es obligación del Estado realizar todos los esfuerzos y acciones necesarias para hallar, identificar y restituir los restos de las personas desaparecidas”.
En el escrito explican el uso que tuvo el predio durante el genocidio. Algo que tanto el juez Lijo, como la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Club Atlético River Asociación Civil ya saben. La autorización “implica desconocer lisa y llanamente que ese terreno formó parte del sistema concentracionario que se instaló en nuestro país. Dicho de otro modo, no puede haber actividades recreativas en un lugar que fue utilizado y formó parte de un sistema con el que se llevaron a cabo los crímenes más atroces, porque en ese espacio ―que antes de ser parte de un campo de exterminio se utilizó para deportes― lo utilizaron quienes secuestraron, torturaron, custodiaron, decidieron el destino de las personas cautivas, mataron, abusaron, violaron y desaparecieron. Ese espacio fue necesario para el funcionamiento del mundo ESMA como lo fueron el pabellón de automotores o el edificio cuatro columnas”. Por eso también piden que el predio sea “integrado como parte constitutiva del espacio para la memoria”.
También señalan la “honda perplejidad” que provoca la cesión gratuita del predio a “favor de un club que invierte millones de dólares en la contratación de jugadores. El patrimonio del club es de unos 480 millones de dólares al 31/12/2022”. Quizá porque advierten que el juez Lijo no les dará lugar, desde KAOS aseguran que recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En diálogo con La Retaguardia, el “Sueco” Carlos Lorkipanidse, sobreviviente de la ESMA y parte querellante junto a Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh, advirtió: “No lo vamos a dejar pasar, no vamos a aceptar que esta situación prospere, porque no merece la memoria de nuestros compañeros ser maltratada de esta forma”, al tiempo que considero que la situación “auspicia el negacionismo”.
La comunicación oficial
El 30 de junio de este año en la página oficial del Estado argentino dicen que el permiso tiene como condición que el “Club deberá presentar el proyecto con toda la documentación técnica correspondiente, para su revisión y análisis no solo ante la AABE, sino también ante el Juzgado en forma previa al inicio de las obras”. Menudo chiste. No van a hacer todo a ojo y los mismos que lo entregan lo supervisan. “El proyecto está supeditado al cumplimiento de determinados requisitos”, afirman.
El EAAF deberá explorar el terreno “para establecer la posible existencia de enterramientos clandestinos o depósitos de restos óseos pertenecientes a detenidos-desaparecidos víctimas de la última dictadura cívico-militar” y de hallar “algún elemento de interés para la investigación, se deberá dar inmediato aviso al tribunal, extremo que conllevará a la inmediata suspensión de la obra, hasta tanto el tribunal disponga expresamente su reanudación”.
Eso ya ocurrió. Ya hay elementos de interés para la investigación: de acuerdo a los testimonios de sobrevivientes e incluso de represores, el lugar fue utilizado para la desaparición de cuerpos. Funcionó como suplencia de los vuelos de la muerte que partían de aeroparque. Fue parte del plan sistemático de exterminio. Si el EAAF encuentra restos óseos y se pueden identificar será muy importante, pero es posible que el EAAF no encuentre nada. ¿Y entonces? ¿Será como decir que en el lugar no pasó nada?
Supongamos que no se tratara del Campo de deportes de la ESMA, supongamos que se tratara de otro de los centros clandestinos de la Ciudad. ¿Sería razonable ceder su uso a una entidad privada, sea un club de fútbol o de otra cosa, para que modifique el lugar?
Se imagina alguien acaso al “El Olimpo” como playa de estacionamiento, o “Virrey Cevallos” como una moderna cervecería, o a “Automotores Orletti” como cancha de paddle. Solo por mencionar tres lugares recuperados como Sitio de Memoria que podrían haber sido utilizados de manera antojadiza para cualquier uso. Porque el campo de deportes de la ESMA fue parte del centro clandestino más grande de la Ciudad y no puede convertirse en un predio deportivo.